Nohemi González, de 23 años, fue la única estadounidense fallecida en los atentados terroristas orquestados en París en noviembre de 2015. Estaba estudiando en la capital francesa como estudiante de Diseño de la Universidad Estatal de California en Long Beach cuando murió durante una noche de fiesta con amigos. 

En la serie de atentados que el Estado Islámico perpetró en la ciudad, González fue una de las 130 víctimas mortales de aquella noche. 

En 2016, su padre, Reynaldo González, demandó a Google y a otros gigantes tecnológicos como Meta (antes conocida como Facebook y propietaria de WhatsApp e Instagram) alegando que las poderosas corporaciones eran responsables de la muerte de Nohemi y del consiguiente daño causado a la familia. 

En la demanda que también incluye a la madre de Nohemi, Beatriz, y a sus hermanos, acusan a Google y al resto de compañías de difundir información errónea en sus respectivas plataformas que luego radicalizó a sus usuarios y de hacerles responsables de cualquier incidente a posteriori. 

En concreto, se ampara en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley federal muy criticada -en ambos bandos- que protege a empresas como Facebook, Instagram y YouTube, de Google, de demandas por contenidos de los usuarios y de sus decisiones de retirar contenidos. 

Según el padre Reynaldo, las plataformas estaban difundiendo contenidos extremistas que incluían propaganda, mensajes de los líderes del Estado Islámico y vídeos de violencia gráfica. 

La demanda cita vídeos que mostraban imágenes de combatientes del Estado Islámico y actualizaciones de un medio de comunicación afiliado. González afirma que los esfuerzos de la plataforma por mantener al grupo terrorista fuera de sus sitios eran inaceptables. 

Los jueces del Tribunal Supremo tendrán una oportunidad única de seguir explorando cómo utilizan las empresas tecnológicas el escudo legal o de deshacerse de él por completo. Esto último podría abrir una madriguera de responsabilidad por lo que publiquen los usuarios y demandas por difamación, publicidad discriminatoria y otro tipo de propaganda.

Los detractores argumentan que permite a las empresas eludir la responsabilidad por cualquier tipo de daño que se produzca bajo su atenta mirada, mientras que los partidarios afirman que sin la protección federal, las empresas borrarán cada vez más publicaciones para evitar demandas. 

La decisión que pronto se tomará sobre este caso echará más leña al fuego de las discusiones en torno a cómo regular la expresión en línea. Muchos gobiernos han calificado las redes sociales de terreno fértil para la incitación al odio y la desinformación. 

Pocos han exigido realmente a las plataformas que borren las publicaciones, pero eso plantea un gran problema en Estados Unidos, donde la Primera Enmienda dificulta que el Congreso haga algo similar. 

Facebook y Twitter dejaron de ser demandados en 2017. En 2022, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Google no tendría que enfrentarse a la familia González con reclamaciones que se debían a que la empresa estaba protegida por la Sección 230.

En mayo de 2022, los abogados de la familia pidieron al Tribunal Supremo que interviniera y argumentaron que, al utilizar algoritmos para recomendar contenidos a los usuarios, YouTube estaba incurriendo en su propia forma de libertad de expresión no protegida por la Sección 230.

Google ha negado estos argumentos y ha dicho que las demandas se basan en "afirmaciones sin fundamento" y argumentos "especulativos".

Este caso es el primero de los consecutivos en los que se oirán los argumentos de una demanda tecnológica, ya que también se espera que el Tribunal Supremo oiga los argumentos del caso Twitter Inc. contra Taamneh. 

Ese caso analiza si los proveedores de servicios de Internet son responsables de los contenidos relacionados con el terrorismo en virtud de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996. Este caso, junto con el de González contra Google, se resolvieron conjuntamente en una sentencia del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos que dictaminó que el caso de Taamneh podía seguir adelante.

Twitter Inc. contra Taamneh implica al ciudadano jordano Nawras Alassaf, que murió en el atentado de 2017 contra la discoteca Reina de Estambul, donde un pistolero afiliado al ISIS mató a 39 personas.

Al igual que la familia González, la familia de Alassaf demandó a Twitter, Google y Facebook por complicidad con el terrorismo, y alegó que las plataformas ayudaron a ISIS a crecer y no hicieron lo suficiente para deshacerse de este tipo de actividad en sus plataformas. 

En las más de tres horas dedicadas al caso a lo largo de todo el martes, hay varias cosas para llevarse a la boca, incluidas las propias preocupaciones de los jueces y sus temores de que se produzca un tsunami de demandas si van contra Google en el caso González, y cómo este tipo de caso podría perjudicar a los usuarios por el simple hecho de retuitear este tipo de contenido. 

La complejidad del caso y de la situación tenía incluso a algunos de los jueces desconcertados sobre cómo proceder sin que se produjera un efecto dominó tras cualquier decisión que se tomara. 

"Realmente no sabemos de estas cosas. Estos no son como los nueve mayores expertos en Internet", dijo la jueza Elena Kagan sobre sí misma y sus colegas. 

Incluso el juez Brett Kavanaugh, que es uno de los seis republicanos en el Tribunal, dijo que la cuestión era tal vez ir en contra de su propio poder para un tema así. 

"¿No es mejor", preguntó Kavanaugh, mantener las cosas como están y "poner la carga en el Congreso para cambiarlo"?