Los últimos meses han sido claves para el futuro del país, desde que se hiciera pública la denuncia de un informante en el Departamento de Justicia sobre el presunto abuso de poder por parte de Trump al retener dinero aprobado por el Congreso para apoyar a Ucrania a cambio de información comprometedora sobre el ex vicepresidente Joe Biden.

 Los esfuerzos demócratas por romper con el secretismo en Washington y llegar al fondo de las acciones del presidente Trump a la hora de impedir una investigación sobre la participación de Moscú en su elección presidencial se vieron eclipsados por la denuncia de un informante en el departamento de inteligencia que se hizo pública en septiembre del 2019.

 Se trataba de un oficial de la CIA, quien habría introducido una denuncia ante el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, planteando preocupaciones sobre el uso de los poderes presidenciales por parte de Trump a la hora de solicitar nuevamente la intervención extranjera en las elecciones presidenciales del 2020.

 El 20 de septiembre, el Washington Post reportó que Trump, en una llamada telefónica, presionó al líder de Ucrania, Volodomyr Zelensky, para que investigara al hijo del ex vicepresidente Joe Biden.

Según personas familiarizadas con el asunto, Trump utilizó la conversación del 25 de julio “para presionar al recién elegido líder para llevar a cabo una investigación que Trump pensó que podría arrojar potencial información perjudicial sobre uno de sus posibles rivales en 2020”.

Trump “instó a Zelenzky unas ocho veces” a que trabajara con su abogado personal, Rudolph Giuliani, para investigar a los Bidens.

Tres días después, el Washington Post volvía a publicar información aún más preocupante: Trump ordenó a Mulvaney que retuviera 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania “por lo menos una semana antes de la llamada con Zelensky.”

Se trataba de un dinero asignado por el Congreso en el presupuesto del año fiscal 2019 para ayudar a Ucrania con armas, programas y otros equipos que apoyaran el esfuerzo del ejército ucraniano en combatir las amenazas de Moscú en su territorio.

El 24 de septiembre, los principales comités demócratas de inteligencia en la Cámara y el Senado anunciaron que el abogado del denunciante se habría puesto en contacto para dar testimonio, y la denuncia fue entregada formalmente un día después, desvelando que el presidente Trump habría abusado de los poderes de su oficina para beneficio personal, poniendo en peligro la seguridad nacional e involucrando a los funcionarios de la Casa Blanca en un encubrimiento.

Personas como el Secretario de Estado Mike Pompeo, el Asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente Mike Pence, Keith Kellogg y el director principal del Consejo de Seguridad Nacional para Europa y Rusia, Tim Morrison, habrían escuchado la llamada.

En su defensa, la Casa Blanca de Trump se vio obligada a publicar una transcripción no textual de la llamada entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, que confirmaba las denuncias.

El presidente la llamó “una llamada perfecta”.

A partir de entonces, la administración dio rienda suelta a una teoría sin fundamentos sobre los intentos de la Casa Blanca por evitar la corrupción en Ucrania.

Tras una reunión en el Capitolio, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se dirigió a la nación, diciendo: "Las acciones tomadas hasta la fecha por el presidente han violado gravemente la Constitución".

Pelosi había sido cautelosa a la hora de acceder a una investigación de juicio político incluso a pesar de los pedidos urgentes algunos demócratas en la Cámara, pero finalmente la evidencia pesó más y la presidente debió anunciar el inicio de una investigación formal.

Seis comités de la Cámara tomaron entonces las riendas de la investigación en torno al asunto, en especial después de que el Fiscal General William Barr se rehusara a hacerlo, llamando a testificar a alrededor de 26 personas inmiscuidas en el escándalo, incluyendo funcionarios activos de la Casa Blanca.

La respuesta de la Administración fue la de prohibir a cualquier miembro del gobierno a cumplir con la orden de la Cámara, así como negarse a entregar documentos solicitados por los comités.

Sin embargo, un puñado de testigos decidió desafiar las órdenes de la Casa Blanca y se presentaron en las audiencias privadas.

Las constantes denuncias del gobierno y del ala republicana en el congreso de una supuesta investigación “ilegal” y a puertas cerradas conllevó a la decisión de hacer públicos los testimonios, que empezaron el 13 de noviembre.

