Para comenzar, debemos dejar de llamarla “reforma”. Es una palabra con mucha carga, que implica que el nuevo sistema fiscal será superior al viejo. No lo sabemos de hecho; el nuevo sistema fiscal podría ser peor. Es mejor llamar a lo que estamos haciendo “debate fiscal” o “reorganización fiscal”. (Se trata de una observación general. Los que abogan sistemáticamente por cambios de política llaman a esas propuestas “reformas”. Ese término sugiere mejoras, que podrían no existir.) 

En segundo lugar, no podemos darnos el lujo de un recorte fiscal neto. Si vamos a reducir las tasas fiscales y simplificar las complejas disposiciones fiscales, debemos contrarrestar las pérdidas de ingresos eliminando exenciones, elevando otros impuestos o recortando gastos. Bajo las políticas actuales, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó 10 billones de dólares en déficits entre 2018 y 2027. El plan fiscal de Trump, incluyendo estipulaciones que elevarían las rentas públicas, agregaría otros 3,5 billones de dólares al déficit en el curso de una década, calcula el Tax Policy Center (TPC), que no se alinea con ningún partido. 

Tercero, si los recortes fiscales se financiaran inicialmente con más gastos para el déficit, el costo de los impuestos más bajos de la actualidad se transferiría a las generaciones futuras. “Los recortes fiscales a menudo parecen no tener consecuencias para los contribuyentes, pero tarde o temprano deben pagarse con otros aumentos fiscales o con recortes de gastos,” dice un informe del TPC. (El informe se basa en un esbozo general del plan de Trump, sujeto a cambios.) Eso no es una “reforma”. El Seguro Social y Medicare—que se pagan principalmente mediante los impuestos a la nómina de los trabajadores—ya involucran enormes transferencias intergeneracionales. Los déficits son causa y consecuencia de esas transferencias. 

Aún así, el atractivo superficial del plan fiscal de Trump es innegable. Para los individuos, los impuestos se reducirían y simplificarían. Habría sólo tres tasas personales—10, 25 y 35 por ciento—comparado con la tasa máxima actual de 43,4 por ciento. La tasa máxima para corporaciones caería de un 35 por ciento a un 15 por ciento. Para ayudar a costear esos recortes, se eliminaría con la mayoría de las exenciones detalladas (excepciones: las exenciones a las contribuciones benéficas y a los pagos del interés de las hipotecas). 

Aproximadamente el 71 por ciento de las familias recibirían un recorte fiscal, calcula el TPC. El problema es que los recortes fiscales son regresivos: es decir, comparados con los ingresos familiares y las cargas fiscales actuales, favorecen a los ricos y a la clase media alta, en lugar de favorecer a los pobres y la clase media baja. Los recortes para el quinto más rico de los norteamericanos promediarían 19.510 dólares, y los recortes para el 1 por ciento más alto, 196.420 dólares, calcula el TPC. Mientras tanto, el quinto de los norteamericanos en el medio de la distribución de los ingresos recibiría un recorte promedio de 1.320 dólares. 

En realidad, todo eso no tendría nada de malo, si hubiera pruebas convincentes de que los impuestos más bajos estimulan considerablemente un crecimiento económico más rápido. Pero no las hay. Los recortes fiscales podrían amortiguar una recesión y mejorar el clima comercial, pero no elevan automáticamente el crecimiento económico a largo plazo. Un estudio de 2014 del Congressional Research Service lo expresa de la siguiente manera: “El examen de pruebas estadísticas sugiere que la oferta de trabajo, los ahorros y las inversiones son relativamente insensibles a las tasas fiscales.”

Lo cierto es que necesitamos impuestos más altos, no más bajos. Cuando la economía está cerca del “pleno empleo”, debe balancearse el presupuesto o incluso indicar un leve excedente. A 4,3 por ciento, la tasa de desempleo está, sin duda, cerca del pleno empleo, mientras se cree que el déficit para el año fiscal 2017 se acercará a los 700.000 millones de dólares, alrededor de un 3,6 por ciento de la economía (producto bruto interno). Se espera que ambas cifras aumenten, a pesar del crecimiento económico (supuesto) continuo. No se puede echar la culpa de la brecha al ciclo económico. 

Pagamos impuestos demasiado bajos. Los gastos del gobierno, a la cabeza de los cuales está el costo de los jubilados, generalmente exceden nuestras recaudaciones fiscales. En el pasado, abogué por un impuesto al carbono—introducido gradualmente para minimizar todo riesgo de recesión—como una manera pragmática de pagar los gastos de gobierno que queramos, mientras intentamos encarar el cambio climático. Permitir que el aumento de la deuda federal continúe es practicar un optimismo interesado. Supone que las posibles consecuencias adversas (el desplazamiento de las inversiones privadas, una crisis de la moneda) nunca se materializarán. 

Dadas las complejidades, quizás lo mejor que podemos esperar de una reorganización fiscal es una modesta reducción en las tasas fiscales, pagadas al restringir o eliminar algunas preferencias fiscales. Eso sería deseable; cuantas menos preferencias fiscales haya, menos lobbys habrá para mantenerlas o expandirlas. La “ciénaga” de Washington se secaría un poco. 

Pero no debemos engañarnos con la idea de que podemos arreglar la economía, el presupuesto o el sistema fiscal. En general, por medio de los déficits, pasaríamos el costo de las tasas más bajas de la actualidad a los norteamericanos del mañana por medio de impuestos más altos y beneficios menores. Admitir ese hecho requeriría un debate más honesto del que la mayoría de los norteamericanos está dispuesta a tolerar.