Con un mensaje ambiguo sobre la ley de aborto en Texas se pronunció la Corte Suprema de Estados Unidos este viernes. Por un lado, deja en vigor la medida que restringe el procedimiento hasta las seis semanas de embarazo y, por el otro, deja abierta la posibilidad a los defensores de ese derecho para que puedan continuar apelando la ley en una corte federal.

Aunque en medio del panorama general de la discusión sobre el aborto esta decisión deja abierto cualquier tipo de resolución, lo que esta quiere decir es que el caso tendrá un nuevo proceso en un tribunal de distrito, dejando abierta la posibilidad de que la ley pueda ser suspendida más adelante.

La medida, por otro lado, también limita a los funcionarios del estado, quienes podrían ser demandados si llegasen a practicar el aborto después de la sexta semana del embarazo. 

La jueza Sonia Sotomayor reaccionó a la decisión señalando que el tribunal se había quedado corto, y que debía haber bloqueado la entrada en vigor de la Ley 8 en medio del proceso de apelación. Asimismo, resaltó que era positivo para los impugnadores el poder acudir a los tribunales para apelar la ley, manifestando su deseo para que se actúe con rapidez en la reparación de lo que para ella es un error.

De acuerdo con Joan Biskupic, analista de la Corte Suprema para CNN, “el fallo sobre la ley de aborto de Texas es un preludio del verdadero evento principal que los jueces están considerando ahora”. Se refiere al caso de Mississippi, el cual sería el que provocaría un efecto de dominó sobre el tema en todo el país.

Este caso, originado luego de una demanda presentada por proveedores de aborto que desafían la ley de 2018 de Mississippi, la cual prohíbe el aborto después de 15 semanas de embarazo, se encuentra en espera por cuenta de unas órdenes remitidas por los tribunales inferiores, las cuales apoyan el precedente de la Corte Suprema que “protege el derecho a un aborto hasta la viabilidad fetal, un punto alrededor de las 24 semanas de embarazo.  

Biskupic también señala que John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, “siempre ha sido un oponente del derecho al aborto”, por lo que no le sorprende que la ley siga estando vigente desde el 1 de septiembre. Sin embargo, considera que en este momento el tribunal se está alineando con jueces más liberales, lo que abre la puerta a “una nueva era de derechos reproductivos”.

Con más de 24 estados preparados para prohibir el aborto si el Tribunal Supremo de los EE. UU. les otorga el visto bueno el próximo año, las clínicas de California y sus aliados en la legislatura estatal revelaron esta semana un plan para que el estado sea un "santuario" para aquellos que buscan atención reproductiva, incluyendo la posibilidad de pagar por viajes, alojamiento y procedimientos para personas de otros estados.

El Consejo del Futuro del Aborto de California, compuesto por más de 40 proveedores de aborto y grupos de defensa, publicó una lista de 45 recomendaciones para que el Estado tenga en cuenta si el Tribunal Superior pone un fin a la “Roe v. Wade”, la decisión con más de 48 años que prohíbe a los estados restringir el aborto.

Las recomendaciones fueron redactadas por algunos de los políticos más importantes del estado, incluido Toni Atkins, el demócrata de San Diego que lidera al Senado del Estado.