HARRISBURG - En una conferencia de prensa en el capitolio del estado hoy en Harrisburg, la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania exigió más fondos para la defensa indigente, diciendo que el estado está incumpliendo su obligación constitucional de proporcionar representación a las personas que no pueden pagar un abogado penal. 

A pesar del derecho constitucional a un abogado, Pensilvania está casi en el último lugar entre los estados en cuanto a financiación y supervisión de los defensores públicos. Eso deja a decenas de miles de ciudadanos de Pensilvania que no pueden permitirse el lujo de pagar un abogado sin una defensa efectiva cada año. 

"La defensa pública es más que un derecho constitucional, es la puerta de entrada a cualquier otra reforma significativa en nuestro sistema jurídico penal", dijo Veronica Miller, asesora principal de política para la reforma jurídica penal en la ACLU de Pensilvania. “Podemos cambiar las leyes, modificar las políticas y establecer nuevos derechos, pero si la gente no tiene un abogado bien capacitado que luche por ellos, esas reformas a menudo sólo existen sobre el papel. 

"Son los abogados de oficio los que impugnan los registros ilegales, garantizan que se aplique la reforma de las fianzas y hacen que el sistema rinda cuentas cuando falla. Sin ellos, la promesa de justicia sigue siendo sólo eso, una promesa, no una realidad." 

En 2024, la ACLU de Pensilvania presentó una demanda contra la legislatura estatal y la oficina del gobernador por la falta de financiación adecuada para los defensores públicos. A pesar de la creación del Comité Asesor de Defensa de Indigentes por la legislatura y algunos fondos mínimos para los defensores en el presupuesto del gobernador, Pensilvania sigue estando muy lejos de dar a los defensores públicos los recursos que necesitan para ser eficaces. 

“Estoy aquí hoy para pedir a la legislatura estatal que reconozca que la responsabilidad de proporcionar una defensa jurídica eficaz no puede recaer únicamente en los

condados; el Estado debe actuar”, dijo Christine Lora, defensora jefe del condado de Montgomery. “He visto lo que sucede cuando no hay suficiente tiempo para preparar un caso, cuando no hay suficientes investigadores para descubrir la verdad, cuando no hay suficientes trabajadores sociales para ayudar a los clientes a reconstruir sus vidas, y me niego a aceptar que no podemos hacer las cosas mejor. 

"La realidad es que los abogados de oficio no pueden esperar. Nuestros clientes no pueden esperar. Nuestras comunidades y este estado no pueden esperar. Estoy aquí hoy y pido a nuestros legisladores que nos den los recursos que necesitamos para hacer el trabajo que la Constitución nos obliga a hacer. No mañana. Ni en el próximo ciclo presupuestario. El momento es ahora". 

"Los defensores públicos necesitan una financiación constante y sostenible, no una solución puntual", dijo Mary Klatt, defensora pública jefe del condado de Dauphin. "En mi oficina, los modestos aumentos salariales detuvieron el éxodo masivo de abogados que estaban a punto de abandonar la aplastante carga de casos de la defensa de indigentes. Pero cuando se acabe la compensación adecuada, la crisis de personal volverá a empezar. 

"La financiación estatal puede cambiar la cultura de la defensa pública garantizando que las oficinas contraten a abogados experimentados que puedan ofrecer el tipo de representación que puede reducir el encarcelamiento y la reincidencia. Sin embargo, una subvención estatal única se queda lamentablemente corta para implementar un cambio duradero." 

 Esta declaración está disponible en este enlace

CONTACTO: Andy Hoover, media@aclupa.org, 717-238-2258 x213