Esa invasión norteamericana de gran escala para atrapar a Noriega y someterle a juicio bajo cargos de crímenes federales, relacionados algunos con el tráfico de droga, causó una destrucción masiva en Panamá, desde muertes civiles hasta la destrucción de casas y negocios.

El número de víctimas civiles variaba ampliamente, desde unos pocos 200 declarados por la armada estadounidense hasta los 500 contados por Naciones Unidas e incluso los 3000 reportados por organizaciones de derechos humanos latinoamericanas.

Cualquiera sea el número exacto de panameños inocentes que perecieron durante la invasión, la realidad es que Estados Unidos –sus militares, sus medios oficiales, los miembros del Congreso y los funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo al Presidente George H. W. Bush– trataron la muerte y la destrucción en Centroamérica como un mero daño colateral, aceptable por un bien mayor que correspondía a aprehender al brutal dictador  y narcotraficante.

El daño colateral en la jerga de la milicia norteamericana equivale a la muerte incidental y/o el daño durante un ataque a un objetivo militar legítimo.

Perdidos entre esa desestimación casual de muerte y destrucción panameñas como daño colateral, se encuentran hechos preocupantes como las iniciativas de la política internacional estadounidense que frecuentemente involucra colaboraciones con grandes y reconocidos narcotraficantes, y ese tipo de asociaciones deja caer toneladas de drogas en las calles estadounidenses (en las ciudades, en los suburbios y en las comunidades rurales) que causan una devastación doméstica relativa a la guerra contra las drogas, frecuentemente calificada de eso: daño colateral.

El personal de Estados Unidos responsable por el daño colateral doméstico proveniente de una política internacional empapada en drogas, pocas veces se hace responsable. 

Tomemos por ejemplo al entonces presidente George H.W. Bush, quien ordenó la invasión para arrestar al brutal doble agente, Noriega. Bush sabía o debía haber sabido sobre la nefasta conducta criminal de Noriega, pues el dictador era un agente altamente remunerado por la CIA y Bush alguna vez dirigió esa agencia.

Pero Bush nunca puso sobre el tapete oficial las colaboraciones con traficantes de drogas que ocurrieron bajo su supervisión.

Las drogas provenientes de colaboraciones internacionales, como el caso Noriega, contribuyeron al flujo de la cocaína que inundó las calles de América durante los años ochenta. La violencia de ese maremoto de cocaína, particularmente del crack en las ciudades del interior, conllevaron al la resurrección de linchamientos legislativos como las mínimas sentencias obligatorias.

Esas leyes penales draconianas/discriminadoras –que recibieron un apoyo político bipartidista– detonaron una epidemia de encarcelación masiva. En consecuencia, esa epidemia vació las arcas del Estado a niveles federal y estatal sin una clara evidencia de disminución ni en el crimen ni en el consumo diseminado de drogas.

Hoy día, el Fiscal General de Los Estados Unidos, Jeff Sessions, ha ordenado a los Fiscales Generales que persigan las sentencias máximas, dando marcha atrás a un laborioso y largo trabajo de sentido común en correcciones como la eliminación de las sentencias obligatorias.

Igualmente absurdos son algunos legisladores estatales en Pennsylvania, sobre todo republicanos, que buscan el regreso de las condenas obligatorias por crímenes de drogas que aumentarán los costos en las prisiones a niveles millonarios, simultáneamente al déficit presupuestario severo que enfrenta el estado como consecuencia de recortes en áreas vitales como el tratamiento de las drogas.