El texto lleva por nombre Declaración de Lima, y está suscrita por representantes diplomáticos de 12 países de América y el Caribe, que consideran que Venezuela “ya no es una democracia” y la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente impuesta por la cúpula del chavismo es “ilegítima”.

La Declaración condena asimismo la “violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”.

El documento expone de manera puntual que los países firmantes desconocerán la Asamblea Nacional Constituyente, y sólo considerarán legítimos los actos llevados a cabo bajo el amparo de la Constitución de 1999 y que fueran aprobados por la Asamblea Nacional elegida democráticamente en los comicios del 2015.

Los países que suscribieron fueron Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y México, y contaron con la asistencia de representantes de Guyana, Granada, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay.

El documento es una respuesta al “suprapoder” conformado exclusivamente por chavistas y que ha tomado el control del gobierno venezolano, iniciando una serie de persecuciones políticas que han resultado en la detención de varios alcaldes opositores, así como la destitución de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

Para contrarrestar el proceso, la Declaración de Lima pretende desconocer cualquier “candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales”, pues el país sudamericano “no cumple con los requisitos y obligaciones establecidos por la ONU en materia de derechos humanos”, según reportó la BBC.

Los países firmantes, “manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria que vive el país sudamericano y manifestaron su condena al gobierno de Maduro”, responsabilizándole de “no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano”.

Asimismo, la coalición de países americanos llamó a “detener la transferencia de armas hacia Venezuela, sobre la base de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas”.

El representante del país anfitrión, Ricardo Luna, sentenció con vehemencia: “lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Esta situación no tiene salida. Tenemos que actuar. Se ha roto el orden democrático, es una situación incompatible con la democracia en esta región que tanto costó construir”, según transcribe el diario El País.

La estrategia de esta coalición – que representa la mayor parte del continente – es la de aislar al régimen de Nicolás Maduro, intentando lograr una solución democrática a través de la presión internacional, un escenario único en la historia democrática de Latinoamérica.

Después del fracaso de la Organización de Estados Americanos (OEA) para lograr un acuerdo con respecto a la crisis venezolana, la gran mayoría de países de la región que denuncian la crisis venezolana han optado por otras vías diplomáticas, como la suspensión de Venezuela del Mercosur y ahora la formación de un pacto independiente.

Esto deja a Venezuela aislada de manera importante en la política regional, contando tan sólo con el apoyo de Bolivia, Ecuador, Cuba, El Salvador y Nicaragua.

Siguiendo con la demagogia que ha caracterizado al régimen chavista durante más de una década, Maduro denunció que “Venezuela está siendo agredida por los factores imperiales y las oligarquías latinoamericanas”, en un grito ahogado para justificar lo que para todos es, obviamente, la instauración de una dictadura del siglo XXI.