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Trump, se reúne con víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, mientras el Congreso tramita una ley que intensifica las penas a los deportados que reingresen al país. EFE/Molly Riley
Trump, se reúne con víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, mientras el Congreso tramita una ley que intensifica las penas a los deportados que reingresen al país. EFE/Molly Riley

El Congreso podría aprobar dos leyes contra indocumentados

Durante la votación del día de hoy, el Congreso evaluará dos leyes que pretenden combatir la inmigración indocumentada desde dos frentes: las ciudades…

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“No Santuario para Criminales” (HR 3003) y la “Ley Kate”(HR 3004) serán los dos proyectos sometidos a votación el día de hoy, después de que los Republicanos consiguieran los votos suficientes para su evaluación.

La HR 3003 busca eliminar los fondos federales del departamento de Justicia y Seguridad Nacional a las jurisdicciones santuario “que no cumplan órdenes de detención federales”, según reportó Univisión.

La misma ley permitiría a las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados, el demandar a las Ciudades Santuario y a las fuerzas de orden local.

El analista legal James Goodnow aseguró a ABC 15 que esta ley es la vía de los Republicanos de cumplir sus promesas electorales: “El impulso de los legisladores Republicanos con esta ley argumenta que son los pasos necesarios para mantener a los ciudadanos a salvo de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales”, aseguró. “Quienes se oponen a la ley aseguran que este tipo de legislación no sólo viola los principios fundamentales del federalismo, sino que también le quitan a los agentes del orden público la habilidad de ejercer su juicio a la hora de mantener a nuestras comunidades a salvo”. Goodnow también sentenció que, aún si la ley fuera aprobada, su lucha estaría “lejos de terminar”.

Por otra parte, la “Ley Kate”, que lleva el nombre de Kate Steinle – una ciudadana americana de 32 años que falleció el año pasado en San Francisco después de que una bala disparada por el inmigrante indocumentado mexicano Francisco Sánchez le quitara la vida – busca detener a inmigrantes indocumentados en territorio nacional, aún cuando no cuenten con récord criminal.

El caso de Steinle utilizó a Francisco Sánchez como chivo expiatorio, pues el inmigrante había sido deportado varias veces y volvió a Estados Unidos de manera ilegal.

Según reportó Univisión, “El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) había solicitado a las autoridades en San Francisco la detención de Sánchez, pero la Policía de San Francisco lo puso en libertad argumentando que las personas que se encuentran en el país sin autorización no son entregadas a los agentes de inmigración a menos que haya una orden de arresto”.

Dos proyectos con respaldo mayoritario

Después de que el Presidente Trump se reuniera el día miércoles con los familiares de las víctimas de actos cometidos por inmigrantes indocumentados, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes dio el visto bueno para iniciar la votación de ambas propuestas el día de hoy, “asegurando que tenía los 18 votos necesarios en el pleno”.

Aún cuando el voto en la Cámara está parcialmente asegurado, será el Senado el que determine el futuro de ambas leyes.

Según reportó el medio The Hill el día de ayer, los demócratas planean votar en bloque contra la ley santuario, “pero la presidencia de la bancada habría dejado en libertad de decidir respecto a la ‘Ley Kate’”.

Las comunidades reaccionan

Tanto la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), United We Dream y el Movimiento Latino USA de Los Ángeles, han declarado que ambas leyes no sólo representan violaciones constitucionales sino que su intención verdadera sería “autorizar la fuerza de deportaciones y la agenda anti inmigrante del presidente Trump”.

Así lo declaró Lorella Praeli, directora de inmigración y campañas de la ACLU a Univisión, asegurando que la ley contra las jurisdicciones santuario “obligaría a las agencias estatales y locales de policía a violar la Cuarta Enmienda al requerirles que encarcelen a personas sin el debido proceso o causa probable a petición de los agentes federales”.

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