En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia rompió con un consenso de más de un siglo sobre la manera en que es interpretado el término “carga pública” y cómo afecta los inmigrantes al país.

Esta nueva interpretación, propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, implica que le serán negadas las solicitudes de visa a todas aquellas personas que no demuestren ser completamente autosostenibles, incluso aquellas que cuenten con declaraciones juramentadas de que tendrán apoyo económico de un tercero. La medida solamente excluye a quienes consigan el estatus de asilo o refugio.

La medida busca excluir a cualquier migrante que pueda llegar a necesitar alguna clase de beneficio gubernamental, sea o no en forma de dinero y sin importar su fin: alimentación, vivienda, salud, etcétera.

Dada su gravedad, la medida fue desafiada en numerosas cortes intermedias, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional decidió llevar el caso ante la Corte Suprema, particularmente en una demanda contra las ordenes sometidas por el tribunal de distrito de los distritos del sur de Nueva York. La demanda fue presentada a la juez Ruth Bader Ginsburg.

El 27 de enero la Corte Suprema tomó la decisión de levantar todos los impedimentos para la implementación de la normativa, con excepción del Estado de Illinois, donde una corte Federal ya había tomado la determinación definitiva de detenerla.

El comunicado en que el Juez Gorsuch  da cuenta de su decisión argumenta que el volumen de las demanda en cortes intermedias interpuestas para detener la medida estaba saturando el sistema judicial, lo que en última instancia atentaba contra el ejercicio de otros derechos ciudadanos que debían ser velados y que estas cortes también estaban sobrepasando los límites de los casos que les estaban siendo presentados.

"Hoy el Tribunal (con razón) concede una suspensión, permitiendo al gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes excepto en Illinois. Pero, a la luz de todo lo anterior, sería ilusorio pensar que una suspensión hoy es suficiente para remediar el problema. El verdadero problema aquí es la práctica cada vez más común de los tribunales de primera instancia que ordenan una reparación que trasciende los casos que tienen ante sí. Ya sea que se enmarquen como órdenes de alcance "nacional", "universal" o "cósmico", estas órdenes comparten el mismo defecto básico: dirigen la forma en que el demandado debe actuar hacia las pesonas que no son parte del caso".

Pero no hace referencia a la cualidad de los migrantes ni a la “carga pública” que puedan llegar a representar.

Numerosas organizaciones de defensa de derechos de los migrantes han manifestado su preocupación ante el peligro que esta medida pueda representar para el bienestar de miles de personas: niños, madres gestantes y ancianos, especialmente, que dejen de acudir a pedir ayuda gubernamental por miedo a poner en riesgo su estatus migratorio. E incluso la manera en que esto pueda afectar a hijos de migrantes que tengan la nacionalidad estadounidense, pero cuyos padres dejen que pedir los auxilios que les corresponden por derecho como consecuencia del miedo.

Esto se ha sabido desde que la norma misma fue propuesta. A mediano y largo plazo, aparte de poner en riesgo la salud de miles de personas, va a tender a imposibilitar la movilidad socioeconómica de los migrantes.

Las reacciones negativas y los desafíos ante la decisión de la Corte Suprema no se han hecho esperar, la batalla legal está lejos de terminarse. Entre las respuestas más aguerridas a la decisión estuvo la de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez:

“America shouldn’t have a wealth test for admission,” she posted. “It’s a place where millions of people are descendants of immigrants who came w nothing & made a life.”

This is shameful. America shouldn’t have a wealth test for admission. It’s a place where millions of people are descendants of immigrants who came w nothing & made a life.

The American Dream isn’t a private club with a cover charge - it’s the possibility of remaking your future. https://t.co/qKm7BuUhXI

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 27, 2020

Los 4 votos en contra fueron de los Jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En favor estuvieron los Jueces Clarence Thomas, Samuel A. Alito Jr., Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y John G. Robert Jr.