Cuando se trata de qué empresas obtienen la mayoría de los contratos públicos a escala nacional y local, menos del 10% va a parar a pequeñas empresas desfavorecidas. Esto incluye a pequeñas empresas propiedad de personas de color, mujeres o LGBTQ+.

Por eso, al menos a nivel federal, el Presidente Joe Biden ha hecho de la adjudicación de más contratos a empresas diversas de todos los tamaños uno de los objetivos de su administración. Esta semana, la Cámara de Representantes ha dado un nuevo impulso a esta iniciativa, ya que el representante Joaquín Castro ha encabezado a otros 26 diputados en la presentación de la Ley de Transparencia en los Contratos Gubernamentales.

El proyecto de ley, que sigue el modelo de la práctica actual de la Administración Biden de desglosar los datos sobre los contratos públicos adjudicados a personas desfavorecidas por raza, sexo y origen étnico, exigiría que esta práctica se mantuviera en futuras administraciones.

Esos datos también serían accesibles al público en general.

Al presentar el proyecto de ley, Castro destacó el impacto de las pequeñas empresas en su distrito, que comprende la parte occidental de San Antonio y contiene una población mayoritariamente latina.

También ha liderado las peticiones locales para que la ciudad amplíe las oportunidades de contratación pública a pequeñas empresas más diversas. Esto se produjo después de que su oficina publicara un estudio según el cual menos del 20% de los contratos públicos iban a parar a contratistas diversos. El propio distrito es casi un 70% latino. 

"Las pequeñas empresas son motores cruciales de la creación de empleo y de la riqueza de la comunidad", declaró Castro tras presentar la Ley de Transparencia en los Contratos Públicos. "La práctica de la administración Biden de publicar datos desglosados sobre las adjudicaciones de contratos federales ha proporcionado datos importantes sobre el progreso del gobierno federal en la ampliación del acceso equitativo a las oportunidades de contratación, y esta transparencia de datos debe continuar en futuras administraciones." 

La administración Biden comenzó oficialmente su desagregación más profunda de datos en 2021.

Según los datos del Censo de 2020, aproximadamente el 20% de las empresas empleadoras y el 32% de las empresas no empleadoras de EE. UU. son propiedad de minorías. 

En el año fiscal 2022, se gastaron más de 700.000 millones de dólares en contratos gubernamentales, pero menos del 10% fueron a parar a empresas propiedad de minorías. 

Otros notables representantes latinos que se unieron a Castro en la presentación de la ley fueron Raúl Grijalva, Nanette Barragán y Greg Casar. El proyecto de ley también fue respaldado por las Cámaras Negras de Estados Unidos, la Cámara de Comercio Nacional Asiática y de las Islas del Pacífico y la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos.

Ramiro Cavazos, presidente y consejero delegado de la Cámara de Comercio Hispana de EE.UU., ha declarado: "Mediante una mayor supervisión de la forma en que se adjudican los contratos de la SBA, aportamos más transparencia a los contratos públicos y mejoramos la posición de los más de 5 millones de empresas de propiedad hispana para que se les adjudiquen más negocios, una de las formas probadas de ayudar a las empresas a crecer y escalar".