En la Era Trump cualquier alivio para inmigrantes está bajo amenaza, y es precisamente esta inestabilidad el arma más efectiva en una agenda anti-Latinos que es cada vez más evidente.

Uno de los ejemplos más fidedignos de esto es la continua batalla legal por la supervivencia del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Después de que el Presidente Donald Trump anunciara la suspensión del programa a principios de su mandato, el Congreso se ha visto estancado a la hora de conseguir una solución para los más de 800.000 jóvenes que dependen de esta protección para seguir llevando sus vidas en el país que llaman hogar.

Ante la insistencia de estados fuertemente republicanos – y dirigidos por Texas – el gobierno ha intentado de todas las formas suspender el programa, pero varias decisiones de cortes menores han permitido que se mantenga en pie.

La decisión final quedaba en manos del juez Andrew Hanen quien durante la semana pasada sentenció que, si bien “el programa es probablemente ilegal” no ordenará que se suspenda de manera inmediata.

Según reportó Vox, Hanen “decidió que el grupo de estados rojos que demandaban a la Administración Trump poner fin a DACA esperaron mucho para impugnar la legalidad del programa”.

“Los Estados debieron haber introducido una demanda contra el programa entero en el 2012 o poco tiempo después”, aseguró el juez. Pero el hecho de haber permitido que DACA siguiera su curso durante 6 años anularía el argumento de que su continuidad “causaría un daño irreparable”.

“Aquí se ha revuelto un huevo”, escribió Hanen. “Intentar devolverle a la cáscara con sólo un registro preliminar de medidas cautelares, y quizás a costas de un gran riesgo para muchos, no tiene sentido ni sirve a los mejores intereses de este país”, escribió Hanen.

De acuerdo al análisis del New York Times, su decisión fue “inesperada”.

“En su fallo del 2015 sobre el programa para padres, (Hanen) dejó claro que pensaba que ambos esfuerzos para proteger a los inmigrantes indocumentados eran ilegales”, escribió el medio. Tanto activistas como inmigrantes esperaban una decisión parecida en el caso de la demanda colectiva contra el programa.

Sin embargo, en su decisión del pasado viernes, el juez dejó en claro que “pensaba que el programa DACA será declarado ilegal a la larga”, pero que es un “programa popular que el Congreso debería considerar salvar”.

Esta decisión tan sólo profundiza el limbo en el que se encuentran los miles de jóvenes inmigrantes que contaban con la protección contra la deportación y un permiso laboral, así como también aquellos que pretendían aplicar por primera vez al estatus.

Finalmente, y como concluye Vox, DACA sigue en pie, y las posibilidades de que se elimine en los próximos meses son menos, pero la decisión final quedará probablemente en manos de la Corte Suprema, quien probablemente cuente ahora con cinco miembros conservadores que pueden sentenciar a favor de las demandas del presidente.