El departamento de Educación publicó esta semana una propuesta regulatoria que busca aliviar la carga de la deuda de préstamos estudiantiles para los prestatarios cuyas escuelas cerraron o les mintieron, que están total y permanentemente discapacitados y para los trabajadores del servicio público que han cumplido con sus compromisos bajo el programa de Perdón de Préstamos del Servicio Público (PSLF)

Según el comunicado de prensa publicado ayer por el departamento de Educación, la normativa también propone acabar con la gran cantidad de casos de capitalización de intereses y ayudará a que más prestatarios con discapacidad total y permanente reciban y mantengan la exención a la que tienen derecho según la ley. El reglamento propuesto permitiría un conjunto más amplio de estados de discapacidad reconocidos por la Administración de la Seguridad Social (SSA) para calificar al perdón de deudas, eliminar el período de tres años de seguimiento de los ingresos para los prestatarios que reciben descargas basadas en una determinación por un médico o SSA y ampliar los tipos de documentación y las firmas que los prestatarios pueden presentar para demostrar que son elegibles para el alivio.

"Nos hemos comprometido a arreglar un sistema roto. Si un prestatario cumple los requisitos para recibir una ayuda en forma de préstamo estudiantil, no debería ser necesario hacer montañas de papeleo ni obtener un título de abogado para obtenerla. Los beneficios de los préstamos estudiantiles tampoco deberían ser tan difíciles de obtener que los prestatarios nunca se beneficien realmente de ellos. La Administración Biden-Harris está decidida a construir un sistema de préstamos estudiantiles más accesible, asequible y responsable. Estas regulaciones propuestas protegerán a los prestatarios y les ahorrarán tiempo, dinero y frustración, y responsabilizarán a sus universidades en caso de que se cometan infracciones”, aseguró el Secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona.

Se espera que la normativa propuesta salga a la luz en los próximos días. Se invita al público a presentar sus comentarios durante 30 días. El Departamento pretende finalizar estas normas antes del 1 de noviembre de este año, lo que significa que entrarán en vigor a más tardar el 1 de julio de 2023. Las normas proponen mejoras necesarias y fundamentales para el sistema de préstamos a estudiantes, además de ofrecer una agenda equitativa para una educación más allá de la secundaria.

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