El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado, entre otras cosas, por no ponerse de acuerdo a la hora de hacer públicas sus controversiales políticas.

Desde que el Fiscal General Jeff Sessions anunciara la implementación de una política de “tolerancia cero” contra la inmigración, sus medidas y consecuencias han sido una bola de nieve que sólo se puede describir como absoluto caos.

Las medidas fueron puestas en marcha durante el mes de abril de este año, y el nuevo protocolo contempla que las autoridades federales deben proceder a separar a niños de padres, familiares u otros adultos que les acompañan al atravesar la frontera sin documentos.

Los adultos entonces pasan a ser procesados por cargos criminales y confinados a cárceles federales, y los niños pasan a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Los Estados Unidos (DHHS).

El resultado ha sido la separación de casi 3.000 niños de sus padres, saturando las capacidades de alojamiento que poseía el gobierno.

La lógica indica que las familias están siendo separadas, pero el gobierno ha argumentado que no se trata de eso sino de “evitar el tráfico de niños” o que los menores terminen en redes de explotación.

Durante el pasado mes de junio la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, aseguró que el gobierno “no está haciendo nada de eso” sino que tan sólo se enfocaba en “hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”, lo que ha dado pie a que el presidente Trump reinterprete sus palabras y adjudique la culpa de la separación de familias a “los Demócratas”.

Sin embargo, nuevos documentos hechos públicos por Open the Government demostraron que la decisión interna de separar a las familias fue aprobado en puño y letra por la misma Nielsen.

Entre dimes y diretes, el gobierno ha demostrado el caos interno que ha supuesto la implementación de nuevas políticas, que parecieran manejadas con demasiada prisa, todo con tal de oponerse a la inmigración en el país.

Evidencia de ello fue el reporte no publicado del órgano de control del DHS al que el Washington Post tuvo acceso y que explica detalladamente la falta de preparación que tenía el gobierno para implementar sus ambiciosas medidas.

El texto reza:

El Departamento de Seguridad Nacional no estaba completamente preparado para implementar la Política de Tolerancia Cero de la Administración o para lidiar con algunos de sus efectos secundarios. Frente a las limitaciones de recursos y otros desafíos, el DHS regulaba el número de solicitantes de asilo que ingresaban al país a través de los puertos de entrada, al mismo tiempo que alentaba a los solicitantes de asilo a ingresar por los puertos. Durante la Tolerancia Cero, la Patrulla Fronteriza también mantuvo a niños extranjeros separados de sus padres por períodos prolongados en instalaciones destinadas únicamente a la detención a corto plazo.

El Departamento de Seguridad Nacional también tuvo problemas para identificar, rastrear y reunificar a las familias separadas bajo la Tolerancia Cero debido a las limitaciones de sus sistemas de tecnología de la información, incluida la falta de integración entre los sistemas.

Finalmente, el Departamento proporcionó información inconsistente a los extranjeros que llegaron con niños durante la Tolerancia Cero, lo que hizo que algunos padres no entendieran que serían separados de sus hijos y no pudieran comunicarse con ellos después de la separación.

La pregunta que surge ante esta información pareciera ser la misma en todas partes: si el gobierno no estaba preparado, ¿cuál era la prisa en implementar este tipo de medidas? ¿Eran realmente necesarias?

Según declaró la vocera del DHS, Katie Waldman, a NBC, el informe tan sólo “ilustra las dificultades a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración que no funcionan y están mal escritas”.

En conclusión, el gobierno insiste en reinventar leyes con las que no está de acuerdo a través de estrategias que tan sólo añaden más leña al fuego.