A pesar de que el presidente Trump decidió sacar a Estados Unidos de iniciativas internacionales por el clima –como el Acuerdo de París, al que se han adherido más de 200 países– estados como Pensilvania están continuando con el trabajo de la Administración Obama con la intención de luchar contra los efectos de una amenaza que planea sobre el país (y el mundo).

Aunque en la actualidad la mayor parte de los debates nacionales pasan por el filtro del bipartidismo radical, hay asuntos, como el Green New Deal, que consiguen filtrarse hacia esferas más profundas.

La Administración Trump se ha tomado muy en serio el desmantelamiento de las regulaciones ambientales de la era Obama, y lo ha hecho sin implementar planes que las sustituyan y den cierta coherencia a sus políticas.

Sin embargo, estados como Colorado, Nuevo Mexico, Hawai, Nueva York y California han llevado a cabo sus propias estrategias para el control de las emisiones de CO2 o la prohibición de ciertos pesticidas y productos químicos que tiene un impacto agresivo en el medio ambiente, convirtiéndose en una de las principales causas de la enfermedad de tiroides y del cáncer.

La US Climate Alliance, un grupo bipartidista formado por 24 gobernadores comprometidos con los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el Acuerdo de París –del cual el presidente Trump decidió retirarse en junio de 2017–, representa a más de la mitad de la población de los EE.UU. y al 60 por ciento del PIB del país.

A pesar de que la marea ha cambiado para muchos, todavía hay quien cree que la acción en favor del medio ambiente a nivel federal podría dañar la economía y provocar la pérdida de empleos.

Enfrentados a la firme propuesta del Green New Deal para recuperar la fuerza laboral y transformar la infraestructura en una especie de mina de trabajo, algunos sindicatos no están a bordo. La AFL-CIO, por ejemplo, recientemente se mostró contraria a esta propuesta.

La que es la federación de sindicatos de trabajadores más grande de los Estados Unidos (con unos 12,5 millones de miembros), criticó el hecho de que el proyecto de economía verde no los haya incluido en el proceso.

"Queremos que se realicen muchos cambios para que los trabajadores y nuestros empleos estén protegidos en el proceso", reclamó Richard Trumka, presidente de la federación.

Su oposición a uno de los fundamentos principales del Green New Deal pone en jaque el apoyo con el que los candidatos demócratas en la carrera de 2020 pueden contar, pues esas oportunidades de trabajo son un factor crítico para los votantes. 

Según encuestas recientes, el 48 por ciento de los 1.914 votantes registrados se mostró a favor del Green New Deal, lo que supone que cuenta con el apoyo de casi la mitad de la población.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados aseguraron apoyar una propuesta centrada única y exclusivamente en el cambio climático.

Políticos como el senador Ed Markey (D-MA) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) han hecho hincapié en el hecho de que la propuesta se centra en la justicia social y la igualdad de oportunidades, pero el escepticismo de los sindicatos y los votantes resulta profundamente contradictorio.

Mientras tanto, y ante la ausencia de una legislación nacional, los estados, los municipios y el sector privado han optado por incrementar sus esfuerzos para abordar y mitigar los efectos del cambio climático.

En el estado de Pensilvania, los efectos inmediatos del calentamiento global han significado un incremento de la temperatura del 1,8 por ciento en el último siglo, y se espera que, para el año 2050, el aumento de la temperatura promedio en el estado sea del 5,4 por ciento.

Otros efectos asociados incluyen el aumento de las precipitaciones y de la intensidad de las mismas, un factor que el secretario del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania, Patrick McDonnell, asegura es especialmente importante, pues está directamente conectado con las inundaciones y la necesidad de adaptar la infraestructura para evitarlas y drenar mejor durante las tormentas. En el último siglo, la cantidad de precipitación anual ha sufrido un aumento general del 10 por ciento y se espera otro similar para el 2050.

También ha aumentado el número de plagas portadoras de enfermedades, pues cuanto mayor es la cantidad de agua estancada, más fácil es que los mosquitos portadores de enfermedades como el virus del Nilo Occidental pueden reproducirse, igual que las garrapatas que transmiten de la enfermedad de Lyme –un problema especialmente preocupante para Pensilvania, aseguró McDonnell, pues se han registrado más casos de esta enfermedad que en cualquier otro estado del país–.

