La despedida de James Comey como director del FBI y la presunta filtración de información clasificada al gobierno ruso a manos del propio presidente es el más reciente capítulo de la convulsionada -y aún muy corta- historia de Donald Trump en la Casa Blanca. 

Cuando ambas noticias estallaron las reacciones en los medios de comunicación no tardaron. La salida de Comey del FBI, justo cuando lideraba las investigaciones por la presunta intervención de Rusia en la campaña presidencial de 2016, y la revelación de The Washington Post según la cual el presidente Trump habría compartido información de inteligencia altamente clasificada con el ministro ruso de relaciones exteriores Serguéi Lavrov y el embajador Serguéi Kislyak, han sido calificadas como una crisis autoinfligida por el gobierno nacional.

Y no es para menos, los giros discursivos del presidente Trump frente al exdirector del Buró Federal de Investigaciones y la incapacidad de su gabinete para mantener una versión oficial y coherente de los hechos, pusieron en evidencia -una vez más- las grandes dificultades que atraviesa la Casa Blanca no solo en materia comunicativa, sino en el simple hecho de gobernar sin generar un manto de dudas a su alrededor. 

Aunque la ley le permite al presidente compartir información clasificada, el que presuntamente lo haya hecho con funcionarios del gobierno ruso y que dicha información sea sobre las actividades de inteligencia de aliados de Washington contra el Estado Islámico, compromentería la capacidad de acción de Estados Unidos en Siria. 

En cualquier democracia que se respete, la confianza de la población es quizá uno de los activos más importantes para un gobierno, de ella depende en buena parte la implementación de políticas a corto y mediano plazo; es por eso que su pérdida debería ser un motivo de preocupación para la administración Trump. De acuerdo con una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac, el 58 por ciento de los estadounidenses desaprueba su gestión en sus primeros 100 días de mandato, un índice de impopularidad bastante alto para un presidente que aún se encuentra estrenando silla en la Oficina Oval. 

Pero el dato más revelador no es el que gira en torno a la popularidad o no del mandatario, sino el que refleja su nivel de credibilidad ante la ciudadanía. Según la misma encuesta, el 61 por ciento de los electores estadounidenses piensan que el presidente Donald Trump no es una persona honesta. Pensar que la transparencia no es una característica propia de los poderosos es equivalente a descubrir que el agua moja, pero confirmarlo no deja de ser un motivo poderoso para prender las alarmas.

Precisamente sobre la destitución de Comey, una encuesta de NBC y The Wall Street Journal dada a conocer el sábado pasado concluyó que solo el 29 por ciento de los estadounidenses apoyan la despedida del exjefe del FBI. La misma encuesta indagó por lo que opina la gente sobre los motivos reales de la destitución: el 46 por ciento de los estadounidenses piensan que la decisión de Trump tiene como fin congelar la investigación que el ente investigador adelanta sobre las posibles conexiones de su campaña con el gobierno de Vladimir Putin.

Es cierto que las encuestas son fotografías que registran el estado de la opinión pública en un momento determinado; sin embargo el que la actual administración tenga un nivel de descrédito tan alto en tan poco tiempo plantea por lo menos un escenario grave de legitimidad que podría afectar el desarrollo de su agenda política. 

En este sentido vale la pena plantear varias preguntas: ¿Cómo se puede garantizar la gobernabilidad de un país cuando el hombre que lo lidera carece de total credibilidad? ¿Estamos ante el inicio de una crisis política sin precedentes en casi dos décadas?

Sanford V. Levinson, profesor de gobierno en la Universidad de Texas y miembro del Instituto Estadounidense de Leyes, le dijo a la revista Político que todavía no estamos ante una crisis de tipo constitucional puesto que, como presidente, Trump tiene facultades para despedir a funcionarios como el director del FBI. “Estaríamos ante una crisis si (Jeff) Sessions interviniera la investigación o si tratara de detenerla”. 

En el mismo sentido se expresó Elizabeth Price, profesora de leyes en la Universidad Internacional de la Florida, quien en declaraciones a la misma revista defendió la legalidad de la medida adoptaba por Trump. “Cuando el fiscal adjunto (Rod J. Rosenstein) concluyó que el director Comey usurpó el papel del Departamento de Justicia en su decisión de no recomendar el enjuiciamiento de Hillary Clinton, el presidente Trump hizo lo único legalmente posible: despedir a Comey”, afirmó la analista.

