El 22 de enero de 2002, Jesús Emilio Márquez Gutiérrez fue retenido por un comando paramilitar y nunca más su familia volvió a verlo con vida. Lo asesinaron el 25 de enero, dieciséis días después de que el teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez asumió la comandancia del Batallón La Popa, en Valledupar, en la Costa Caribe de Colombia.

Fue el primero de 127 hombres y mujeres que fueron ejecutados extrajudicialmente en un macabro plan diseñado por quienes dirigían las operaciones de la unidad del Ejército en esa zona del norte del país. El propósito era hacer aparecer como guerrilleros a civiles para obtener beneficios representados en días de descanso o incentivos económicos y ganar puntos con logros militares, lo que en realidad se trató de graves violaciones a los derechos humanos.

Así quedó consignado en el auto de imputación de crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio, que anunció este jueves la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este alto tribunal fue creado en 2017 tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016. Precisamente, es el mecanismo de justicia transicional que investiga, esclarece, juzga y sanciona los más graves crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado hasta el primero de diciembre de 2016.

La medida involucra a dos tenientes coroneles que comandaron el batallón, como responsables de promover y presionar el asesinato de civiles, como parte de la guerra declarada contra organizaciones ilegales de extrema izquierda. También fueron imputados tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales, que pertenecieron al Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005. Hace parte de las investigaciones que adelanta la JEP dentro del capítulo de ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’ en la Costa Caribe, y también en otras zonas del país: Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Hace una semana, la JEP había imputado también crímenes de lesa humanidad y de guerra contra un grupo de militares de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Allí, el principal comprometido fue un general, así como dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un civil, por el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión, entre enero de 2007 y agosto de 2008.

Precisamente, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, señaló este jueves que “el patrón de criminalidad del Catatumbo se repite, con particularidades propias, también en el Batallón La Popa”.

En el anuncio sobre este último caso, la JEP estableció como principales responsables a los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez (comandante del batallón entre 2002 y 2003) y Juan Carlos Figueroa Suárez (entre 2004 y 2005).  Mejía Gutiérrez tiene una activa participación en redes sociales, se autoproclama precandidato a la Presidencia y es respaldado por sectores de extrema derecha conectados con el gobierno colombiano y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entre tanto, de Figueroa Suárez lo que se sabe es que vive en el exterior y que no hay ninguna foto suya en Internet.

La decisión del alto tribunal está consignada en un documento de 418 páginas, en las cuales se encuentran detalles de lo ocurrido, principalmente testimonios de militares que ratifican que asesinaron a civiles como parte de la guerra sucia contra la guerrilla para mostrar resultados ante sus superiores y obtener incentivos. Además, queda clara la fuerte presión hacia la tropa por parte de superiores para lograr resultados sin importar si había que matar civiles y hacerlos pasar como guerrilleros “a como diera lugar”.

Así lo relató Carlos Yobany Medina Bayona, excomandante de varios pelotones, en su versión ante la JEP: “Llegó el coronel Mejía con su prepotencia y a tratarme mal: ‘usted tiene que dar resultados, usted es un estúpido, un bobo y mire su compañero Lora cómo da bajas, ese man sí tiene los cojones puestos, usted es un imbécil, usted es un maricón, usted es un nosequé’”.

Por su parte, el cabo tercero Elkin Rojas, comandante de escuadra, manifestó que en “la mayoría de entrenamiento que estuve siempre me inculcaron eso: ser un asesino. Es lo que siempre me inculcaron, de que yo iba a portar las armas del Estado. Todo lo que hubiera hecho iba a ser legal”.

Se estableció que elaboraban documentos de las operaciones después de ocurridos los crímenes con “información que permitiera darle un manto de legalidad los asesinatos”. El militar Nelson Javier Llanos Quiñones relata en su versión ante la JEP, se refirió a un incidente con el coronel Hernán Mejía, comandante en su momento del Batellón La Popa. “En algún momento lo encontré y le dije: ‘mi coronel, yo no tengo por qué hacer ese informe, anoche no hubo combate, anoche no se disparó’. La respuesta que recibí prácticamente fue la misma que en el caso anterior: ‘hermano, son bandidos y se tienen que morir’”.

En 121 de los 127 asesinatos investigados, las víctimas fueron reportadas como no identificadas y se movían sus cuerpos sin la presencia de la policía judicial para obstaculizar las investigaciones. Públicamente se mostraban con uniformes, armas y material de guerra de grupos ilegales para justificar que murieron en combate. Incluso, en terreno realizaban simulacros para que las comunidades creyeran que efectivamente se trataba de choques con miembros de la guerrilla.