Tras las reveladoras deposiciones de personajes como Marie Yovanovitch (ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania), Kurt Volker (ex enviado especial de Estados Unidos en Ucrania) y Fiona Hill (ex asesora de la Casa Blanca en Rusia), el Comité de Inteligencia programó más de seis deposiciones públicas.

Desde el 13 de noviembre, un puñado de funcionarios del gobierno decidieron poner al país primero y acudieron ante los Comités de la Cámara de Representantes, y ante el mundo, para testificar sobre lo que sabían en el asunto.

George Kent, Bill Taylor, Marie Yovanovitch, Fiona Hill y hasta el embajador ante la Unión Europea Gordon Sondland confirmaron en voz alta la denuncia del informante: el presidente había abusado de su poder.

El Comité Judiciario de la Cámara hizo pública la consideración de dos artículos de juicio político contra el presidente Trump: uno por abuso de poder y otro por obstrucción del Congreso.

A pesar de que el liderazgo del partido esperaba que tan sólo unos pocos legisladores se opusieran, conseguir el apoyo de algún Republicano era virtualmente imposible.

Desde un principio, el grueso Republicano atacó el procedimiento calificándole de “golpe político”, “proceso ilegal” y “cacería de brujas”, exigiendo audiencias públicas y el derecho al presidente de defenderse, todo a lo que la mayoría demócrata accedió.

El partido Republicano llegó al extremo de avalar teorías conspirativas ampliamente desmontadas sobre la injerencia rusa en los comicios del 2016, intentando desesperadamente hallarle algo de legalidad a las acciones de Trump.

Finalmente, la Cámara aprobó ambos artículos para ser enviados al Senado.

A pesar de las maniobras políticas del Partido Republicano por restar importancia y calificar el proceso de la Cámara, la historia recordará siempre a Trump por haber sido el tercer presidente enjuiciado en la historia de Los Estados Unidos.

Lo que muchos se cuestionaban era el procedimiento a seguir después de que una importante mayoría demócrata en la Cámara aprobara los artículos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Pelosi debía –o no– aprobar su paso al Senado de mayoría Republicana, liderado por el Senador Mitch McConnell.

McConnell aseguró ante los medios que estaría “trabajando mano a mano con la Casa Blanca” para prepararse para el juicio que se llevaría a cabo una vez le entregaran los artículos.

Esto implicaría que el líder de la mayoría republicana admitía su parcialidad en el asunto, haciendo del proceso de destitución una lucha partidista.

Por su parte, y tras la firma de la decisión, Pelosi nombró a los legisladores que, una vez en el Senado, debían persuadir a 67 senadores para que condenaran a Trump y lo destituyeran de su cargo bajo los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso, según explicó el Washington Post.

Los llamados “managers” elegidos por el liderazgo demócrata fueron: Adam B. Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara y manager principal; Jerrold Nadler, presidente del Comité Judiciario de la Cámara, Zoe Lofgren, presidenta del Comité de Administración de la Cámara, Hakeem Jeffries, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara, Val Demings, miembro de los comités de inteligencia y judiciario, Jason Crow, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas, y Sylvia García, miembro del Comité Judiciario.

Como era de esperar, el proceso estuvo profundamente dividido entre dos bandos: el partido Republicano y los abogados del presidente Donald Trump, quienes se enfocaron nuevamente en criticismos al proceso iniciado por la Cámara de Representantes, y el partido Demócrata y sus managers, quienes explicaron a los Senadores y al país entero lo que realmente sucedía en el país.

Sin embargo, fue el dramático discurso del Representante Adam Schiff, principal manager de la Cámara de Representantes, lo que marcó la pauta de la primera jornada.

En poco más de dos horas, Schiff hilvanó “referencias históricas, filosofía política y declaraciones contundentes” sobre lo que llamó “los intentos del Presidente Trump de socavar el estado de derecho y las elecciones estadounidenses”, según caracterizó el New York Times.

“El abuso del Presidente Trump de los poderes de su cargo socava la integridad de nuestras elecciones libres y justas y compromete la seguridad nacional de Los Estados Unidos”, dijo Schiff en los últimos 45 minutos de su declaración de apertura.

