El escándalo que enfureció a los residentes de Los Ángeles, provocado por una conversación racista, sigue envolviendo al Consejo Municipal de Los Ángeles a principios de esta semana, ya que el organismo local aplica medidas punitivas contra los miembros restantes de una reunión que contenía comentarios racistas.

Los concejales Gil Cedillo y Kevin de León son los dos miembros supervivientes y activos en la cámara municipal. Nury Martínez -la anterior presidenta del consejo municipal- anunció que se tomaría una licencia antes de presentar su dimisión. 

La medida incluía a la ex miembro Martínez, ya que la medida se presentó antes de su dimisión. 

En una votación unánime, 12-0, liderada por Paul Krekorkian, el presidente del consejo en funciones y el Consejo Municipal de Los Ángeles avanzaron en la censura tanto de Cedillo como de León por su papel directo en una reunión filtrada a puerta cerrada en la que se lanzaron comentarios racistas. 

La censura no significa que Cedillo y de León estén suspendidos, sino que ambos no han suscrito la conducta esperada del ayuntamiento. La censura también activa un comité ad-hoc para determinar si se justifica una investigación penal. 

El consejo, en su condición de tal, no puede suspender ni destituir a sus miembros, pero la censura envía un duro mensaje, agravado por las persistentes exigencias de dimisiones inmediatas. 

"Nos va a llevar años reconstruir esta confianza", dijo el concejal Paul Koretz antes de la votación.

Krekorkian, que también ha pedido la dimisión de Cedillo y de León, dijo a ABC7 que exploraría "todas las opciones legales disponibles" para destituirlos. 

"Es una cuestión difícil", dijo Krekorian. "Ciertamente no quiero una situación en la que la mayoría de un consejo que no está de acuerdo con un concejal diga: 'Oh, bueno, él o ella no está cumpliendo con su deber'. Así que tiene que haber una definición clara de lo que significa".

Pero la censura, dijo el concejal Bob Blumenfield, envía un mensaje unificado. 

"La censura es nuestra voz colectiva, y este voto deja constancia formal del consejo", dijo Blumenfield a ABC7. 

Cedillo y de León, que han estado notablemente ausentes de las reuniones del consejo, no han indicado que la dimisión esté en su radar. 

Cedillo se ha distanciado de los focos, aparentemente intentando pasar desapercibido a medida que aumentan las presiones para su destitución del ayuntamiento. Su mandato termina en diciembre de 2022. 

De León, por su parte, se embarcó en una gira de medios. En sus paradas, expresó repetidamente sus disculpas, pero mantiene que no se exime de sus obligaciones, y que "no es la persona que la gente ha estado pintando que soy". 

Al concejal del Distrito 14 le quedan dos años de mandato. 

"No hay ninguna posibilidad realista de que usted pueda seguir sirviendo efectivamente", dijo Krekorian a de León en una carta. "Cada día que permanece interfiere con la capacidad de funcionamiento del consejo, retrasa el proceso de recuperación de la ciudad, perjudica a sus electores y reduce su posibilidad de redimirse".

Krekorkian no anda desencaminado. Desde que la publicación de la cinta hizo su recorrido por los titulares nacionales, las cámaras del ayuntamiento se han encontrado con manifestantes diarios que se niegan a disminuir los esfuerzos para presionar a Cedillo y de León para que dimitan.

Además de las interrupciones diarias, los comentarios vertidos durante la reunión han desencadenado investigaciones legales. 

El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando si la reunión fue grabada legalmente según la ley estatal - de acuerdo con la ley de California, todos los participantes deben dar su consentimiento para ser grabados. El fiscal general Rob Bonta dice que los asuntos relacionados con la grabación son competencia de la policía, y no de su oficina. 

Además, la investigación se derivó de los comentarios planteados en relación con la redistribución de los distritos, y si se ejecutó legalmente, de acuerdo con Bonta, un demócrata. 

Bonta dice que los hallazgos podrían conducir a la responsabilidad civil o a cargos penales, de acuerdo con lo que se encuentre en la investigación.