Un memorando emitido por Matthew Albence, director de la división de Operaciones de Detención y Remoción del ICE (la oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos), instruyó a 5.700 agentes de deportación que “haciéndose efectivo de manera inmediata, todos los oficiales de la ODR tomarán las medidas necesarias contra cualquier extranjero removible que se encontrare en el curso de sus funciones”.

A pesar de que la nueva administración de la Casa Blanca ha asegurado que las medidas de detención y deportación de inmigrantes indocumentados se dirigirán exclusivamente a aquellos que posean historial criminal, la evidencia de este tipo de comunicaciones plantea que el alcance de los agentes del ICE es mucho más amplio.

Según reportó ProPublica, el Secretario de Seguridad Nacional John Kelly – a quien reporta Albence – “parece haber sugerido un grado de discreción al decirle a las agencias bajo su dirección (durante el mes de febrero) que los agentes de inmigración ‘podrían’ tomar medidas contra cualquier persona indocumentada que encontraran. Esas instrucciones fueron emitidas tan sólo un día antes de que Albence enviara el memo a su equipo”.

De una u otra manera, los nuevos estatutos del ICE parecieran ser asunto de debate semántico.

Por ejemplo, la vocera de la Agencia de Inmigración, Sarah Rodríguez, declaró que “el ICE prioriza el arresto y la remoción de amenazas a la seguridad nacional; sin embargo, ninguna clase ni categoría de extranjero en los Estados Unidos está exento de arresto o remoción”.

Para Sarah Saldaña, quien fuera directora del ICE durante la administración Obama, la variación de una palabra (“podría” por “podrá”) le da nueva fuerza a la ley.

Esto se ha hecho evidente en la cantidad de detenciones realizadas durante los primeros meses de este año, en las cuales el registro criminal era mínimo o inexistente. Así lo reportó el Washington Post en un reportaje del 28 de abril, en el que aseguraba que “alrededor de la mitad de los 675 inmigrantes detenidos durante redadas en Estados Unidos durante los días posteriores a la juramentación del Presidente Trump, tenían un historial criminal menor o inexistente”.

Tal es el caso de David Chávez-Macías en Nevada, Liliana Cruz Méndez en Virginia y Ramón Ruíz Ortiz en San Bernardino, inmigrantes cuyo proceso de regularización en el sistema estadounidense se ha visto truncado por las nuevas medidas.

“Desde el 2008, el Congreso ha utilizado tradicionalmente la cuenta de gastos anual para instruir a la secretaría de seguridad nacional de priorizar la deportación de inmigrantes convictos, basándose en la severidad de sus crímenes, pero ese lenguaje fue sustituido este año, despejando el camino para una aplicación de la ley más severa”, asegura el reportaje de ProPublica.

De acuerdo a datos publicados por el ICE, entre febrero y mayo de este año, la nueva administración ha detenido 108 inmigrantes indocumentados sin récord criminal por día, representando un aumento del 150 por ciento con respecto a las cifras del mismo período durante el 2016.

El actual director en funciones del ICE, Thomas D. Homan, aseguró ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes  que “ha habido un importante aumento de los arrestos no criminales debido a que no se nos permitía arrestarles durante la administración pasada. Se puede percibir un aumento en las detenciones no criminales porque hemos ido de cero a 100 bajo la nueva administración”.

De la misma manera, Homan dejó claro en una rueda de prensa en la Casa Blanca que “(antes) existía la idea de que si lograbas sortear las patrullas fronterizas, sin entrabas a Estados Unidos o tenías un hijo que fuera ciudadano estadounidense, entonces nadie te perseguiría. Esos días se acabaron”.