“Si el Presidente Trump no rinde cuentas, enviamos el mensaje a los futuros presidentes, a los futuros congresos y a las generaciones de estadounidenses de que los intereses personales del presidente pueden tener un precedente justo sobre los de la nación,” aseguró.

Una vez enviados los artículos al Senado de mayoría republicana muchos anticipaban que el Partido Republicano votaría en contra de los artículos.

Esto fue, de hecho, lo que pasó.

Según explicó NBC News, todos los demócratas e independientes aprobaron el primer artículo, incluyendo también al senador Mitt Romney de Utah, “el único republicano que votó para condenar a Trump”.

El segundo artículo, fue rechazado de manera unánime por el GOP.

A pesar de que los 48 senadores demócratas –quienes representan 18 millones de estadounidenses más que los restantes 52 senadores Republicanos– votaron a favor de condenar al presidente, el tribalismo republicano pudo más.

Contando con evidencia suficiente, y considerando el obstruccionismo de la Casa Blanca y del GOP a la hora de considerar testimonios y documentos clasificados, la conclusión innegable del impeachment de Donald Trump es que, de hecho, abusó de su cargo y puso sus intereses personales primero que la constitución.

En palabras del senador Romney: “el presidente es culpable de un terrible abuso de la confianza pública”.

En su discurso previo al voto, el senador republicano puso su juramento por delante de su decisión y subrayó el compromiso de “ejercer una justicia imparcial”.

“Lo que (Trump) hizo no fue ‘perfecto’”, dijo Romney. “No, fue un flagrante ataque a nuestros derechos electorales, a nuestros intereses de seguridad nacional y a nuestros valores fundamentales. Corromper una elección para mantenerse en el cargo es quizás la violación más abusiva y destructiva del juramento del cargo que pueda imaginar”.

Asimismo, el senador explicó la presión a la que están sujetos los miembros de su partido a la hora de respaldar al presidente, sin importar el precio.

Para el Senador Demócrata de Ohio, Sherrod Brown, la decisión de sus colegas republicanos de absolver al presidente fue sencillamente una reacción al miedo.

En una columna de opinión publicada en el New York Times, Brown recordó el reporte de CBS News en el que la administración advertía a los senadores que, de votar contra el presidente “sus cabezas estarían en una estaca”.

“Para los representantes y senadores que quieren quedarse en su puesto a cualquier costo, el miedo es la motivación”, escribió Brown. “Temen que el Sr. Trump les dé un apodo como ‘Low Energy Jeb’ y ‘Lyin’ Ted’, o que pueda twittear sobre su deslealtad. O, en el peor de los casos, que pueda venir a sus estados para hacer campaña contra ellos en las primarias republicanas”.

Por su parte, los managers demócratas encargados de presentar el caso de la Cámara ante el Senado, también recurrieron a la palabra escrita para asegurar que “Trump no será reivindicado. Y tampoco lo será el Senado”.

Adam Schiff, Jerrold Nadler, Zoe Lofgren, Hakeen Jeffries, Val Demings, Sylvia Garcia y Jason Crow escribieron en una columna para el Washington Post su respuesta a la decisión de los republicanos, así como su profundo criticismo y denuncia de las decisiones “sin precedentes” llevadas a cabo por el liderazgo del GOP.

“La defensa del presidente recurrió a una teoría radical que validaría sus peores y más autoritarios instintos,” escribieron los demócratas. “Sostenían que un presidente no puede abusar de su poder, por muy corrupta que sea su conducta, si cree que ello beneficiará su reelección. Los fundadores se habrían horrorizado ante tal afirmación de poder absoluto, completamente en desacuerdo con nuestro sistema de controles y equilibrios.”

“Al negar al pueblo americano un juicio justo, el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell (R-Ky.) también privó al presidente de algo que buscaba desesperadamente: la exoneración”, concluyeron. “No puede haber exoneración sin un juicio legítimo. Por miedo a aquello de lo que se enterarían, el Senado se negó a celebrar uno. El presidente no será reivindicado, y tampoco el Senado, ciertamente no por la historia.”