La batalla de Donald Trump por moldear el sistema migratorio estadounidense a su gusto se ha transformado en un difícil juego de ajedrez.

Mientras sus peones caen uno a uno por incompetencia o desacuerdos morales, su alfil y asesor principal, Stephen Miller, causa revueltas en la plantilla de la Casa Blanca.

El despido de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue el primer indicio de una sacudida interna en el equipo que toma las decisiones sobre inmigración en el gobierno de Trump.

Desde entonces, ha sido Stephen Miller quien ha ido moviendo piezas para que el nuevo Departamento sea “más estricto”.

Según un reportaje en profundidad del Washington Post, Miller orquestó el despido de Nielsen, junto al del director interino del ICE Ronald Vitiello y otros altos funcionarios, argumentando que “el presidente necesita un equipo diferente, uno que sea más agresivo para llevar a cabo su agenda”.

La razón verdadera de este cambio de personal fue la oposición de Nielsen y Vitiello al plan de arrestos masivos de padres y niños “elegibles para deportación en 10 ciudades estadounidenses”, según continúa el Post.

La nueva estrategia de Miller incluyó la consideración de Mark Morgan – ex director de la Patrulla Fronteriza durante la Administración Obama – como director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), y Kevin McAleenan como director interino del Departamento de Seguridad Nacional.

Si bien Miller estuvo de acuerdo con ambas nominaciones, su libertad estratégica ha debido ser contenida en el Ala Oeste, ante el riesgo de que tome decisiones arbitrarias tan sólo por tener el oído del presidente.

El pasado viernes, McAleenan bloqueó otra iniciativa del asesor, quien buscaba esta vez instalar a Morgan como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Amenazando con renunciar, McAleenan exigió que se le respetara la autoridad en el Departamento, poniendo un freno temporal a la megalomanía de Miller.

El caos interno de la Administración, como es frecuente, tiene sus manifestaciones externas.

Después de haber sorteado el Congreso con una declaración de emergencia para obtener fondos y solucionar el caos en la frontera, la Casa Blanca ha anunciado que el dinero no es suficiente.

A los 4.5 mil millones de dólares obtenidos previamente, la Administración ha “advertido” al Congreso que necesitará 1.4 mil millones más.

Según reportó Politico, el director interino de presupuesto dijo en una carta que “la cantidad de niños inmigrantes no acompañados que cruzan la frontera sur de la nación ha aumentado dramáticamente a niveles sin precedentes”.

Estrategias improvisadas por el Departamento de Seguridad Nacional para lidiar con el asunto han incluido la identificación de locaciones para trasladar a los cientos de miles de inmigrantes desde los centros de detención en la frontera hacia el interior del país, corriendo el riesgo de perpetuar los fallos administrativos de esfuerzos previos como la Política de Tolerancia Cero.

A estas alturas, y más de un año después de su implementación, la estrategia sigue trayendo consecuencias.

Según un reportaje reciente de NBC News, la Administración Trump ha identificado 1.712 niños más que fueron separados de sus padres durante el año fiscal 2018.

Las cifras son producto de la orden judicial de la Jueza Dana Sabraw, donde se pretendía reunificar a los más de 2.800 niños identificados como víctimas de la separación familiar. El gobierno ha revisado, hasta el momento, menos de una cuarta parte de los 50.000 casos.