Para el momento en el que esta nota fue escrita, el Washington Post reportaba que “más personas han muerto en Estados Unidos por Coronavirus que en los ataques del 11S”.

Entre respuestas tardías por parte del gobierno de Donald Trump para tomar medidas de contención y prevención, la propagación del Coronavirus en territorio nacional pone en riesgo millones de vidas, sin distinción de raza, género o estatus migratorio.

Pero cuando se trata de un centro de detenciones de inmigrantes en Estados Unidos, el riesgo es aún más inminente.

Durante años, organizaciones por los derechos de los inmigrantes, activistas y políticos por igual han advertido de las críticas condiciones sanitarias y humanas a las que son sometidas las personas detenidas por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) en el país.

¿Cómo se supone que deben estos centros enfrentar una pandemia que no se puede contener ni en las calles?

Con casi 181.000 casos confirmados y 3.580, Estados Unidos es hoy en día el epicentro de la crisis del Coronavirus en el mundo, y desde que ICE anunciara el primer caso confirmado de una persona en un centro de detención, los llamados a la liberación de los detenidos no han hecho sino escalar.

"Esto es lo que los expertos en salud pública nos han asegurado que sucedería: La gente en los centros de detención son blancos fáciles para la propagación de este virus", dijo Andrea Flores, subdirectora de políticas de la ACLU, en un comunicado. "Los mismos expertos también han predicho que una vez que los brotes en los centros de detención comiencen, se propagarán rápidamente."

En especial en una población de detenidos que suma 38.000 personas en más de 130 prisiones y centros de detención en todo el país.

Desde que se conociera el estallido de la epidemia en el país, tanto ACLU como otras organizaciones han enviado cartas e introducido demandas para exigir al gobierno y a las agencias federales “estrategias” para prevenir y mitigar la crisis dentro de sus instalaciones.

“Las personas detenidas son muy vulnerables a los brotes de enfermedades contagiosas,” escribieron. “Se alojan en lugares cerrados y a menudo tienen mala salud. Sin la participación activa de la administración del centro de detención, tienen poca capacidad para informarse sobre las medidas preventivas, o para tomar tales medidas si logran enterarse de ellas.”

Funcionarios de ICE respondieron a las inquietudes de las organizaciones asegurando que la agencia cuenta con el apoyo de los Cuerpos de Servicios de Salud y con instalaciones de aislamiento, según reportó el Washington Post, agregando asimismo que “han recibido instrucciones sobre el uso de equipo de protección.”

Sin embargo, con la rápida escalada de la crisis, los activistas y organizaciones han reforzado sus llamados, esta vez para la liberación de detenidos en riesgo.

A pesar de la negativa de un juez distrital en Washington, el juez James E. Boasberg decidió presionar a la agencia este lunes, y aunque no llegó a ordenar la liberación inmediata de unos 1.350 miembros de familias migrantes detenidos en tres centros en Pennsylvania y Texas, sí ordenó a las autoridades de inmigración “que informen sobre sus esfuerzos para liberar a las familias en custodia para la próxima semana”, reportó el Washington Post.

"Ordenaré que en una semana [el 6 de abril], el gobierno tiene que volver a mí y darme respuestas sobre la capacidad de estos centros, las cintas de video de las condiciones de vida y los pasos que se han dado hacia la liberación", dijo Boasberg después de una audiencia de 45 minutos.

"Las circunstancias están cambiando rápidamente, y si hay casos en estos centros o hay otros problemas que no son compatibles, volveré a revisar" la petición de liberación de emergencia de los solicitantes, añadió el juez.

De igual manera, el día sábado la jueza de distrito en Los Ángeles, Dolly M. Gee, emitió una orden de emergencia que obliga a las agencias federales que operan instalaciones de detención para niños migrantes que “reporten sus esfuerzos para liberar a los niños en custodia para el 6 de abril”, procediendo luego a ampliar la orden para cubrir a sus padres.

En Pennsylvania, el juez distrital John E. Jones III ordenó de igual manera a ICE la liberación de 13 inmigrantes en riesgo.

"Sería despiadado e inhumano no reconocer la difícil situación del demandante", escribió el juez en respuesta a la demanda introducida por ACLU. "Si no logramos [ordenar su liberación] ... seremos parte de un resultado desmesurado y posiblemente bárbaro".