Mientras el país se movilizaba en las horas previas a las elecciones de mitad de período, la maquinaria anti-inmigrante del gobierno se enfocaba en intentar dar el golpe de gracia al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA.

Según reportaron los medios nacionales, “el gobierno de Trump instó a la Corte Suprema de Estados Unidos a emprender rápidamente una batalla legal sobre el futuro de DACA”, intentando lograr que la Corte considerara el asunto incluso antes de que uno de los tribunales federales que ha bloqueado la suspensión del programa llegue a un veredicto.

El argumento del Departamento de Justicia ha sido que “si los jueces no actúan rápidamente, probablemente será demasiado tarde para poner el caso en la agenda de este año”, lo que obligaría al gobierno a mantener el programa en marcha durante, al menos, un año más.

Desde que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión del programa a principios de su mandato, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo ni para conseguir una vía a la ciudadanía para los más de 700.000 jóvenes amparados por el programa, ni para suspenderlo definitivamente.

Tras la demanda colectiva liderada por el estado de Texas contra el programa, la decisión de varias cortes de apelaciones han impedido su suspensión. La primera de ellas fue la corte federal de San Francisco, cuya decisión fue apelada por el gobierno en el 9no Circuito, que debía emitir su sentencia en el caso a finales del mes pasado. Según el subprocurador general del gobierno, Noel Francisco, “esto no ha sucedido”.

Esta ausencia de dictamen le permite al gobierno ejercer algún tipo de presión contra la Corte Suprema, aunque muchos anticipan que será inútil.

“Normalmente toma al menos dos meses presentar un caso ante la Corte Suprema, listo para que los jueces consideren si deben escuchar la apelación o no”, explicó Pete Williams, corresponsal de NBC en el Departamento de Justicia. “Pero a mediados de enero, el tribunal generalmente ha llenado el calendario de argumentos para el período, que finaliza a fines de junio. Entonces, si la corte de apelaciones de California no se pronuncia sobre la cuestión de DACA pronto, habría pocas posibilidades de que el caso esté en el expediente de la Corte Suprema en el plazo actual”.

Asimismo, la estrategia del gobierno de saltarse el debido proceso judicial es una “medida extrema” e injustificada que no ha sido utilizada desde la Era Nixon.

Según explicó el profesor de derecho migratorio de la Universidad de San Francisco, Bill Ong Hing, al San Francisco Chronicle, “Este es un proceso inaudito” que no está justamente argumentado. “Esto no es un asunto de vida o muerte, ni de seguridad nacional. No hay una amenaza inminente para nada”.

“Esta es una medida extraordinaria”, dijo a CBS News Greisa Martínez, recipiente de DACA y subdirectora ejecutiva del grupo de defensa de inmigrantes United We Dream. “(El Sr. Trump) está tratando de utilizar a la Corte Suprema para avanzar en sus objetivos políticos de borrar del país a los jóvenes de color”.