La política conocida comúnmente como “pies mojados, pies secos” terminó en enero de 2017, durante los últimos días de la administración Obama. Ésta consistía en que todos los cubanos que lograran llegar a territorio estadounidense sin ser detenidos podrían conseguir una Green Card en el plazo de un año. Como resultado, miles de cubanos tuvieron mayores oportunidades para regularizar su situación, educarse y tener mejores trabajos. De algún modo, los diferenciaba de otras comunidades latinas.

El fin de la política de “pies mojados, pies secos” fue resultado del proceso de restablecimiento de las relaciones con Cuba que empezó en diciembre de 2014 y, al terminar con la condición de privilegio que tenían los inmigrantes cubanos, finalmente lo que hacía era establecer con el Estado cubano el mismo tipo de relaciones y trámites que tenían que hacer los inmigrantes de cualquier otro país.  

Esto ha tenido repercusiones inmediatas, tanto en los cubanos que ya vivían en Estados Unidos como en los que día a día intentan llegar.

En el caso de los que ya vivían en el país, muchos de los que ya tenían residencia nunca buscaron nacionalizarse, y al intentar salir y volver a entrar, fueron detenidos por inmigración, a riesgo de ser deportados. Incluso aquellos que llegaron a Estados Unidos siendo niños, para los que Cuba no es más que un recuerdo en la neblina del ayer.

Entre tanto, quienes están dejando la isla se están enfrentando al hecho de que la embajada de Estados Unidos en La Habana dejó de tramitar visas para inmigración a raíz de un supuesto ataque sónico a sus funcionarios, rutas cada vez más largas, a través de México y Nicaragua, los ataques de carteles ante la mayor probabilidad que tienen los cubanos (en relación con otros inmigrantes latinoamericanos) de que algún familiar les pueda enviar dólares, y el aumento en deportaciones a cubanos, que en los últimos dos años ha crecido un 600%. 

En adición al recrudecimiento de las medias migratorias, los cubanos han tenido que enfrentar el retorno de las sanciones económicas, que han sido calificadas como “genocidas” por el ministro de relaciones exteriores Bruno Rodríguez.

Como resultado, bancos internaciones están evitando transacciones que involucren la isla, potenciales inversores la están evitando y las firmas que ya tienen presencia se están reestructurando, para reducir su riesgo.

Un factor de tensión adicional consistió en la restricción de los vuelos que salen de Estados Unidos a Cuba: desde octubre de este año solamente pueden volar a uno de los nueve aeropuertos internacionales de la isla: el de La Habana. Esto representa tanto un terrible golpe para la industria turística y hotelera como una dificultad agregada a los cubanos con su situación en regla que quieran viajar a visitar familiares. Esto como retaliación por el apoyo de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo a la declaración dada a Al Jazeera por el profesor James Mahon, quien enseña Ciencias Políticas en el Williams College de Massachusetts, esta sería una estrategia para atraer a la población cubano-americana en el estado clave de Florida, que históricamente ha tenido una tendencia más republicana y es muy crítica ante el proceso de apertura liderado por el expresidente Barack Obama.

El problema es que, incluso asumiendo las sanciones impuestas por Trump tienen objetivos en última instancia humanitarios, lo que se está evidenciando es un maltrato cada vez mayor a esos mismos derechos que dicen cuidar. ¿Dónde acaba esta doble lógica?