El pasado 16 de febrero AL DÍA News informaba de cómo la detención del rapero español Pablo Hásel, acusado de insultar a la monarquía española y alabar la violencia terrorista en sus letras y en las redes, había provocado una oleada de indignación y manifestaciones en el país contra su condena a 9 meses de prisión.

Tres días más tarde, los disturbios en las calles de España continúan ferozmente y ya se han saldado con más de 80 detenciones, comisarías asaltadas e incluso medios de comunicación, como el conocido diario barcelonés El Periódico, vandalizados por hordas de partidarios de Hasél.

Pero también hay un centenar de heridos, entre ellos una joven manifestante barcelonesa que perdió un ojo el pasado martes tras recibir el impacto de un proyectil de foam de la policía autonómica de Cataluña, Los Mossos de Esquadra -ya se ha iniciado una investigación interna para esclarecer la agresión policial.

Tanto la detención del rapero como los altercados han provocado un duro debate sobre los límites de la libertad de expresión -Hasél no es el primer rapero llevado a juicio por “enaltecer” el terrorismo; en 2018, el rapero Valtònyc tuvo que huir a Bélgica para evitar su juicio por un motivo similar.

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa el uso indiscriminado de la violencia tanto por parte de la policía como de los partidarios de Hasél, algo que parece haber dividido aún más al Gobierno del Presidente Pedro Sánchez, formado por una coalición de izquierdas: el Partido Socialista Español (PSOE) -al que Sánchez pertenece- y una izquierda algo más radical de Unidas Podemos.

Aunque ambos partidos han acordado modificar el código penal para eliminar las penas de prisión por delitos relacionados con la libertad de expresión y Podemos presentó el jueves una petición de “indulto total” para Hasél y Valtònyc, varios miembros del Gobierno, como la Vicepresidenta Carmen Calvo (PSOE), critican que Podemos se haya puesto del lado de quienes producen los disturbios y se haya referido a ellos como “manifestantes antifascistas que luchan por la libertad de expresión”.

Hasél, que fue detenido el pasado martes, no sólo está condenado a 9 meses de prisión, seis años de inhabilitación y en torno a 30.000 euros de multa por “injurias” a la Corona en sus canciones y su Twitter -en 2014, el rapero ya fue sentenciado por el contenido de 12 canciones subidas a YouTube que incluían frases como “¡Merece que explote el coche de Patxi López!” (político socialista del País Vasco, en el norte de España) o “que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono” (otro político socialista).

Si no que también se le suma otra condena de dos años y medio por amenazar a un testigo de un juicio contra unos policías en la localidad de Lleida, de donde es oriundo el rapero.

Si bien es cierto que la Constitución española protege y defiende el derecho de cada ciudadano a expresar libremente sus pensamientos y opiniones a través de cualquier medio, el país vivió a la sombra del horror de la organización terrorista ETA durante 43 años -hasta el cese de la violencia armada y el principio de diálogo en 2011- en unas décadas muy oscuras en las que dejó más de 800 víctimas mortales. La responsabilidad de los artistas con los mensajes que difunden debe ser puesta en la balanza.

Sin embargo, la detención de Hasél y la furia de los disturbios han sacado a flote el descontento y hartazgo de los jóvenes por la situación que vive el país, con la mayor tasa de paro juvenil de Europa en 2020 -casi veinte puntos por encima de la media-, a lo que se ha sumado el encierro de la pandemia y las colas del hambre, según apuntaba El Periódico de Catalunya, que destaca también que los participantes en las protestas tienen en su mayoría de 18 a 25 años.

Así como la gran tensión política actual, con el ascenso del partido de la ultraderecha VOX, el llamado Procés catalán -el juicio y encarcelamiento a líderes independentistas catalanes en 2019- o la violencia policial en respuesta a las protestas civiles.

¿Puede la detención de un rapero sacudir a todo un país?

Con un Gobierno debilitado y en plena crisis sanitaria, económica y social, la falta de diálogo y la cerrazón política podrían amenazar una vez más una democracia ya de por sí herida, como muestra que en las recientes elecciones catalanas un 22% de la población no haya ido a las urnas.

Lo peligroso no son los mensajes de Pablo Hasél -un rapero es un rapero-, sino que se pierda la oportunidad de hacer una lectura crítica de estas protestas, de la rabia, del descontento…. De todo lo que va mal en España, incluido el derecho a alzar la voz.