Nombrado por el gobernador Wolf en 2016, McDonnell ha trabajado en el DEP casi desde su creación, donde llegó como pasante en 1997. El DEP se estableció en 1995, cuando el antiguo Departamento de Recursos Ambientales se dividió en el Departamento de Protección Ambiental (con la intención de centrarse en las medidas reglamentarias y la protección ambiental) y el Departamento de Conservación y Recursos, actualmente dirigido por Cindy Dunn, que supervisa la administración del sistema de parques del estado.

El secretario aseguró que, durante el tiempo que lleva trabajando en el DEP, ha visto cómo la conversación sobre el cambio climático y la justicia ambiental cambiaba, en términos del uso de la tecnología, para promover una mayor comprensión e identificar los problemas climáticos que afectan a la mayoría de los residentes de Pensilvania. Pero también se ha producido un mayor énfasis en la inclusión, a nivel de las comunidades locales, en el desarrollo de estrategias de acción climática.

El 29 de abril, McDonnell mostró su apoyo al gobernador Tom Wolf cuando este anunció que Pensilvania se uniría a la Alianza del Clima de los Estados Unidos en su compromiso por alcanzar los objetivos de emisiones y de otro tipo recogidos en el Acuerdo de París. Según los objetivos establecidos por este colectivo, un acuerdo histórico que han ratificado más de 200 países, Pensilvania se ha comprometido a lograr una reducción del 26 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025, y del 80 por ciento para 2050.

El estado también presentó el Plan de Acción Climática 2018 en abril, un informe que, bajo la Ley de Cambio Climático, debe elaborarse cada tres años. El plan destaca los impactos que el calentamiento global y los eventos relacionados con el clima han tenido en los residentes de todo el estado y hace recomendaciones a través de 19 estrategias específicas con de más de 100 acciones por parte de legisladores, dueños de negocios, ejecutivos, y hogares particulares para avanzar hacia la sostenibilidad.

Aunque el trabajo de McDonnell implica comunicar las estadísticas relacionadas con el cambio climático y sus efectos en todo el estado y en todo el mundo, se muestra optimista ante el papel que puede desempeñar el estado en la mitigación del cambio climático y en la evaluación de su impacto. Y asegura que muchos de los cambios que deben llevarse a cabo son "increíblemente factibles".

"Creo que una de las cosas positivas es que muchas de las soluciones de las que estamos hablando son soluciones que, en última instancia, son útiles para la comunidad, no solo en la dimensión ambiental sino también económica y social", señaló, destacando el hecho de que la inversión en eficiencia energética y energía solar puede crear más empleos para los residentes del estado.

“Entender el coste del cambio climático es clave para vincular la parte económica con el motivo por el que la acción climática es importante”, explicó McDonnell, citando como ejemplo que Penndot tuvo que gastar más de 100 millones de dólares para reparar los puentes y las vías fluviales inundadas en el último año.

"Esos son los costes que estamos soportando para reparar cosas que ya están ahí, en lugar de avanzar en otro aspecto”, continuó. "Entonces, esto tiene un componente económico que puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo lo abordemos".

McDonnell también explicó que el DEP ha estado realizando una serie de sesiones con la intención de conectar mejor el trabajo del estado con las necesidades inmediatas de las comunidades locales –y por su naturaleza, gran parte de eso significa que las preocupaciones de las personas también incluyen temas socioeconómicos, como desiertos de alimentos, basuras y desperdicios, y más–. Pero esa contextualización de lo que significa el cambio climático y sus impactos en cada comunidad es el primer paso para establecer lo que supondría la sostenibilidad a todos los niveles, dijo McDonnell.

"Si estoy hablando con alguien sobre la gestión de residuos pero a ellos les preocupa cómo obtendrán su próxima comida, es muy difícil tener esa conversación. Por lo tanto, necesitamos conocer la situación en la que se encuentra cada persona y ser conscientes de eso y escucharles, para que podamos lograr todo lo que queremos lograr como gobierno estatal", aseguró.