El Otero County Processing Center (OCPC) ha sido el escenario de la desesperación para decenas de solicitantes de asilo que han recurrido a medidas drásticas para lidiar con las condiciones en las que están detenidos.

Según denunció la organización Freedom for Immigrants en un comunicado, esta semana dos solicitantes de asilo cubanos “se cortaron las muñecas y al menos otros 19 planean hacerlo en un acto de resistencia masiva”.

Al parecer, “las violaciones de condiciones y derechos en OCPC se han vuelto tan insostenibles que muchos ven este paso drástico como su única opción para lograr un cambio”, continúa el texto.

La desesperación es producto de las nuevas medidas del gobierno de Donald Trump por impedir el acceso a un debido proceso de solicitud de asilo y el confinamiento indefinido de cientos de inmigrantes en los centros de procesamiento.

Grupos de defensa de los derechos de inmigrantes como Advocate Visitors with Immigrants in Detention (AVID) han denunciado durante más de un año “la verdadera tragedia” que se vive dentro de estos centros.

Estrategias de represalia injustificada como el aislamiento y la falta de agua potable cuentan entre las múltiples violaciones a los derechos humanos registradas y denunciadas por este tipo de organizaciones.

"El Congreso debería investigar por qué continúan las detenciones prolongadas y las denegaciones arbitrarias de libertad condicional, a pesar de las decisiones federales que exigen que ICE libere a los solicitantes de asilo por razones humanitarias y otorgue audiencias de libertad condicional individualizadas", dijo Sarah Gardiner, Directora de Política de Freedom for Immigrants.

Los suicidios de estos refugiados son tan sólo el preámbulo de una crisis en desarrollo en centros como el OCPC, donde se espera una huelga de hambre masiva por parte de los detenidos.

“Quitarse la vida en protesta es un acto de resistencia que hemos visto en todo el mundo cuando se abusa de los derechos humanos con total impunidad y la gente no puede contar con el gobierno, la ley o la justicia en ningún estado,” dijo Sofía Casini, Coordinadora Regional del Sur de Freedom for Immigrants. “Eso es lo que estamos viendo hoy. Es deplorable, y aterrador, que nuestro sistema esté tan roto que los hombres sientan que deben quitarse la vida en protesta por ver justicia y cambio”.

Tan sólo esta semana, Buzzfeed reportó la muerte de Roylan Hernández-Díaz, solicitante de asilo cubano de 43 años quien se quitó la vida en el Richwood Correctional Center en Louisiana, un centro de detención de Inmigración y Aduanas, después de haber pasado meses bajo custodia.

Según explicó el medio, Hernández Díaz habría sido detenido en un puerto de entrada en El Paso por el ICE en el mes de mayo, donde explicó su temor a ser devuelto a su isla natal. Un mes después, los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos determinaron “que había pasado la evaluación de ‘miedo creíble’”.

Sin embargo, nunca fue puesto en libertad.

Cifras de la agencia gubernamental demuestran más de 9.000 casos de inmigrantes que han pasado la evaluación para que sus casos sean evaluados por un tribunal de inmigración, pero la tasa de liberación sigue siendo prácticamente inexistente.