La tarde del 9 de Febrero, El Salvador vivió un hecho sin precedentes cuando la Asamble fue tomada por el Ejército y la Policía por órdenes del Presidente Nayib Bukele. 

El Consejo de Ministros había convocado a los diputados a una sesión plenaria extraordinaria para aprobar un préstamo de $109 millones que costearía la Fase III del Plan Control Territorial, que busca controlar los centros penales, interrumpir el financiamiento al crimen organizado y fortalecer los cuerpos de seguridad.

Bukele llegó al Salón Azul escoltado por fuerzas militares y policiales, felicitó a los diputados que se habían hecho presentes y dijo: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración”.

De acuerdo a medios nacionales, el primer mandatario advirtió a los parlamentarios que si en una semana no aprueban el crédito, le dará al “pueblo” el poder para que se tome la Asamblea.

Después se sentó, miró al techo, dijo una oración y sin decir una sola palabra, se levantó abruptamente de la silla, pasó de largo ante todos los diputados, que lo miraban atónitos y se retiró.

Regresó a la tarima en donde lo esperaban los ciudadanos  que había convocado previamente, el 6 de Febrero, y les dijo lo que “Dios le había manifestado en su oración.”

El Plan de Control Territorial fue inaugurado en junio de 2019, con la primera fase completamente financiada por el Estado.  Un mes después, se dio a conocer el costo de la segunda fase,  152 millones de dólares.  

Pero el conflicto entre los dos órganos de Estado comenzó con el desembolso de los fondos para la fase III, tras la convocatoria a la plenaria extraordinaria que hizo el Ejecutivo.

6 de febrero

El presidente Bukele anuncia que el Consejo de Ministros convoca a la Asamblea de reunión extraordinaria el  domingo 9 de febrero para votar por el préstamo de seguridad de 109 millones de dólares.

Ante eso, el presidente del Congreso, Mario Ponce, convoca a una sesión plenaria el viernes 7 de febrero.

7 de febrero

El presidente Bukele convoca al pueblo salvadoreño a reunirse el domingo 9 de febrero a las afueras de la Asamblea Nacional. 

Media hora después, El presidente de la Asamble pide a los diputados reunirse pasado el mediodía, para tratar el tema del préstamo.

8 de febrero

Ponce convoca a una nueva reunión plenaria a las 8:30 de la noche, hora local. Pero por falta de quórum, se cancela y se reagenda una nueva sesión para el lunes 10 de febrero.

Bukele, por su parte, decide militarizar los alrededores del Palacio Legislativo, desacreditando así a los responsables de la seguridad de la Asamblea.

9 de febrero

Teniendo la prerrogativa de redoblar la seguridad, Bukele ordena a soldados, policías y francotiradores entrar a la Asamblea, donde decenas de diputados esperaban reunirse para debatir el préstamo. 

A pesar de que muchos han calificado el uso de la fuerza militar por parte de Bukele como inconstitucional, el presidente mantiene la postura de que el Ejecutivo, gracias al artículo 167 de la Constitución salvadoreña, tiene la facultad para “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”. 

Sin embargo, asambleístas, abogados constitucionalistas y organizaciones señalan que  la convocatoria del Gobierno es “improcedente”, porque sólo aplica en “catástrofe nacional o de amenaza a la soberanía”.

Por ello, dos ciudadanos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la que piden de forma “urgente” una medida cautelar.

Pero Bukele no se arrepiente. 

En entrevista con el diario español El País, el primer mandatario salvadoreño catalogó la intervención militar dentro del Salón Azul como “un acto de presencia”, y dijo:

 “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo”. 

“El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche. (…) Tenemos todas las posibilidades para hacer lo que la gente me estaba pidiendo que hiciera”, añadió Bukele. 

Acciones con las que no concuerda el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

A traves de su cuenta de Twitter, Vivanco calificó el hecho como “exhibición de fuerza bruta” y pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuestionando al primer mandatario su concepto de la democracia.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, instó a los legisladores a “dialogar en búsqueda de consensos y a mantener la calma”.

Un acercamiento más neutral, que el del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, Eliot Engel, quien señaló el momento crítico por el que atraviesa El Salvador y le recordó a los legisladores que “Los ojos del mundo están en El Salvador y Nayib Bukele”.

“El Ejército salvadoreño no debe ser usado para resolver disputas entre el Presidente y la Asamblea. Diferencias entre civiles deben ser resueltas por instituciones civiles”, dijo el funcionario, según la cuenta de Twitter del Comité que preside.

El lunes, los legisladores celebraron se reunieron para una reunión de emergencia, donde el presidente de la Asamblea Mario Ponce calificó las acciones de Bukele como "un intento de golpe de Estado". 

La reunión, previamente fijada el 8 de febrero, fue cancelada ya que Ponce pidió a una comisión legislativa que investigara el incidente del domingo. 

Mientras tanto, el Presidente Bukele se burló de Ponce en Twitter y proclamó la efectividad de su plan de seguridad basandose en que no se había informado de ningún asesinato el lunes.

Entre estos acontesimientos, el pueblo de El Salvador se divide entre los que protestan por las acciones de Bukele y aquellos cuyo apoyo llega incluso a las redes sociales.