El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, y el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, alabaron la legislación de reforma de la justicia penal que el Congreso aprobó a principios de este mes, en una rara señal de bipartidismo.

El First Step Act, que el Presidente Trump promulgó como ley el pasado 21 de diciembre, reducirá las sentencias por crack y rebajará las sentencias mínimas obligatorias, entre otras medidas descritas por The Marshall Project.

El mayor impacto inmediato del proyecto de ley, explica el Proyecto Marshall, será su implementación retroactiva de la Fair Sentencing Act de 2010, que redujo la diferencia significativa en los castigos entre los delitos de cocaína y crack, el primero históricamente más frecuente en las comunidades negras.

Esto afecta a los 2.600 internos federales en prisión en la actualidad por delitos de crack cometidos antes de 2010.

El gobernador Wolf elogió a los dos senadores del estado, el demócrata Bob Casey y al republicano Pat Toomey por sus esfuerzos para aprobar esta legislación.

"Agradezco a los senadores Casey y Toomey por sus votos a favor de esta legislación que podría marcar la diferencia en las vidas de los muchos residentes de Pensilvania encarcelados en prisiones federales con sentencias excesivamente punitivas", dijo Wolf en un comunicado.

"Con estos pasos positivos para reformar el sistema de justicia penal a nivel federal, Pensilvania puede aprender y, con suerte, seguir el progreso de las reformas pendientes en nuestra Asamblea General", agregó.

El alcalde Kenney, quien nunca es tímido con sus críticas al gobierno de Trump, se lanzó a Twitter y dijo que "la Ley First Step representa el primer signo de progreso real para arreglar nuestro sistema de justicia penal".

Según datos de The Sentencing Project, Estados Unidos tienen la tasa de encarcelamiento más alta del mundo en la actualidad, con 670 por cada 100.000 habitantes.

Eso significa que existen 2,2 millones de personas encerradas en prisiones y cárceles de todo el país. Un número que ha aumentado en un 500 por ciento en los últimos 40 años, gracias, en gran parte, a la guerra contra las drogas y las sentencias mínimas obligatorias.

La tasa de encarcelamiento de Pensilvania es incluso más alta que el promedio de los Estados Unidos. Unas 96.000 personas en el estado están en prisión, según la Prison Policy Initiative.

El desequilibrio racial también se deja sentir en el sistema. Los latinos en Pensilvania son encarcelados a una velocidad cinco veces mayor que la de los blancos. Mientras que las personas negras tienen casi nueve veces más probabilidades que los blancos de ser encarceladas.

Otras reformas establecidas en First Step Act incluyen la prohibición de que las prisioneras embarazadas sean encadenadas y promover la participación en programas de rehabilitación.