Estados Unidos posee la democracia constitucional más antigua del mundo, la cual ha sobrevivido la prueba del tiempo y ha dado a luz a la sociedad que tal vez sea la más exitosa en la historia de la humanidad. Lo que separa a la nación no es qué tan democrática sea sino lo opuesto. La democracia estadounidense tiene una serie de chequeos que poseen la intención de prevenir la acumulación y el abuso de poder por cualquier persona o grupo. No obstante, hay una enorme brecha en el sistema: el presidente. 

Durante sus entrevistas famosas con David Frost en el año 1977, Richard Nixon efectuó una declaración con respecto a Watergate que ha sido citada de manera burlona desde ese entonces. “Cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal”, le dijo a Frost. Nixon fue un abogado inteligente y un estudiante cercano de la Constitución. Básicamente tenía razón. El presidente, de hecho, se encuentra por encima de la ley. El Departamento de Justicia, después de todo, trabaja para él. Trump se rehusó a seguir ciertas directrices éticas en cuanto a separarse a sí mismo de su imperio empresarial y le dijo a The New York Times: “La ley está totalmente de mi lado, lo cual significa que el presidente no puede tener un conflicto de interés”. La mayoría de los abogados dicen que no se equivoca. Las reglas en realidad no se aplican al presidente. 

Solamente hay un “control” al presidente: el juicio político. Y es político, no legal. Desde que el partido de Trump controla ambas cámaras del Congreso, ha habido poca resistencia allí. Uno podría haber esperado más y tal vez lo veremos. Hasta ahora, parece que el Partido Republicano está perdiendo cualquier semejanza con un partido político occidental tradicional; en vez de eso, solo se está convirtiendo en algo que se encuentra con más frecuencia en el mundo en desarrollo: una plataforma para apoyar el ego, los apetitos e intereses de un hombre y su familia. 

Hay otros controles, menos potentes en el poder del presidente. Algunos son estructurales, otros simplemente una cuestión de moralidad o precedencia. Trump ha buscado debilitar varios de estos, tanto antes de la elección como ahora en la Casa Blanca. 

Durante la campaña, explicó que le gustaría cambiar las leyes para lograr que sea más fácil demandar a los periodistas. Anunció que esperaba encarcelar a su opositor. Habló a favor de la deportación en masa de los mejicanos en 1950. Propuso una prohibición a una religión entera, impedir que todos los musulmanes entrasen a Estados Unidos. Promovió que el ejército estadounidense torture a los prisioneros. Además, puso en duda la integridad de un juez debido a su ascendencia mejicana. 

Una vez en el poder, Trump ha continuado en esta línea, tomando medidas que debilitan todas las fuentes de resistencia. Sumariamente, despidió al director del FBI, James Comey, según se dice debido a su investigación acerca de los vínculos de la campaña de Trump con Rusia. De ser cierto, el despido sería un golpe demoledor. Las agencias neutrales del poder ejecutivo son joyas del sistema moderno estadounidense. No siempre fueron imparciales y ciertamente, no son perfectas, pero en décadas recientes han adquirido una reputación merecida. Cuando viajo de Europa Oriental a China y hasta América Latina, los reformadores democráticos me cuentan que ven estas agencias como modelos cuando intentan fortalecer el Estado de derecho en sus propios países. 

Solo hay dos fuerzas que pueden colocar algunas restricciones sobre Donald Trump: los tribunales y los medios de comunicación, y ha atacado a ambos sin descanso. Cada vez que el tribunal falló contra sus órdenes ejecutivas, el presidente ridiculizó la decisión o menospreció a los jueces involucrados. Para su enorme crédito, esto no ha desalentado a los tribunales de defenderse.

Esto deja a los medios de comunicación. Trump los ha atacado (y a nosotros mismos) como ningún presidente lo ha hecho jamás: atacó a los medios de comunicación, a varios periodistas particulares y amenazó con quitar protecciones legales aseguradas a una prensa libre. Sobreviviremos, pero debemos reconocer los riesgos. 

Los medios de comunicación deberían abarcar las políticas de la administración con justicia. Sin embargo, tampoco deben permitir que el público jamás se olvide de que varias de las actitudes y medidas del presidente son violaciones graves de las costumbres y prácticas del sistema moderno estadounidense; que son aberraciones y no pueden convertirse en nuevas normas. De esa manera, luego de Trump, el país no comenzará la próxima presidencia con normas destrozadas y expectativas hundidas. La tarea simplemente es mantener vivo el espíritu de la democracia estadounidense.