Desde que prestó juramento como Fiscal General de Pensilvania en enero de 2017, Josh Shapiro ha luchado continuamente contra el Presidente Donald Trump y su agenda en los tribunales. 

Días después de asumir su nuevo cargo, se opuso a la prohibición de viajar del presidente, que pretendía limitar la migración a los Estados Unidos desde varios países predominantemente musulmanes.  

Recientemente sus esfuerzos se centraron en asegurar que los votantes del estado de Keystone pudieran participar con seguridad en las elecciones de 2020, tanto si deciden votar por correo como en persona. 

Debido al manejo de Trump de la pandemia del coronavirus, que implicó restarle importancia a la crisis durante meses, los estadounidenses no tendrán un día de elecciones normal ya que más gente que nunca antes llenará una boleta de voto por correo. 

El electorado probablemente tampoco sabrá en la noche de las elecciones quién será su próximo presidente y tendrá que esperar días, si no semanas, para los resultados.  

Aunque más de 9 millones de personas ya han votado, habrá un retraso porque estados como Pensilvania - un estado crucial en el campo de batalla - tienen leyes que les prohíben contar las boletas por correo hasta el día de las elecciones. 

Forzar a la gente a votar en persona sólo empeorará la propagación del virus y es por eso que se ha hecho necesario presionar a los estados para que amplíen el voto por correo para que la nación combata la crisis de salud pública y a la vez conserve su democracia. 

Trump ha hecho públicamente declaraciones falsas sobre el proceso de votación alternativa, citando la creencia de que si se ampliara, conduciría a un fraude masivo de votantes que favorecería al Partido Demócrata. 

Su rechazo por el proceso es tan fuerte que sostuvo un paquete de ayuda contra el coronavirus en un momento en que millones de estadounidenses están desempleados y enfrentan el desalojo, porque incluía fondos adicionales para el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) y la infraestructura electoral. 

El Fiscal General Shapiro ha tratado específicamente de detener los cambios realizados en el USPS por su nuevo Jefe de Correos, Louis DeJoy. 

DeJoy es un mega donante republicano, que contribuye con 1,2 millones de dólares al Fondo de Victoria Trump, y que también ha tenido importantes vínculos financieros con empresas que contrataron o compitieron con el USPS.

Desde que dirige la agencia, ha pedido que se restrinjan los viajes extra o tardíos para la entrega del correo, que se prohíban las horas extras de sus trabajadores y otras medidas que han provocado retrasos en el servicio.

A mediados de agosto, Shapiro anunció que Pensilvania encabezaría una coalición multiestatal en una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania para impugnar los cambios operativos del USPS. 

"Hemos ganado esa demanda que presenté aquí en Pensilvania... Como resultado de nuestra victoria, el Servicio Postal está obligado ahora a anular los cambios que hicieron y que retrasan la entrega del correo para las personas mayores que esperan las recetas, las pequeñas empresas que esperan los cheques y, por supuesto, suscitó preocupaciones sobre las papeletas de voto y sobre si se entregarían a tiempo", dijo Shapiro al tiempo que aseguraba que la gente puede sentirse segura votando por correo. 

También respondió a los comentarios de Trump en los debates presidenciales en los que instó a sus partidarios a que se convirtieran en observadores de las encuestas en los lugares de votación.

El presidente se refirió a un incidente que ocurrió en Filadelfia, donde una mujer que dijo haber sido contratada por su campaña como observadora electoral no fue admitida en una oficina satélite de la Junta Electoral de la ciudad. 

El Fiscal General reconoció que la ley de Pensilvania permite tener observadores electorales el día de las elecciones, pero cree que Trump tiene otros motivos subyacentes más allá de la seguridad de las elecciones. 

"No se equivoquen, lo que está tratando de hacer es llevar a la gente de todo el estado a las comunidades de negros y morenos para tratar de intimidar a los votantes", dijo. 

