Abortar ya no es un delito en Colombia, después de que la Corte Constitucional del país se pronunciara a favor de la despenalización del aborto antes de las 24 semanas de gestación. 

La sentencia se produce después de años de activismo de las mujeres de toda América Latina para conseguir mayores protecciones y derechos, incluido el acceso al aborto.

El Tribunal Supremo de México despenalizó el procedimiento en septiembre y en el Congreso de Argentina se legalizó a finales de 2020. Con la decisión de Colombia, tres de los cuatro países más poblados de la región han abierto el camino hacia un acceso más amplio a los derechos reproductivos. 

Hasta ahora, el aborto sólo era legal en determinadas circunstancias, señaladas  por la Corte Constitucional en la sentencia de 2006: cuando la salud de la mujer estaba en peligro, cuando el embarazo era resultado de una agresión sexual o cuando el feto tenía graves problemas de salud. 

Cualquier otra persona que aborte o ayude a alguien a hacerlo puede ser condenada a entre 16 y 54 meses de prisión. 

En los últimos meses, los magistrados de la Corte Suprema de Colombia examinaron dos peticiones que cuestionaban una parte del código penal que discute esta práctica.

En una de las peticiones, el abogado Andrés Mateo Sánchez Molina dijo que la medida violaba derechos protegidos por la Constitución, entre ellos el derecho a la dignidad humana, la libertad y la igualdad. 

En otra demanda presentada por Causa Justa, una coalición de grupos en pro del derecho al aborto, sostuvieron que la penalización ha creado una imagen negativa del procedimiento, como efecto las mujeres con derecho legal a abortar han desistido ejercer este derecho.

Según la coalición, en algunos casos, la existencia de la sanción penal llevó a los profesionales de la salud a denegar el aborto a mujeres que cumplían los requisitos para ello. 

En otros casos, las mujeres evitaban acudir a los centros sanitarios legales para abortar por miedo a ser encarceladas. En su lugar, las mujeres buscaban alternativas arriesgadas en clínicas clandestinas. 

"Estas barreras afectan principalmente a las mujeres que viven en zonas rurales y remotas, a las mujeres con bajos ingresos, a las adolescentes, a las mujeres y niñas que viven en situaciones de conflicto armado y a las víctimas de la violencia de género, incluida la violencia física y sexual", escribió Causa Justa.

Al final, el tribunal decidió ver primero el caso de Causa Justa. El segundo caso se verá en una fecha posterior, pero la primera decisión no puede ser revocada.

"Esto pone a Colombia a la vanguardia en América Latina. Es histórico", dijo a The New York Times Mariana Ardila, abogada de Women's Link Worldwide, que forma parte de la coalición que presentó uno de los dos casos que cuestionan la penalización del aborto. 

Cientos de mujeres colombianas son investigadas cada año por recibir abortos ilegales. Incluso las mujeres que tienen derecho a que se les practique el procedimiento desde el punto de vista médico se enfrentan a obstáculos para acceder al tratamiento.

Alejandra Gutiérrez, una paciente de 23 años con cáncer de Bogotá, dijo a CNN que su caso tuvo que pasar por un panel de discusión entre tres médicos especializados diferentes, incluyendo un hematólogo y un psiquiatra, antes de que su solicitud fuera aprobada.

Después de casi un mes de numerosas entrevistas, a Gutiérrez se le permitió interrumpir el embarazo. Pero a lo largo del proceso, dijo que recibió poca información sobre los riesgos de interrumpir el embarazo o llevar al bebé a término durante la quimioterapia. 

Durante mucho tiempo, la Iglesia católica sigue teniendo una gran influencia en América Latina, siendo poco comprensiva con las mujeres que desean abortar. Sin embargo, las sentencias históricas de Argentina, México y ahora Colombia, señalan un cambio de perspectiva. 

En Brasil, el país mas grande de América Latina, el aborto sólo está permitido si la vida de la persona está en peligro o cuando el embarazo es resultado de una violación. En El Salvador, República Dominicana, Haití, Honduras y Nicaragua, el procedimiento está prohibido en casi todas las circunstancias. 

"Se trata de que la gente entienda que, independientemente de su opinión, el aborto es un derecho", dijo a la CNN la doctora Laura Gil, ginecóloga de Bogotá que firmó una de las peticiones para cambiar la ley.