Con el futuro de los beneficiarios del DACA todavía pendiente del debate que tendrá lugar en el Congreso el 8 de febrero, un grupo de activistas y funcionarios universitarios de la región están haciendo un llamamiento a las instituciones de educación superior para que apoyen a estudiantes beneficiarios del programa y a los que permanecen indocumentados. 

"Creo que este es el momento de que las instituciones educativas defiendan de verdad a las comunidades inmigrantes", dijo Maria Sotomayor, subdirectora de la Coalición de Pensilvania por la Inmigración y la Ciudadanía (PICC, por sus siglas en inglés). Sotomayor y otros en el PICC han creado un set de herramientas de acceso a la educación para estudiantes indocumentados cuyo fin es ayudarlos a navegar en los procesos de solicitud y matriculación a la universidad y saber qué instituciones del estado les ofrecerán mejores recursos y servicios de apoyo una vez se inscriban. 

Aunque las estadísticas exactas no están claras, se estima que en EE.UU hay 241,000 estudiantes universitarios beneficiarios del DACA, según un informe del Migrant Policy Institute del año 2014.  Hoy se enfrentan a la difícil situación de tener que decidir si invierten su tiempo y dinero en finalizar unos estudios que “quizás no puedan usar nunca”, expresó Sotomayor, ya que - si el Congreso no lo impide -, el programa DACA finalizará el 5 de marzo. 

Las facultades y universidades desempeñan un papel vital en proporcionar apoyo legal, financiero y emocional a los estudiantes indocumentados, afirmó Sotomayor. Ella misma fue indocumentada mientras estudiaba en la Universidad Neumann, de donde se graduó en 2013. 

Sotomayor dijo que la labor de defensa del PICC en la educación superior pasa por exigir a las universidades que sean más claras en su política pública de admisiones, apliquen el principio de equidad en las tarifas de las matrículas, creen y continúen fomentando nuevas ayudas financieras para los estudiantes indocumentados, den formación a su personal facultativo sobre el sistema de inmigración, desarrollen políticas de acogida en el campus y construyan relaciones con otras organizaciones de defensa de inmigrantes. 

El programa BUSCA de la Universidad de La Salle, un programa adaptado a las necesidades de los estudiantes de habla hispana que aprenden inglés, es un ejemplo de cómo algunas de las medidas promocionadas por Sotomayor se implementan sobre el terreno. 

Diseñado para preparar a los estudiantes para la inscripción eventual en un programa de licenciatura , BUSCA ofrece al menos dos medias becas en cada clase a estudiantes que no son elegibles para fondos estatales y federales, eliminando parte de la carga financiera que, según Sotomayor, es uno de los mayores obstáculos que sufren los estudiantes indocumentados para acceder a la educación superior. 

Además de servicios de asesoramiento y tutelaje, la escuela también provee a los estudiantes indocumentados de recursos legales, incluidas consultas informales con un abogado miembro del programa BUSCA y un fondo para gastos legales. 

Pero conectar a estos estudiantes con los recursos es un proceso delicado, alertó la Dra. Stephanie Brown, profesora de escritura del programa BUSCA y experta en DACA de La Salle. 

"Debe hacerse de boca en boca, permitiéndoles que lo vayan divulgando", dijo Brown. En sus clases, la profesora menciona a menudo su trabajo con la comunidad indocumentada, incluido el voluntariado con el PICC y la organización de derechos de inmigrantes “Juntos”. Así consigue que los estudiantes indocumentados acudan en su búsqueda al salir de clase y se reúnan con ella durante su horario de oficina. 

Brown conecta a los estudiantes mediante la página de Facebook y el sitio web "My Undocumented Life" (“Mi vida indocumentada”),  administrado por una estudiante de doctorado y antigua beneficiaria de DACA en Harvard, que funciona como un foro online y "una red de becas para estudiantes indocumentados". 

"Creamos espacios seguros, uno de ellos es mi oficina", dijo Brown. "Dejamos que los estudiantes interesados sepan que estamos disponibles". 

La directora de BUSCA, Joanne Woods, aseguroo que este tipo de conexión personal es de un valor incalculable, y citó el impacto  que tuvo una carta de apoyo a los estudiantes beneficiarios de DACA publicada por la universidad y difundida por los maestros en los días posteriores a que la administración Trump anunció el fin del programa. 

"Parece algo pequeño, pero creo que para ellos significó muchísimo", expresó Woods. 

Para Sotomayor, el cambio legislativo más importante para conseguir aumentar el acceso de los estudiantes indocumentados a la educación superior radica en establecer la equidad de matrículas en las escuelas estatales (que los residentes indocumentados en Pensilvania sean tratados igual que los residentes “documentados”). Esta medida sería especialmente significativa para los beneficiarios del DACA, que podrían perder sus permisos de trabajo y su principal fuente de ingresos cuando se termine el programa. 

"Lo único que queremos es ser vistos como estudiantes del mismo estado. No pedimos una educación gratuita", afirmó Sotomayor.