Este martes, el Estado mexicano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tener responsabilidad parcial en el caso de la violenta muerte de la activista Digna Ochoa, defensora de los derechos humanos quien fue hallada sin vida en su oficina de Ciudad de México en 2001.  "Por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido. (...) por la violación a su honra y dignidad, y por la falta de una investigación con perspectiva de género" afirma el comunicado del Gobierno. 
Durante la segunda audiencia del juicio ante la CIDH, la Cancillería anunció que propondrá a la familia reabrir la investigación luego de dos décadas para confirmar que se trató de un homicidio. El caso de Digna Ochoa generó conmoción y crítica acerca de la forma en la que  actuaba el Ejército, que por esa época acumulaba denuncias por violaciones a los derechos humanos. Viviana Krsticevic, abogada que defendió a la familia Ochoa afirmó que “es muy importante lo que pasó hoy porque el Gobierno mexicano ha admitido falencias en la investigación, ha reconocido que no se investigó la muerte violenta de Digna”. 

Según dijo la Secretaría de Gobernación, es la primera vez que el estado "ha aceptado todas las pretensiones" presentadas por la CIDH, y que además ha confirmado su  "compromiso ineludible a favor de la defensa de los Derechos Humanos". Concretamente, aceptar esta responsabilidad se refleja "con la consecución de un Convenio de Reparación Integral que será presentado a la familia de Digna Ochoa en los próximos días”. La reapertura de la investigación sobre la muerte de Ochoa, incluirá diligencias con perspectiva de Derechos Humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, además de contar con la participación de la familia y la de su representación legal.

Digna Ochoa, fue una defensora de los Derechos Humanos, antes de su asesinato se encontraba trabajando en casos de ecologistas torturados en el estado de Guerrero. Su caso visibiliza las deficiencias de la justicia mexicana, que no supieron dar respuesta sobre lo sucedido ni reparar el daño a la familia.