Ana Gomez Ramirez llegó a Estados Unidos en 2005 huyendo de la pobreza y la violencia en El Salvador. Su madre y su hermana vivían en Washington DC y con el dinero ahorrado pudieron pagarle el viaje a Estados Unidos, donde entró de forma ilegal, cruzando Guatemala sola en un autobús, y cruzando la frontera de forma ilegal en Texas. Tenía solo 14 años.

A pesar de haber entrado de forma ilegal, en 2012 Gomez Ramirez vio como su futuro se volvía esperanzador cuando el presidente Barack Obama instauró el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). El programa iba dirigido a proteger a los miles de inmigrantes indocumentados que habían entrado en el país con menos de 16 años, en su mayoría Latinos.  Los beneficiarios del DACA tienen derecho a vivir y a trabajar en Estados Unidos, con la condición de que hayan estudiado el Bachillerato o estén registrados en el instituto, y no cometan ningún crimen o violación penal en los EEUU.

Ana Gómez Ramirez aprovechó bien su oportunidad y consiguió abrirse camino en este país. Primero trabajó en un McDonalds, después en una empresa de comida India; fue camarera, empleada de un túnel de lavado y terminó sus estudios. Todo el dinero que ganaba lo enviaba a su abuela y al resto de la familia, en El Salvador.

 En la actualidad, esta joven salvadoreña de 26 años, casada con un norteamericano y madre de tres niñas, trabaja como cajera en la cafetería de un edificio del Senado de Estados Unidos, en Washington DC, según un reportaje del Huffington Post.

Justo el año pasado, la Dreamer recuerda haber atendido al senador Jeff Sessions, entonces senador republicano del estado de Alabama. “Era muy simpático”, dice, en referencia al que hoy en día ocupa el puesto de Fiscal General de la Administración Trump y mano derecha en su política de mano dura con la inmigración ilegal.

Aunque Trump ha insistido en que los ‘Dreamers” no son prioridad, las detenciones y arrestos de beneficiarios del DACA se han multiplicado por el país desde que tomó posesión de la presidencia, en enero. Este hecho ha sembrado la alarma entre los más de 750,000 ‘Dreamers” en el país, que temen ahora que se les suspenda su estatus legal y sean deportados a sus países de origen.

Y Ana Gomez Ramirez sabe que no es una excepción, a pesar de trabajar en un edificio del gobierno.