El martes 29 de marzo, la concejala Kendra Brooks, junto con la senadora estadounidense Elizabeth Warren, presentó el "Impuesto sobre la Riqueza de Filadelfia", un proyecto de ley que establecería un impuesto sobre todas las tenencias directas de acciones, en un intento de arreglar el maltrecho sistema fiscal del país.

Incluso antes de que se produjera la pandemia, los habitantes de Filadelfia, al igual que los de las ciudades de todo el país, tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la vivienda, el cuidado de los niños, la alimentación y los servicios públicos, y estos costes absorben una parte cada vez mayor del sueldo neto de la mayoría de las personas.

Casi una cuarta parte de los habitantes de Filadelfia, y el 34% de los niños de esta ciudad, viven por debajo del umbral de pobreza federal, lo que supone la tasa más alta entre las 10 mayores ciudades del país.

Por otro lado, los más ricos están prosperando. Solo los multimillonarios de Filadelfia han ganado cientos de millones de dólares, como el CEO de Comcast, Brian Roberts, que aumentó su riqueza en 200 millones de dólares de 2020 a 2021.

Durante la conferencia virtual, Warren dijo que propuestas como esta son muy populares entre los estadounidenses porque entienden que el sistema está amañado, y no a su favor.

"Permite a los ricos y a los poderosos hacerse ricos y más poderosos a costa de las familias trabajadoras", dijo Warren.

La presión pública a favor del impuesto se produce sólo dos días antes de que el alcalde Jim Kenney presente su propuesta de presupuesto al Ayuntamiento para el año fiscal que comienza el 1 de julio.

La nueva propuesta, que Brooks tiene previsto desvelar oficialmente en la reunión del Consejo de este jueves, gravaría a los habitantes de Filadelfia con una tasa de hasta el 0,4% de sus participaciones directas en acciones y bonos. Sólo un 15% de los estadounidenses son propietarios directos de acciones.

La oficina de Brooks dijo que el impuesto podría generar entre 150 y 400 millones de dólares al año. El presupuesto actual de la ciudad es de 5.400 millones de dólares. 

Gran parte de las negociaciones sobre el presupuesto de la ciudad del año pasado se centraron en el gasto, en términos de fondos de ayuda para la pandemia y programas de prevención de la violencia, pero este año se espera que el enfoque principal sea en los impuestos, debido a una reevaluación de los valores inmobiliarios que se publicará pronto. 

La propuesta de Brook probablemente se enfrentará a una batalla difícil, y no se espera que se apruebe en el actual Consejo, pero los progresistas tienen la esperanza de que su campaña cambie el centro de gravedad en el debate sobre la estructura fiscal de la ciudad. 

Muchas ciudades y pueblos de Pensilvania, incluida Filadelfia, tenían impuestos locales sobre las posesiones financieras, conocidos como impuestos sobre la propiedad personal, hasta la década de 1990, cuando los individuos ricos y las instituciones financieras se rebelaron contra ellos. 

En 1997, la ciudad abandonó su impuesto ante la amenaza de los bancos de abandonar la ciudad. Ese mismo año, el multimillonario Walter Annenberg, difunto propietario de The Philadelphia Inquirer, presentó una demanda contra el impuesto sobre la propiedad personal del condado de Montgomery.

Al año siguiente, el Tribunal Supremo de Pensilvania dictaminó que parte del impuesto sobre la propiedad personal era inconstitucional. 

Sin embargo, el tribunal defendió el derecho de los gobiernos locales a gravar la riqueza individual, y Brooks cree que ha llegado el momento de resucitar esta política, citando los recientes estudios que demuestran que los multimillonarios estadounidenses aumentaron enormemente su riqueza durante la pandemia. 

"Podemos optar por realizar profundas inversiones en los barrios de la clase trabajadora que se han visto desproporcionadamente afectados por la pandemia y por décadas de desinversión. Podemos elegir que todos paguen su parte. Y podemos elegir luchar por la ciudad que merecen nuestros hijos y nietos", dijo Brooks. 

A Brooks y Warren se unieron también el concejal Jamie Gauthier y los líderes sindicales que representan a los trabajadores no uniformados de la ciudad. 

Cathy Scott, presidenta del Consejo de Distrito 47 de AFSCME, que representa a miles de trabajadores de la ciudad en el sistema de bibliotecas y parques y actividades recreativas, habló de la grave falta de financiación que sufren estos programas cruciales de la ciudad. 

"Llevamos años escuchando que las bibliotecas, los centros recreativos y los servicios de salud mental no podían financiarse adecuadamente porque simplemente no había suficiente dinero en el presupuesto. Recaudar más dinero con un impuesto sobre la riqueza, haciendo que las personas que ganaron tanto dinero durante la pandemia lo compartan con otras personas que viven en la ciudad es algo muy importante para nuestro sindicato", dijo Scott. 

Este impuesto sobre la riqueza, que sería el primero que se promulgaría en una gran ciudad estadounidense en décadas, podría servir de modelo para que las ciudades de todo el país hagan frente a la pobreza relacionada con la pandemia y a años de desinversión comunitaria. 

La propuesta es muy popular entre los líderes sindicales y los defensores de la comunidad que llevan años presionando para que se invierta más en los servicios de la ciudad. En la conferencia virtual, representantes de AFSCME DC 44 y AFSCME DC 33 expresaron su apoyo, así como líderes del Partido de las Familias Trabajadoras de Pensilvania y del Centro de Acción sobre la Raza y la Economía. 

"Tenemos que equilibrar la balanza y para ello tenemos que cambiar la forma en que se distribuye la riqueza. Ya es hora de que los ultra ricos paguen su parte justa para que podamos financiar plenamente los servicios y comodidades de la ciudad y llevar la prosperidad a las comunidades de la clase trabajadora", dijo el concejal Jamie Gauthier, co-patrocinador del proyecto de ley.