La campaña de Trump demandó al estado de Keystone en agosto para que eliminara el requisito de residencia en el condado para que los individuos observaran las encuestas. El 10 de octubre, esa demanda fue desestimada por un juez federal. 

Según los datos del censo, el estado de Pensilvania tiene casi un millón de residentes hispanos o latinos.

El presidente Trump ha puesto como chivo expiatorio a la comunidad latinx y a su segmento de indocumentados en particular cuando hace campaña en todo el país. 

Algunos de ellos fueron el blanco de varios carteles de "SE BUSCA" colocados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 2 de octubre en todo el Estado. Mostraban los rostros de los indocumentados arrestados por las autoridades locales en Filadelfia y Pittsburgh.  

Debajo de cada foto, el ICE alertó: "Las políticas de santuario criminal son un verdadero peligro".

El ex director en funciones del ICE bajo la administración de Obama, John Sandweg, dijo a CBS News que los carteles eran un "anuncio político" y "salvajemente inapropiado".

El Fiscal General Shapiro dijo que era una de los docenas de ejemplos de los esfuerzos de la Administración Trump para atacar a los inmigrantes, contra los que ha luchado.

Mencionó sus esfuerzos para reunir a las familias separadas en la frontera y para proteger los derechos de más de 5.800 beneficiarios de la DACA en Pennsilvania.

"Voy a seguir luchando contra los ataques de Donald Trump a la comunidad latinx. Y no sólo contraatacar con palabras, sino también con demandas y ganar para proteger a todas las comunidades de Pensilvania", dijo. 

El uso recreativo de la cannabis es legal en 11 estados y en el Distrito de Columbia, pero en Pensilvania sólo es legal para usos médicos y no ha sido despenalizado. 

Los arrestos de adultos por menos de 30 gramos de cannabis han disminuido en los últimos años en Pensilvania, pero aún así resultaron en 19.990 arrestos sólo en 2019. 

La disminución se debe en parte a que varios ayuntamientos de todo el Commonwealth aprobaron ordenanzas de despenalización o de reducción de penas. 

Desde 2014, ser sorprendido con 30 gramos o menos de cannabis puede ser penalizado con una multa de 25 dólares y una citación en Filadelfia. 

Lo que no ha disminuido es la tasa de disparidad de arrestos entre los diferentes grupos raciales. 

La Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania reunió datos que mostraron que desde 2010 los negros del estado de Keystone tenían cada vez más probabilidades de ser arrestados por posesión de marihuana a pesar de que su tasa de uso era similar a la de los blancos. En 2016, tenían más de ocho veces más probabilidades de ser arrestados por el mismo delito. 

En septiembre, el Gobernador Tom Wolf y el Teniente Gobernador John Fetterman pidieron a la legislatura estatal, controlada por los republicanos, que aprobara un proyecto de ley que legalizara la marihuana recreativa. 

Esta medida mejoraría la justicia penal en el estado ya que menos personas de color serían castigadas por delitos de drogas, pero el plan está saliendo a la luz ahora como una forma de entregar fondos adicionales para las agencias estatales en un momento en que la pandemia ha devastado los negocios. 

El Fiscal General Shapiro dice que apoya la legalización del uso recreativo de la marihuana, pero cree que el proyecto de ley no va lo suficientemente lejos.

En su posición, Shapiro reconoce que el proyecto de ley sólo evitaría que se produjeran futuros arrestos, pero carece de propuestas clave de reforma de la justicia penal para ayudar a aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por condenas previas por posesión de marihuana.

"No creo que debamos aprobar un proyecto de ley que sólo legalice el uso de la marihuana por parte de los adultos... debe contener una disposición para borrar los antecedentes de quienes han sido condenados en el pasado por posesión de pequeñas cantidades de marihuana". Sabemos que esos arrestos han impactado negativamente a nuestras comunidades negras y morenas a un ritmo mucho mayor que nuestras comunidades blancas", dijo. 

Tras las muertes de Breonna Taylor y George Floyd, estadounidenses de todas las profesiones y condiciones sociales se han reunido para protestar y exigir a sus legisladores una reforma de la justicia penal. 

