Lejos del idealismo imposible de tener un gobierno impecable, absolutamente correcto y perfecto, hay banderas rojas que activarían las alarmas de cualquier sistema judicial en menos de un segundo.

Y el gobierno de Donald Trump podría tapizar una pista de aterrizaje con todas sus banderas rojas.

Tan sólo hace algunos días, el presidente estadounidense decía a los medios que habría discutido con los representantes miembros del G7 en Biarritz la posibilidad de celebrar la próxima cumbre en su resort de Doral en Miami.

“Les encanta la ubicación del hotel”, dijo Trump durante una reunión con la canciller alemana Angela Merkel. “No hemos encontrado nada que esté cerca de competir con él.”

Dejemos algo en claro: la Constitución de Estados Unidos prohíbe a cualquier persona “que tenga un cargo de lucro o fideicomiso en virtud de ellos a aceptar cualquier presente, emolumento, cargo o título, de cualquier tipo, sin el consentimiento del Congreso, de cualquier rey, príncipe o estado extranjero.”

Esto implica que ningún presidente puede lucrar – es decir, llenarse los bolsillos – como individuo privado a través de sus conexiones mientras está en el puesto.

La razón es sencilla: el puesto del Presidente de los Estados Unidos es un cargo público, en servicio del pueblo, no una plataforma para engrosar las arcas de un imperio previamente establecido.

Tiene sentido, ¿no?

Ahora bien, cuando el cargo está ostentado por un magnate inmobiliario que ha ido a todos los extremos por impedir que sus declaraciones fiscales salgan a la luz, las banderas rojas empiezan a aparecer.

Después de las declaraciones del presidente Trump en Biarritz, expertos en derecho constitucional han salido a advertir que sus palabras son una confesión pública de la violación a la Cláusula de los Emolumentos establecida por la constitución.

“¡Emolumentalmente (sic) claro! Trump sigue demostrando que está violando deliberadamente la principal salvaguarda de la Constitución contra la corrupción financiera y el compromiso de las decisiones presidenciales por parte de potencias extranjeras”, dijo uno de los especialistas más importantes de la nación, Laurence Tribe, en su cuenta personal de Twitter.

“Hoy el presidente (…) propuso una violación masiva de la Cláusula de los Emolumentos”, coincidió Seth Masket, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Denver.

Como es de esperarse, esta no es primera vez que Donald Trump deja explícita su manera de violar la cláusula.

Según explicó ABC News, los fiscales generales del Distrito de Columbia y del estado de Maryland ya han introducido demandas contra el presidente por violación de la cláusula, argumentando que Trump “sigue siendo propietario de su imperio comercial mundial mientras es presidente”.

Si bien los abogados de su organización han hecho públicos documentos para “aislarle completamente” de la administración de la Organización Trump, el alcance mundial de sus propiedades está íntimamente ligado con el patrocinio de gobiernos extranjeros, incluyendo por supuesto al gobierno de Rusia.

“Para cumplir con la Constitución, (Trump) debe asegurarse de que no posee empresas que acepten pagos de gobiernos extranjeros o corporaciones propiedad de gobiernos extranjeros”, dijo a ABC News Richard Painter, ex abogado de ética del presidente George W. Bush.

Ejemplo de cómo el presidente estadounidense ha logrado salirse con la suya mientras sigue inflando su cartera personal ha sido su íntima relación con la corona Saudita.

Tras la muerte del periodista Jamal Khashoggi por parte del régimen de Arabia Saudita, el presidente Donald Trump se opuso incluso a legisladores republicanos a la hora de condenar el asesinato.

Muchos cuestionaron la razón de su comportamiento, hasta que siguieron el dinero y se dieron cuenta de que el hotel Trump de Nueva York propulsó sus ingresos después de la visita del príncipe saudita a principios del 2018.

Su estadía de cinco días aumentó el ingreso del primer trimestre del hotel en un 13%, según explicó el Washington Post.

El análisis también subraya cómo durante el 2018 la Embajada de Kuwait celebró su fiesta nacional en el Hotel Trump de Washington, de la misma manera en la que la embajada de Filipinas celebró su fiesta de la independencia en el salón del hotel Trump.

Después de todo, el presidente sólo ataca musulmanes que no tengan dinero y se siente constantemente atraído hacia regímenes dictatoriales como el de Rodrigo Duterte en Filipinas, quizás por razones que van más allá de simple idolatría.

Tan sólo días después de que el presidente invitara al G7 a reunirse el año que viene en su adorado hotel, el Washington Post revelaba cómo el Fiscal General de la nación reservó su fiesta de navidad familiar en el hotel de su jefe.

William P. Barr, el hombre que exoneró al presidente de todo mal y obstaculizó los resultados del informe Mueller a principios de año, “reservó el hotel del presidente Trump en Washington D.C. para una fiesta de 200 personas en diciembre que probablemente le generará al negocio de Trump más de 30.000 dólares en ingresos”, explicó el medio que obtuvo una copia del contrato de Barr.

Si bien el documento explicita que el Fiscal General pagará el evento de su bolsillo, el círculo de retroalimentación monetaria que parece instaurado en la Casa Blanca es nada menos que anticonstitucional.

Sin tomar en cuenta que el dinero del salario de Barr viene de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses o que el republicano más importante en el senado, Mitch McConnell ha metido la mano en el alivio de sanciones contra multimillonarios rusos que pretenden invertir en su estado (esos mismos oligarcas que firman los préstamos del presidente en el Deutsch Bank), uno no puede evitar preguntarse cómo el presidente sigue exento de un juicio político.

Y la respuesta podría estar en el mismísimo McConnell.

La única manera en que el presidente puede salvarse de ser acusado de violación a la Cláusula de los Emolumentos es si el Congreso le otorga permiso de enriquecerse bajo su supervisión.

Según dijo Tribe a ABC, “la cláusula de los emolumentos dice específicamente que el Congreso está a cargo. Puede darle al presidente permiso para tener lo que de otro modo podría parecer un conflicto de intereses”.

Un Congreso que, si bien posee mayoría Demócrata en la Cámara de Representantes, sigue siendo controlado por los Republicanos bajo la dirección de McConnell en el Senado.

Si esta no es la definición de un perfecto y perverso negocio multimillonario, ¿qué es?