El viernes 28 de octubre, el juez federal de Arizona Michael T. Liburdi se puso del lado de Clean Elections USA y de su fundadora Melody Jennings en una demanda presentada contra ellos por Voto Latino y la Arizona Alliance for Retired Americans (AARA), alegando intimidación de los votantes. 

El juez Liburdi dictaminó que el grupo activista de derechas no era una "verdadera amenaza" y que no mostraba tácticas de intimidación. Añadió que su derecho a reunirse en espacios públicos está constitucionalmente protegido. 

La AARA emitió un comunicado sobre la sentencia, calificándola de "verdaderamente decepcionante", y afirmando que "los ciudadanos estadounidenses deberían poder emitir su voto sin temor a sufrir daños personales u otros perjuicios para su seguridad". 

El lunes 24 de octubre, Voto Latino y la AARA presentaron una moción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Arizona solicitando una orden de restricción contra el grupo de base Clean Elections USA y su fundadora Melody Jennings, por supuesta intimidación de los votantes. 

Los dos grupos sostienen que, en al menos cinco ocasiones diferentes, el grupo vigiló las urnas en el condado de Maricopa, además de intimidar a las personas que depositaban sus papeletas. Añadieron que Clean Elections USA violaba la Ley de Derecho al Voto de 1965 y la Ley del Ku Klux Klan de 1871, leyes aprobadas para evitar la intimidación de los votantes durante las épocas de la Reconstrucción y los Derechos Civiles. 

En el fallo, dijo que, aunque "muchos votantes están legítimamente alarmados por los observadores que filman" en las urnas del condado de Maricopa, no había pruebas concretas de que el grupo de individuos hubiera provocado actos violentos ni publicado en Internet información personal de quienes depositan las papeletas. 

"Aunque este caso presenta ciertamente serias dudas", escribió el juez Liburdi, "el tribunal no puede elaborar una orden judicial sin violar la Primera Enmienda". 

Sin embargo, Liburdi dijo que el caso seguiría abierto y que escucharía nuevas pruebas de que el grupo ha "participado en la intimidación ilegal de los votantes."

El pasado miércoles 26 de octubre, durante la audiencia de la demanda, la abogada de Jennings, Verónica Lucero, argumentó ante el juez Liburdi que "no hay ninguna conexión" entre los activistas que figuran en la demanda del condado de Maricopa y Clean Elections USA. Añadió que Jennings "simplemente ha defendido que la gente tiene que cumplir la ley", dijo Lucero.

Los que rodean las urnas con equipo táctico y armas han sido descritos por Jennings como "mi gente" y "nuestros vigilantes de las urnas" en varias publicaciones en las redes sociales. 

Al conocer el fallo el viernes, Jennings celebró los resultados en un post en Truth Social, la plataforma de medios sociales fundada por el ex presidente Donald Trump. 

"La Constitución ganó hoy", escribió Jennings en el post. "Esta batalla no ha terminado, pero hoy fue un paso para la libertad y para que sus derechos de la 1ª enmienda sean preservados". 

En la moción inicial presentada por los dos grupos, alegan que las intenciones de quienes custodian las urnas era tratar de disuadir a las personas de votar mediante el acoso y las amenazas de violencia. Pero según Jennings y su grupo de base, ha dicho que en lugar de eso están tratando de prevenir el fraude electoral colocando a los activistas cerca de las urnas. Los organizadores dicen que están allí para vigilar a los votantes y atraparlos en el acto de fraude electoral o mala conducta. 

La moción presentada por Voto Latino y AARA pedía al tribunal que impidiera a los voluntarios reunirse a una distancia que permitiera ver los buzones, ya que supuestamente también estaban haciendo fotos y grabando vídeos de los votantes, posibles votantes y/o personas que les ayudaban.

La ley actual de Arizona no permite que los individuos permanezcan a menos de 75 pies de las urnas o de los lugares de votación, además de que se les prohíbe hacer "cualquier intento de intimidar, coaccionar o amenazar a una persona para que vote o no vote", según la Secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs. Este comportamiento incluye "la exhibición agresiva u ostentosa de armas" o "confrontar o interrogar directamente a los votantes de manera acosadora o intimidatoria". 

Las denuncias de intimidación de votantes han aumentado en los últimos meses a medida que nos acercamos al día de las elecciones, el 8 de noviembre, e incluso Hobbs ha informado de al menos seis denuncias de intimidación de votantes al Departamento de Justicia de EE.UU. y al fiscal general del estado para su investigación. Estos incidentes tuvieron lugar en las urnas de Phoenix y de su suburbio cercano, Mesa. 

En el fallo, el juez Liburdi también añadió que otra razón por la que se ponía del lado de los demandados era porque los dos demandantes no se habían visto afectados económicamente por los problemas señalados en la demanda. También es importante citar que el juez Liburdi fue nombrado por Trump en 2019.

El abogado demócrata especializado en elecciones, Marc Elias, que representa a los demandantes, dijo en Twitter el viernes después del fallo que planeaba apelar la decisión.