A la líder indígena lenca Berta Cáceres la mataron en su casa una noche de principios de marzo de 2016. Varios hombres armados entraron y la asesinaron a tiros hiriendo también al activista mexicano Gustavo Castro. 

Dos años después, hubo un juicio fruto de la presión internacional y siete personas fueron condenadas, entre ellos funcionarios de seguridad del Estado, empleados de DESA, la compañía de la presa cuya construcción Cáceres intentaba impedir, y varios sicarios a sueldo. 

Nina Lakhani fue la única periodista extranjera que asistió al juicio. Había conocido a la defensora social y se había reunido varias veces con ellas en los años anteriores a su muerte. 

La primera vez que se vieron, Berta le dijo: “El ejército tiene una lista de asesinatos con mi nombre al principio. Quiero vivir, pero en este país hay una total impunida. Cuando quieran matarme, lo harán”.

Cuatro años más tarde y fruto de una investigación que le ha llevado incluso a recibir amenazas, Lakhani une en su libro Who killed Berta Cáceres (5 de junio, Verso Books) los pedazos de un puzle cuyos máximos responsables, las élites económicas y sombrías del país en connivencia, asegura, con Estados Unidos, continúan impunes. 

“Cuando hay una lista de muerte, lo que sabemos de este tipo de listas de otros países es que el plan nunca es matar a todos, el plan es neutralizarlos. En el caso de Berta sí participaron varias personas con vínculos previos y actuales a las fuerzas armadas, y varias de ellas fueron entrenadas por militares de Estados Unidos”, cuenta a DW.

Según la periodista, había una campaña de terror contra Berta Cáceres, la organización que lideraba -el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras)- y la comunidad, que consideraba sagrado el río en donde se pretendía construir la presa.

“Había amenazas, había violencia contra otros líderes locales, había acoso sexual, criminalización y difamación. El asesinato fue el último paso, porque con todas las otras tácticas no se logró neutralizar y silenciar a Berta”, dice, y añade que desde 2013 bancos como el banco de desarrollo sueco FMO estaban al corriente de la represión vivida en la zona, y aún a día de hoy siguen buscando socios entre las mismas élites hondureñas que salieron ganando del golpe de Estado de 2009 -el primero del siglo XXI-, que contó con el apoyo de Estados Unidos. 

“Honduras está abierta a los negocios”, ese fue el lema bajo el que el gobierno golpista organizó en 2010 un simposio internacional para atraer a la inversión extranjera. El punto central de su plan económico era la energía renovabable, con decenas de represas hidroeléctricas que pensaban construir por todo Honduras para favorecer la economía.

“Si Honduras fuera un lugar donde estos proyectos hubieran generado trabajo y desarrollo, y estamos hablando de cientos de estos proyectos aprobados a partir del golpe de Estado, ¿por qué siguen huyendo miles de hondureños del país, buscando un trabajo digno y seguridad?”, apunta la periodista.

Una de las represas pretendía instalarse en el río Gualcarque, que cruza el oeste del país y donde vive un pequeño número de indígenas lencas, quienes sostenían que interrumpir el caudal del río no sólo iba a degradar la tierra y sus cultivos, sino que El Gualcarque era sagrado para ellos, “su sangre vital”.

“Para las élites del país, el hecho de que una mujer, además indígena, pudiera enfrentarse a ellas y bloquear sus planes y negocios fue intolerable".

Berta Cáceres, que ya era una de las defensoras sociales más destacadas de Honduras e incluso del continente, encabezó una campaña para detener la construcción de la presa, que tres años después, en 2013, iba a tornarse tremendamente violenta, provocando que incluso que la compañía china que iba a encargarse del proyecto lo abandonase. 

La empresa hondureña a cargo de la presa, DESA, la trasladó a un par de kilómetros río arriba, pero Berta y los lenca siguieron defendiendo que esto no era suficiente, que iba a devastar a la comunidad. Unos años más tarde, Cáceres, que había ganado en 2015 un premio Goldman por su oposición a la construcción de esta presa, fue asesinada, al igual que le ocurrió a otros 14 activistas. La familia apuntó a DESA, pasó un tiempo hasta que la compañía centró todas las miradas y se convirtió en la principal sospechosa de su muerte. 

Los culpables, no obstante, manejan el sistema judicial a su antojo. El asesinato de Berta Cáceres jamás fue juzgado como crimen político. 

“Para las élites del país, el hecho de que una mujer, además indígena, pudiera enfrentarse a ellas y bloquear sus planes y negocios fue intolerable. Sin embargo, el machismo y el racismo nunca fueron tomados en cuenta como elementos importantes en el caso llevado por el Estado”, afirma Nina Lakhani. 

Antes que se produjera el golpe de Estado, Berta Cáceres figuraba como candidata a la vicepresidencia en una lista independiente. 

El gobierno de Zelaya quería cambiar la constitución de 1982; había convocado un plebiscito para instalar una “cuarta urna” de cara a las elecciones de noviembre que fue considerado ilegal, y aun así Zelaya decidió seguir adelante. 

Los militares se revelaron. El resultado fue un golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de junio de 2009, cuando Manuel Zelaya fue arrastrado fuera de la residencia presidencial y expulsado a Costa Rica. La OEA suspendió su apoyo a Honduras hasta la restauración de un gobierno democrático, el Banco Mundial y numerosos países latinoamericanos tampoco respaldaron el golpe, y los embajadores de la Unión Europea volvieron a sus casas.

Pero Estados Unidos sí reconoció al nuevo gobierno. 

"Respaldado y entrenado por los Estados Unidos, el ejército se utiliza para sofocar, reprimir y aterrorizar a las comunidades".

“Por primera vez en la historia del país iba a haber un contrato social justo y verdadero entre el pueblo y el estado”, dice Nina Lakhani refiriéndose al plebiscito para la reforma de la constitución. “En este momento, la constitución representa los intereses de unos cuantos y así es como está diseñado”.

La represa de Agua Zarca -por la que fue asesinada Cáceres- fue uno de los megaproyectos aprobados a raíz del golpe de Estado. Ninguno de ellos contó con una consulta previa. 

En Who killed Berta Cáceres, la periodista desvela algunas de las consecuencias del apoyo estadounidense a un sistema político que hoy en día sigue asociado a la militarización, el narcotráfico y la corrupción:

“Los regímenes posteriores al golpe de estado han sido respaldados por Estados Unidos y por otros gobiernos. Al mismo tiempo, se ha usado el aparato militar hondureño como un brazo represor a un costo muy alto, y el narcotráfico ha seguido a buen paso. Respaldado y entrenado por los Estados Unidos, el ejército se utiliza para sofocar, reprimir y aterrorizar a las comunidades de todo el país. No hay forma de que pueda negarlo legítimamente. (...) Un cambio en el gobierno de Estados Unidos a fines de este año podría suponer una diferencia en una dirección positiva", concluye..