Seis años después del asalto de 1967, la policía de Filadelfia hizo gala de una brutalidad extraordinaria para resolver un crimen que, según afirmaron, ocurrió en los terrenos del famoso Museo de Arte de Filadelfia, a unas cuadras del antiguo cuartel general del distrito.

La policía afirmó que los agresores violaron a una joven y ahogaron a su novio en las albercas adyacentes a los famosos escalones del Museo.

Los primeros informes indicaban que los agresores era afroamericanos, de piel más bien clara y peinado afro muy vistoso. La policía lanzó una frenética redada contra hombres jóvenes de raza negra vinculados al caso “Violación-Asesinato en el Museo de Arte” –según los titulares de noticias del momento– pero no produjo ningún arresto.

La indignación pública, así como la recompensa económica para quién diera una pista,  fueron aumentando a medida que pasaban las semanas y la policía no lograba resolver el Asesinato-Violación. El cambio se produjo cuando un joven puertorriqueño, bajo los efectos de la droga psicodélica LSD, acudió a la policía con información falsa,  esperando recolectar el dinero de la recompensa. 

Los detectives de homicidios afirmaron que Juan García confesó casualmente su participación en el crimen e identificaron a cinco cómplices durante un interrogatorio corto, pero intenso.

Más tarde, García dijo que los detectives le dieron una paliza y lo forzaron a firmar una confesión para poner fin a ese feroz asalto. Las denuncias de palizas salvajes por parte de los detectives provenían de otros hombres de origen puertorriqueño identificados por García.

Lo que está claro es que la principal evidencia presentada en el juicio contra los supuestos cómplices era el mismo testimonio de García, que convirtió a la fiscalía en testigo para evitar la cadena perpetua de los cómplices.

Lo que está claro es que la víctima de la violación no pudo identificar a ninguno de sus agresores, ni a García ni a los otros tres hombres que, según él, también participaron en la violación.  

Lo que está claro es que la policía y los fiscales retuvieron ilegalmente pruebas de inocencia de los acusados junto con otras instancias de mala conducta.

Y, lo que está claro es que dos de los supuestos cómplices de García fueron exonerados después de años de falsa prisión.

Un hombre identificado por García estaba en Ciales, Puerto Rico –a 1.580 millas de distancia de Filadelfia– cuando se produjo el crimen. Los fiscales desprestigiaron a los testigos de coartada sólida presentados por ese hombre, altos funcionarios de Ciales para los que trabajaba. 

Los fiscales no dudaron de su culpabilidad hasta que la recuperación de registros fiscales que se habían perdido confirmaron su presencia en Ciales... presencia previamente confirmada por funcionarios municipales que los fiscales, en su arrogancia racial, ignoraron.

La difícil situación por la que pasó otro de los hombres exonerados ha proporcionado información útil para identificar las inequidades estructurales en el sistema de justicia.

Ese hombre acudió voluntariamente a la policía para refutar la acusación falsa de García, un acto inconsistente con la culpa. Dijo que los detectives lo golpearon brutalmente para extraer una confesión.

Las autoridades afirmaron inverosímilmente que el hombre participó tanto en la violación como en el ahogamiento, a pesar de que esa tarde tenía un brazo lesionado por una herida de arma blanca. La policía y los fiscales escondieron pruebas de inocencia de testigos (incluido un policía) que confirmaban haber visto a ese hombre lejos de la escena del crimen.

El problema principal de la injusticia que se produjo en 1973 (y en muchos otros casos) recae en la mala conducta de la policía y en que los fiscales rara vez reciben una sanción adecuada.