El repugnante negocio de las prisiones privadas –al menos una parte del mismo--ha entrado en sus estertores finales. Lo noticia no podía ser mejor, aunque no sea del agrado del candidato republicano.

“Podemos privatizar muchas cosas, y las prisiones privadas parecen trabajar mucho mejor”, le contestó Donald Trump al comentarista de MSNBC Chris Matthews, cuando este le preguntó el mes pasado cuáles eran los planes del Presidente Trump para reformar el sistema penitenciario.

Su respuesta no sorprendió a nadie, después de todo la ideología de Trump (por llamarla de alguna manera) gira alrededor del racismo y la intolerancia y, hey, se pueden ganar muchos millones privando de libertad a tantos negros y latinos, madres y niños inmigrantes como sea posible.

La semana pasada, después de que un reporte del Inspector General revelara la existencia de “peligrosas deficiencias”(cualquier cosa que esto signifique) en las prisiones privadas, el Departamento de Justicia anunció que comenzaría a eliminar paulatinamente los contratos del Buró de Prisiones con las multimillonarias compañías que operan dichas prisiones.

Esta decisión “ha sacudido la idea retorcida de extraer ganancias del encarcelamiento”, afirmó Daniel Carrillo, director ejecutivo de Enlace, un grupo que define su misión como trabajar para ponerle fin a la criminalización de los inmigrantes y la gente de color, y terminar con la encarcelación masiva en EE.UU.

La National Hispanic Leadership Agenda (NHLA), una coalición de 40 organizaciones latinas, aspira a que dicha medida vaya aún más lejos. El grupo acaba de enviar una carta al Presidente Obama pidiéndole que instruya a las autoridades federales de inmigración a que dejen de usar prisiones privadas para detener inmigrantes. 

 “Si las condiciones de (las prisiones privadas) se consideran inadecuadas para criminales, ¿cómo podemos justificarlas para individuos que no han sido acusados  de  --o no han cometido—ningún crimen”? manifestó José Calderón, presidente de la Hispanic Federation. “El Departamento de Seguridad Nacional debe seguir el ejemplo del Departamento de Justicia  y comenzar inmediatamente a eliminar gradualmente el uso de contratistas privados en casos de detención de inmigrantes”.

¿Cómo puede la administración de Obama, preocupada justificadamente por la suerte de los refugiados sirios, adoptar el punto de vista opuesto cuando se trata de inmigrantes centroamericanos, muchos de ellos mujeres, niños y familias, un gran número de los cuales busca asilo en este país? ¿Cómo justifica privarlos de libertad en ocasiones durante casi un año?

 “El que su administración reconozca que las compañías de prisiones privadas ‘se comparan pobremente’ con las facilidades manejadas por el Buró de Prisiones y no proveen ‘el mismo nivel de seguridad’ que las mismas contrasta con el crecimiento de los negocios entre el gobierno y esos contratistas en un contexto de inmigración”, señala la carta. “Continuar usando compañías de prisiones privadas para manejar los centros de detención de inmigración reflejaría una indiferencia deplorable y deliberada frente a las críticas revelaciones del Departamento de Justicia”. 

La administración de Obama debe terminar ya --y definitivamente-- con la totalidad de este despreciable monumento a la avaricia, que no debió existir nunca.  Y mientras más pronto, mejor.