Ser inmigrante en el siglo XXI debería ser un proceso seguro, natural y coordinado. En la era donde las telecomunicaciones y el desarrollo industrial parecieran estar en su máximo pico, los valores humanos no le corresponden.

Rohingyas, Venezolanos, Centroamericanos, Sirios… personas con trasfondos culturales e históricos totalmente diferentes viven de manera simultánea una realidad dolorosa: la denigración de su estatus como ciudadanos del mundo.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), durante el año 2017 “el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones”, 85 más que en el año 2000. “Sin embargo,” continúa la oficina, “la proporción de migrantes internacionales entre la población mundial es sólo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980”.

La diferencia es que en el 2018, y gracias a gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos, la situación de millones de inmigrantes es cada vez más precaria, por lo que la campaña de este año se enfoca en dar visibilidad a la dignidad con la que las personas deben ser tratadas a la hora de abandonar sus países, sea por voluntad propia o por obligación.

El caso de la muerte de Jakelin Caal, una niña de 7 años que fue detenida intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, y la de Yazmin Juárez, de 19 meses de edad y que falleció en circunstancias similares, evidencian que, incluso en los países más desarrollados, emigrar con dignidad es cada vez más difícil.

La retórica de la Casa Blanca – que ha tildado a los inmigrantes de “violadores” y “traficantes”, y que ha hecho campaña a través de la descalificación de las personas de color – parece haberse contagiado a nivel Europeo.

Durante la semana pasada, una conferencia de las Naciones Unidas llevada a cabo en Marruecos concluyó en la firma de un pacto para la migración “segura, ordenada y regular” por parte de 150 países, pero que fue rechazada por gobiernos como el de Bélgica, Hungría, Austria, Bulgaria, la República Checa, Polonia, Eslovaquia, Suiza, Australia, Chile y República Dominicana.

El acuerdo es de naturaleza no vinculante, pero establece un “marco cooperativo” donde los miembros acuerdan “limitar la presión sobre los países con muchos migrantes y promover la autosuficiencia de los recién llegados”.

Estados Unidos, frente a la campaña anti-inmigrante de la Administración Trump, se retiró del proceso de redacción del acuerdo durante el mes de julio.

Actualmente, el gobierno estadounidense enfrenta un cierre gubernamental ante la intransigencia del presidente que exige la construcción de un muro en la frontera con México.

Bien sea en América, en Europa o en cualquier parte del mundo, ser inmigrante nunca había sido tan peligroso, y celebrarlo es cada vez más urgente.