(Con información de EFE)

El presidente Trump ha dejado claro lo difícil que le resulta tomar una decisión con respecto al futuro de los llamados “soñadores” (Dreamers, en inglés); miles de jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo niños, traídos por sus padres.

Desde que la administración previa aprobara el programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) en el 2012, más de 800.000 jóvenes se han beneficiado, transformándose en una fuerza laboral e integrando a una sociedad que les ha abrazado desde niños.

Si bien el presidente Trump ha asegurado que los Dreamers pueden estar tranquilos, una solicitud definitiva de diez estados le ha dado plazo al gobierno hasta el próximo 5 de septiembre para rescindir DACA, o de lo contrario amenazan con interponer una demanda en una corte de Brownsville (Texas) para acabar con el programa por la vía judicial.

Ante la posibilidad de que este sea el fin de un programa tan importante para la comunidad inmigrante, un grupo de 20 fiscales estatales ha enviado hoy una carta al presidente, para que “afirme su compromiso con los jóvenes indocumentados”.

“Señor presidente, ahora es el momento de reafirmar el comrpomiso que usted mismo hizo a esos ‘niños increíbles’ que se benefician del DACA y a sus familiares y comunidades, de manejar este asunto ‘con corazón’”, reza la carta.

La iniciativa fue encabezada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, y cuenta con la firma de otros 19 fiscales, incluyendo los de los estados de Nueva York, Illinois, Nuevo México, Connecticut, Hawái, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oregón, Washington y el Distrito de Columbia.

Estos fiscales han intentado explicar al presidente que los Soñadores, “se han convertido en nuestros nuevos soldados, en estudiantes graduados, en nuestras enfermeras o en personal de emergencias. Son nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo o los líderes de nuestras iglesias y comunidades”.

Es por ello que los firmantes han solicitado al presidente “capacitar” a los ciudadanos inmigrantes para que puedan alcanzar todo su potencial, en vez de “aterrorizarlos”, advirtiendo que el costo de no hacerlo sería “demasiado alto” para la economía del país.

Y es que acabar con DACA supondría una pérdida de más de 460.000 millones de dólares en diez años.

Así lo demostró un estudio del Center for American Progress publicado este viernes, a través de los datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que plantea que acabar con el alivio migratorio de los Dreamers, tendría como resultado deshacerse de 658.000 trabajadores del mercado laboral del país.

Esta disminución de fuerza laboral supondría una pérdida de 460.300 millones del PIB en los próximos diez años, según reportó EFE.

Asimismo, el estudio advirtió que los estados que demandan la eliminación del alivio migratorio (Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Luisiana, Nebraska, Tennessee, Texas, Carolina del Sur y Virginia Occidental) perderían más de 8.000 millones de dólares anuales del PIB estatal si DACA es fulminado.

La situación del presidente no es sencilla, pero la solución fue ofrecida el pasado jueves por los legisladores Lindsey Graham (Republicano por Carolina del Sur) y Richard Durbin (Demócrata por Illinois). Según reportó Univisión, ambos senadores presentaron el proyecto de ley Dream Act 2017, que “otorgaría un estatus de residente condicional a los dreamers, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional cancelaría las órdenes de deportación que pesan sobre ellos”.

Bajo esta ley, ciudadanos que hayan entrado sin documentos al país con menos de 17 años, pero tengan más de 4 años de residencia, un título de educación y ningún récord criminal, podrían beneficiarse de la regularización de su estatus.

Según Marc Short, el director de asuntos legislativos de la Casa Blanca, “La Administración Trump se ha opuesto al ‘Dream Act’ y es probable que sea coherente con eso”.

Quizás con el nuevo estudio económico del Center for American Progress, el presidente reconsidere la propuesta de Graham y Durbin.