Uno de los casos tiene que ver con el asesinato de 17 hombres y una mujer, ocurrido el 27 de octubre de 2002. Fueron reportados como integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sin serlo y el hecho fue presentado como un gran logro militar.

Asimismo, la JEP indicó que entre 2002 y 2003 se dio una alianza entre el batallón a cargo del coronel Mejía Gutiérrez con grupos paramilitares, organizaciones ilegales de extrema derecha, para acciones conjuntas. Se sabe que los paramilitares, señalados de graves violaciones a los derechos humanos y aliados de bandas de narcotraficantes, entregaron vivos al batallón a 41 civiles que terminaron siendo ejecutados.

Entre las personas asesinadas se encuentran 13 integrantes de las comunidades indígenas wiwa y kankuamo, que habitan en esa región del país. Uno de los casos que más llamó la atención de los magistrados fue el de una niña indígena wiwa de 13 años que estaba embarazada.

Lo sucedido con el Batallón La Popa coincide con el fin de las negociaciones de paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana y las FARC-EP, el 20 de febrero del 2002, y el inicio de una ofensiva militar sin precedentes, apoyada por Estados Unidos, y que tuve su máxima expresión durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). En estos años, la guerra llegó a límites insospechados y a una drástica afectación de la población civil, especialmente en las zonas rurales. Se calcula que 3.633.840 sufrieron en carne propia los efectos del conflicto armado, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas.

A la violencia desatada se sumó la impunidad, que ha sido contrarrestada por la labor de la JEP. Al referirse al caso del Batallón La Popa, el magistrado Cifuentes manifestó que “la mayor parte de los perpetradores han confesado”, lo que implica que desde la justicia transicional de la JEP “se ha avanzado más allá de la justicia ordinaria, a pesar de que la justicia ordinaria les ha dado la primera base a estas investigaciones”.

De las 71 operaciones en las que fueron asesinadas 127 civiles, la justicia penal ordinaria investigó 58 y las otras 13 quedaron en manos de la Justicia Penal Militar, que las archivó o no avanzó. “Los militares se ponían de acuerdo para presentar declaraciones falsas ante la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar”, señaló este jueves el magistrado Óscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento de la JEP. Así, en tres años es más lo que ha hecho la JEP que la justicia penal ordinaria y la Justicia Penal Militar en 20 años.

Como ocurrió en el Batallón La Popa, se investiga lo ocurrido en otras guarniciones militares del país por la responsabilidad de al menos 6.402 civiles ejecutados extrajudicialmente, entre 2002 y 2008, en uno de los capítulos del horror de la guerra de más de 50 años en el país suramericano. A estos casos se les ha denominado ‘falsos positivos’ porque hicieron aparecer como un buen resultado de guerra algo que nada tuvo que ver con la acción armada contra grupos guerrilleros.

La mayor parte de estos casos ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien ha negado cualquier vinculación con estos hechos y ha centrado su discusión en que todo se trata de manipulaciones de tribunales y organizaciones de derechos humanos cercanos a las FARC. Incluso, el expresidente se opone a la existencia de la JEP, ha pedido que allí no sean juzgados los militares y que se le reduzca al máximo el presupuesto. El Centro Democrático, partido de gobierno y liderado por Uribe, y sectores de los militares retirados han dicho que los ‘falsos positivos’ son hechos aislados y que en ningún momento fue algo sistemático.

Sin embargo, así como lo han expresado otros magistrados, Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, señaló este jueves que “en esas unidades militares estaban enquistados aparatos organizados de poder, políticas que fueron ejecutadas y por consiguiente no corresponde simplemente a ‘manzanas podridas’, sino a una organización que pervirtió a la fuerza pública en su interior”.

Ahí están los 6.402 muertos, identificados con nombre y número de identidad de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la JEP, que se ha nutrido de informes de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de Defensa y de organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos.

Ante la JEP, excombatientes guerrilleros y militares responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad deben confesar la verdad para no exponerse a penas superiores a 20 años de prisión en la justicia ordinaria. A cambio de verdad, se someten a sanciones propias de la Jurisdicción, como actividades de perdón y obras de reparación simbólicas y materiales, que determinan el alto tribunal y las víctimas. El objetivo es reparar el daño hecho a las personas y a las comunidades.