¿Recuerda la indignación colectiva tras revelarse que los niños migrantes era sus propios abogados en los tribunales de inmigración? Eso fue después de descubrir que también eran detenidos y separados de sus padres a lo largo de la frontera sur. El resultado fue el mismo...indignación.

El primer informe se filtro en junio de 2018, con una niña de tres años trepandose a una mesa, en medio de su propia audiencia. Completamente inocente a las consecuencias e incapaz de comprender  las ramificaciones.

"Realmente destaca la absurdes que estamos cometiendo con estos niños", dijo Lindsey Toczylowski, directora ejecutiva del Centro Immigrant Defenders Law en Los Ángeles, en ese momento.

Si bien el disparate de separar a las familias en la frontera se detuvo, la compleja situación de los niños que se representan a sí mismos mostró una falla letal en el sistema migratorio. Misma que ha existido  incluso antes del presidente Donald Trump y su amado muro, y que continúa hasta hoy.

La raíz del problema comenzó en 1963, con la aprobación de Gideon v. Wainwright. El caso histórico de la Corte Suprema dictaminó que cualquier persona acusada de un delito, que caresca de recursos para pagar por representación legal, debe contar con un abogado otorgado por el estado y también tiene derecho a un asesor legal gratuito. En resumen, creó el sistema de defensores públicos tal como lo conocemos hoy.

El punto importantede Gideon v. Wainwright, a través de un lente de ley migratoria, es que se aplica a los procedimientos penales, no civiles. Los procedimientos penales se refieren a delitos contra el público o la sociedad, mientras las demandas civiles se refieren a delitos contra una persona o ente privado.

La ley de inmigración es considerada un procedimiento civil. Lo que significa que aquellos que aparecen en un tribunal de inmigración no tienen derecho a un abogado o asesor legal. Dando así más acceso a asesoría legal a los inmigrantes que cometen delitos en territorio estadounidense, que los que tienen la mala suerte de ser recogidos en las redadas de ICE.

La única manera de garantizar representación legal, para inmigrantes sujetos a juicios civiles, es que paguen de su bolsillo.

Encontrar el asesoramiento legal adecuado para casos de migración es difícil, incluso si se pueden afrontar el costo. Pero es especialmente difícil en un centro de detención, donde las reuniones con los abogados son dictaminadas por la institución y los migrantes no tiene una fuente de ingresos.

Hay muchas organizaciones legales sin fines de lucro en todo el país. Algunas son pro bono, otras tienen tarifas reducidas. Pero la necesidad supera con creces a la oferta.

Antes de la crisis actual -estimulada por las políticas de la administración del gobierno en turno- Robert Katzmann, juez del Segundo Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Nueva York ya había notado la disyuntiva. Utilizando su posición, Katzmann recolecto fondos para iniciar un estudio que informe sobre la falta de representación de los casos de inmigración en 2010.

Como resultado del estudio nació el Cuerpo de Justicia de Inmigración, una de las primeras organizaciones en ofrecer representación gratuita para inmigrantes en los tribunales.  Financian su trabajo por medio de subvenciones del gobierno y del sector privado. Iniciando así un movimiento en todo el país que, durante la última década, se ha expandido a seis estados que dedican una parte de sus impuestos a la representación legal de inmigrantes.

Hemos progresado, pero hasta que se amplíe la ley para incluir una definición más clara de los procedimientos legales de inmigración, los problemas continuarán para quienes más lo necesitan.