El Presidente Trump no se ha convertido en un aliado de estos movimientos y a su vez ha favorecido un enfoque de "ley y orden" para sofocar sus gritos de justicia. Esto implica enviar agentes federales no identificados a Portland, Oregón, para actuar ilegalmente como policía antidisturbios en contra de las órdenes de los funcionarios locales y amenazar con hacer lo mismo en otras grandes ciudades.

Trump sólo sembró más división cuando no denunció a los grupos de supremacía blanca después de ser presionado por el moderador Chris Wallace en el debate presidencial.  

Incluso Chad Wolf, el Secretario de Seguridad Nacional de Trump, que defendió el hecho de tener agentes federales en Portland, dijo que la supremacía blanca representa la "amenaza más persistente y letal" para los Estados Unidos internamente. 

Esto es retóricamente diferente del presidente, quien cree que las "turbas de izquierda" y el movimiento ANTIFA (antifascista) son los causantes de la mayor parte de la violencia que se observa en todo el país.  

Shapiro está de acuerdo con el director del DHS en su categorización de la supremacía blanca, pero también apoya el derecho constitucional de los manifestantes a reunirse pacíficamente. 

"Queremos proteger las voces que, con razón y derecho, están tomando nuestras calles pidiendo un cambio. El tipo de cambio que me gustaría ver que ocurriera aquí en Pennsilvania", dijo.

El Fiscal General también añadió que cualquiera que intente secuestrar el movimiento para avivar la violencia debe ser responsable, pero no debe quitarle importancia al mensaje de la mayoría de las personas que protestan.  

Shapiro ganó su carrera para Fiscal General de Pensilvania en noviembre de 2016 y esa misma noche, los votos del colegio electoral de su estado fueron para Trump. 

El ex miembro de la Junta de Comisionados del Condado de Montgomery recibió más votos en todo el estado que el candidato presidencial republicano.  

Aunque él y el presidente tienen muchas diferencias ideológicas, Shapiro cita su amplio atractivo y su compromiso de "anteponer a la gente a las instituciones poderosas" como cualidades que le dieron la ventaja en lo que fue un estado Trump en 2016.

Como alguien que ha hecho campaña en todo el estado para sí mismo y para otros candidatos, Shapiro también declaró que mira más allá de la narrativa de que Pensilvania tiene un electorado polarizado debido a su clasificación como un estado indeciso. 

Él cree que la mayoría no está demasiado dividida en las cuestiones fundamentales.

"Ya sea que seas alguien en el sur de Filadelfia o en Johnstown, PA, tus comunidades pueden parecer diferentes pero básicamente quieres las mismas cosas. Comunidades seguras, oportunidades económicas, un sistema justo para vivir y buenas escuelas para tus hijos", dijo. 

En su campaña de reelección, el fiscal general ha sido respaldado por varias organizaciones y figuras políticas. Entre ellas se encuentran la Campaña de Derechos Humanos, que lo llamó "un defensor abierto de la igualdad de los LGBTQ", y el ex presidente Barack Obama.  

Expresó que ambos apoyos "significan el mundo" para él y relató que pasó mucho tiempo con Obama durante su primera campaña presidencial. 

A principios de este mes, el senador republicano de Pensilvania, Pat Toomey, anunció que se retirará del servicio público cuando termine su actual mandato en 2022. También declaró que no buscará el cargo de Gobernador que se abrirá después de que el segundo mandato del Gobernador Wolf termine el mismo año. 

El Fiscal General Shapiro es uno de los favoritos para perseguir cualquiera de los puestos una vez que empiece la temporada de primarias, pero afirma que tiene los ojos puestos en las elecciones de este año y en sus objetivos para su segundo mandato. 

"No creo que la especulación política tenga mucho sentido. Ciertamente no le sirve a la gente de Pennsylvania. No me voy a dedicar a la especulación política, me voy a dedicar a hacer mi trabajo", dijo.