Los resultados electorales, la situación económica, la guerra Ucrania-Rusia, el Mundial de Fútbol y las acusaciones contra Qatar por violaciones a derechos humanos seguramente no dejaron ver un informe de Human Rights Watch (HRW) que pone en tela de juicio el sistema de bienestar infantil en Estados Unidos.

La principal conclusión es que perjudica a las familias pobres al separar a los niños de sus padres con el argumento de negligencia de parte de ellos. Hace énfasis en la injusticia por “separación desproporcionada en comunidades negras e indígenas”, a la que trata como una crisis nacional que no da espera para solucionarla. En el 2019, más de 250.000 niñas y niños fueron ingresados al sistema de acogida en 2019. Además, “los padres de casi 61.000 menores vieron cómo ese año les fueron arrebatados sus derechos parentales”.

Se trata de un informe conjunto de HRW y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), titulado “‘If I Wasn’t Poor, I Wouldn’t Be Unfit’: The Family Separation Crisis in the US Child Welfare System” (“‘Si no fuese pobre, no sería considerada incapaz’: la crisis de la separación familiar en el sistema de bienestar infantil de Estados Unidos”). Bastante ilustrativo de lo que se muestra en 146 páginas. Tal vez un tema que no genera votos, minimizado por otras cuestiones muy lejanas se las comunidades que vienen padeciendo la desintegración de sus familias.

El informe concluye que “la negligencia fue un factor para el 95,5 por ciento de los niños para los cuales los organismos de bienestar infantil corroboraron los hallazgos de maltrato en Nueva York, el 88,9 por ciento de los niños en California, el 74,8 por ciento de los niños en Oklahoma y el 39,5 por ciento de los niños en Virginia Occidental”. Para los autores, las diferencias en esos porcentajes demuestran que no hay parámetros o criterios unificados para determinar qué es abuso y qué es negligencia.

Además, tiene un impacto efectivo para quienes son señalados de abuso o negligencia porque quedan reportados en un registro por años, lo que afecta las posibilidades de mejorar o conseguir un empleo, deteriorando aún más las condiciones de las familias.

En un comunicado, del pasado 17 de noviembre, HRW señala que “El sistema de bienestar infantil castiga a los padres por la pobreza llevándose a sus hijos”, según expresó Hina Naveed, autora del informe. 

La investigación tuvo en cuenta cifras oficiales y 138 entrevistas, entre otros, a padres de familia para conocer sus circunstancias de vida y cómo han padecido sus condiciones sociales y económicas como factor que ser investigados por maltrato y negligencia. 

Entre sus conclusiones, Naveed advierte que “los padres necesitan recursos para ayudar a mantener a sus familias, pero lo que reciben es vigilancia, regulación y castigo”. Ahí está la clave. Son normas aplicadas al pie de la letra sin la menor reflexión sobre las circunstancias.

Por ejemplo, los funcionarios a cargo interpretan las dificultades para pagar una vivienda digna como una acto negligente. Pero el tema no se queda ahí. Lo que hallaron los investigadores de HRW y ACLU es que hay una clara distorsión en los criterios desde el punto de vista étnico. “Los niños y niñas negros tienen casi el doble de probabilidades de ser investigados que los menores blancos y más probabilidades de ser separados de sus familias”, manifestaron.

No más en el 2019, unos 8 millones de casos fueron reportados por maltrato, de los cuales 3 millones fueron investigados. Y al final, más del 80% no tuvo nada que ver con lo que se les acusaba.

Las dos instituciones, en el comunicado en el cual reportan las conclusiones del informe, advierten que “separar a un niño o niña de sus padres, aunque sea por poco tiempo, puede ser muy traumatizante, con consecuencias a largo plazo”. Y lo que es peor, “en algunos casos, los niños y niñas colocados fuera del hogar sufren malos tratos, incluido el abuso sexual o físico, lo que provoca un mayor trauma”.