El 2018 trae consigo elecciones, campañas y oportunidades para defender y resistir ante los injustos cambios que se han asomado durante los últimos doce meses.

Para Ali Noorani (director ejecutivo del National Immigration Forum desde el 2008),  este nuevo año es la oportunidad para que tanto republicanos como demócratas “consigan el espacio político para trabajar en torno a un compromiso sensible”, en especial en lo que concierne a las políticas migratorias.

En miras de lograrlo, tres fechas son clave:

Cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá decidir extender o no el Estatus Temporal de Protección para 195.000 salvadoreños, lo que implicará que el Congreso deberá buscar una “solución legislativa” eficiente para los recipientes.

Cuando se cumple el próximo plazo de financiación del gobierno. Este es el momento en el que los Dreamers (jóvenes traídos al país de manera irregular por sus padres) y sus aliados deben “presionar a ambos partidos en el Capitolio para lograr un arreglo en el acuerdo de gastos” que permita una solución a la documentación de estos inmigrantes.

Cuando se vence el último plazo para que la administración Trump dé por terminado el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Para Noorani (quien ha colaborado con el National Institute for Latino Policy con estos datos), la diatriba de la administración por conseguir un sistema migratorio equilibrado (entre la seguridad nacional y la atracción de nuevos talentos al territorio), podría definir el futuro del país.

Según explica en su columna de opinión para USA Today, nuestro sistema de inmigración “no está preparado para enfrentar ese futuro”.

Para lograrlo, el director ejecutivo expone que se necesitarían tres elementos fundamentales:

1. Permitir a los Dreamers, que han pasado la verificación de antecedentes, aplicar al estatus legal y obtener la ciudadanía.
2. Asegurarse de que los recursos del orden público se enfoquen en la seguridad pública y en las amenazas a la seguridad nacional, a través del registro de inmigrantes indocumentados a quienes se les permita postular al estatus legal.
3. Trabajar por un sistema de inmigración legal que “sirva a los intereses a largo plazo de los trabajadores estadounidenses y de la nación”, a través de la atracción de inmigrantes cuya mano de obra sea indispensable para el desarrollo de la economía.

En esto coincide el análisis de Stuart Anderson para Forbes, donde explica que “la premisa de la orden ejecutiva ‘Buy American and Hire American’, que justifica las nuevas restricciones migratorias, es que los trabajadores estadounidenses no pueden encontrar trabajo por culpa de los inmigrantes y los poseedores de visa temporal, y es una excusa extraordinariamente débil”.

Para el columnista, el argumento es sencillo: los niveles de inmigración en Estados Unidos no han cambiado desde la Ley de 1990 y la tasa de desempleo ha seguido desplomándose.

Pero con el ataque constante al inmigrante, el problema se ha invertido y, según reporta el Washington Post, la amenaza de la economía ahora son los puestos vacantes.

Entre la incesante campaña por el muro, la eliminación del Estatus de Protección Temporal, la recisión del DACA, la politización de los ataques terroristas y el aumento de las redadas del ICE, Estados Unidos corre el riesgo de quedarse sin trabajadores y darle un duro golpe a la economía, y evitarlo está en manos de la ciudadanía y los funcionarios públicos que deberán escoger este año durante las elecciones de noviembre.