Sabía que los derechistas estaban atascados en ese asunto. Durante meses, recorrí programas de radio debatiendo con locutores conservadores el tema de las ciudades santuario, esas legendarias parcelas paradisíacas en las que, supuestamente, no se molesta a los indocumentados. Cada locutor tenía una definición diferente de lo que constituye una ciudad santuario. 

Es donde los inmigrantes ilegales viven su vida sin temor a la deportación, dijo uno. 

No, es donde los funcionarios municipales tratan de esconder a los inmigrantes ilegales de las autoridades federales, dijo otro. 

No, es donde las cárceles del condado no entregan reclusos indocumentados a los agentes de inmigración, dijo otro. 

No, es donde la policía local se niega a ayudar a los agentes federales de inmigración a hacer redadas de inmigrantes ilegales, dijo otro. 

Estos individuos se ganan la vida hablando, sin embargo ninguno sabía de qué diablos estaba hablando. Cada vez que un conservador despotrica sobre las ciudades santuario, generalmente las emociones lo guían. Uno puede en verdad oír cómo se cierra la maquinaria de su cerebro. 

Recientemente, como un servicio público, el procurador general Jeff Sessions, emitió una definición oficial de lo que significa realmente “santuario”. Y, es un término mucho más restringido de lo que muchos habíamos temido—originándose en Sessions, que por largo tiempo criticó la idea de las ciudades santuario, cualquiera fuera la forma en que las definía. 

Pero cuidado con lo que diga Sessions con respecto a la inmigración. Por ser alguien que dice apoyar la inmigración legal pero que, como senador, fue autor de una enmienda para limitarla, Sessions habla contradictoriamente del asunto. 

Y tiene variadas opiniones con respecto a si los departamentos de policía locales deben verse libres de interferencias federales. Favorece la autonomía local cuando se trata de la supervisión de los derechos civiles, pero se opone a ella en las ciudades santuario. 

Aún así, esto es lo que Sessions presentó—en un memorando del 22 de mayo para empleados del Departamento de Justicia—como definición oficial del gobierno del término santuario. 

Aunque reconoce que es prerrogativa del secretario de Seguridad del Territorio, John Norteamericanos

Kelly, designar un pueblo, ciudad o estado como “jurisdicción santuario”, el fiscal general intenta dar una mano. Según Sessions, “jurisdicción santuario” es aquella que intenta “prohibir” o “restringir que cualquier entidad o funcionario del gobierno envíe, o reciba, información [de los funcionarios federales de inmigración] con respecto a la ciudadanía o categoría migratoria, lícita o ilícita, de un individuo” coherente con el código federal 8 U.S.C. sección 1373 (a). 

Además, escribe Sessions, para que se considere “santuario”, una jurisdicción debe esforzarse en “negarse voluntariamente a cumplir con 8 U.S.C. 1373.” Al mismo tiempo, Sessions deja en claro, “una jurisdicción que no se niega voluntariamente a cumplir con la sección 1373 no es una ‘jurisdicción santuario’.” 

Finalmente, aunque Sessions admite que la definición que ha proporcionado es “estrecha”, también reafirma la “capacidad [del Departamento de Justicia] de indicar maneras en que las jurisdicciones locales y de los estados socavan nuestro sistema legal de inmigración o de tomar medidas cuando las prácticas locales o de los estados violan leyes y regulaciones federales o conceden condiciones.”

Si uno se abre camino en medio de la jerga legal ve rápidamente que la definición podría haber sido mucho peor, es decir mucho más amplia. Inesperadamente, esto concede a oficiales de policía del estado y locales que no desean realizar tareas de agentes de inmigración mucho espacio para evitar ese trabajo. 

Todo lo que cubre la definición es la trasmisión de información sobre posibles inmigrantes ilegales. Y si una jurisdicción decide rebelarse contra la autoridad y resistir ese requisito, todo lo que tiene que hacer es sostener que la resistencia no fue “voluntaria”. 

El sentido común podría prevalecer después de todo. No requerimos que los agentes del FBI escriban infracciones de tránsito y tampoco debemos requerir que oficiales de la policía local impongan la ley federal de inmigración. Si lo hacen, hay menos posibilidades de que los inmigrantes hagan denuncias cuando son víctimas de un robo, de una violación o agresión en manos de delincuentes reales. Se hace saber que los extranjeros son presa fácil porque son renuentes a hacer la denuncia por temor de que al ir a la policía, los deporten. Las tasas de delincuencia suben. 

Como gran parte del gobierno de Trump, Sessions no es muy listo cuando se trata de inmigración. Al poner su mira en las llamadas jurisdicciones santuario, cree que es “duro” y que está combatiendo la delincuencia. Pero en realidad la está alimentando.