Todo eso es cierto, sin embargo el que el presidente tenga facultades legales para retirar a un alto funcionario de su cargo o para compartir información privilegiada no quiere decir que sus acciones sean aceptables. En su columna de opinión publicada es sábado pasado por The Washington Post, el experto constitucionalista Laurence H. Tribe aseguró que el Congreso debe abrirle una investigación formal al presidente “por obstrucción a la justicia”

Para Tribe la figura del “impeachment” es un herramienta valiosa a la hora de ponerle freno a funcionarios cuyo comportamiento representen una amenaza para el sistema de gobierno del país.

Según el constitucionalista y profesor de leyes en Harvard, no cabe duda de que Trump reúne todos los requisitos para ser impugnado por el Congreso.

“El despido Comey no detendrá la investigación, pero representó un obvio esfuerzo para interferir con una investigación que involucraba asuntos de seguridad nacional mucho más graves que el “robo de tercera categoría” que Nixon trató de ocultar en el Watergate. 

”La cuestión de la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales y la presunta conspiración con la campaña Trump ponen en riesgo nuestro sistema y la capacidad de llevar a cabo elecciones libres y justas”, señaló Tribe.

Aunque todavía es muy temprano para darle una respuesta definitiva a estas preguntas, vale la pena echarle un vistazo a lo que dicen los indicadores sociales a propósito de las controversiales decisiones del presidente. 

El pasado 29 de abril, ante una multitud de seguidores reunidos en Harrisburg, el presidente rindió cuenta de los avances más significativos en los primeros 100 días de su gobierno. El discurso, señalado por varios analistas como “uno de los más divisorios pronunciado por un mandatario en funciones”, dejó mucho qué desear por sus ataques a la prensa y la ratificación del tono desafiante como estilo comunicativo del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Ese tono es el que precisamente ha servido como catalizador de una serie de protestas en las principales ciudades del país y que en el mundo de las organizaciones sociales se conoce como “la resistencia”, un fenómeno que poco a poco ha venido tomando forma y que proyectan un escenario fértil para materializar una posible crisis política.

El que millones de mujeres le hayan dado al presidente una “calurosa bienvenida” un día después de su posesión; el que miles de latinos y asiáticos armados de pancartas hayan protagonizado un día sin inmigrantes; el que nativos estadounidenses, ambientalistas y hasta científicos hayan marchado en oposición a los reversos en materia de política ambiental, entre otras; ofrecen un panorama que debería preocupar al presidente por un aspecto simple: la diversidad de los sectores que han salido a las calles, y que superan ampliamente en cantidad a quienes asistieron a su posesión en Washington, es el síntoma de una legitimidad cada vez más débil.

Aunque esta era una situación que se preveía tras la publicación de los resultados electorales en noviembre pasado, cuando se supo que Hillary Clinton ganó la voluntad popular por una diferencia de 3 millones de votos, la administración de Trump ha sido errática a la hora de comunicar e implementar un plan de gobierno que logre enamorar al grueso de la sociedad estadounidense.  

En solo cuatro meses de gobierno, Trump ha enfrentado al menos 15 manifestaciones simultáneas en más de 40 ciudades del país, una realidad que tiende a radicalizarse a la misma velocidad que lo hace el mandatario. 

Pero, tal y como dice el dicho “cuando el río suena, piedras lleva”, la oposición social y el consecuente desprecio del mandatario por las buenas formas, empiezan a pasarle cuenta de cobro. Según un artículo del New York Times, varios miembros republicanos del Senado, “alarmados por la volatilidad y la impopularidad del presidente”, han empezado a tomar distancia de la Casa Blanca en un claro ejercicio de protección de su capital político.

Resulta irónico que siendo un hombre de negocios Trump parezca no darse cuenta de que gobernar es ante todo el arte de la negociación, y es en ese terreno en el que su administración pierde espacio de diálogo con diversos sectores políticos y de la sociedad estadounidense. Esto se debe en parte por el carácter pendenciero del mandatario, acostumbrado a llevar a cabo su voluntad por encima de cualquier consideración, pero también por la escasa apertura frente a las críticas y el control político. La despedida de Comey es una muestra de ello.

Aunque muchos analistas auguran que el 45 presidente de Estados Unidos no completará su primer periodo en la Casa Blanca, lo cierto es que Trump ha demostrado ser capaz de sobreponerse a las dificultades. Hace un año nadie creía en la posibilidad de que ganara las elecciones, hoy muchos se preguntan si su ajetreada presidencia logrará llegar a feliz término sin desbaratarse en el camino.  

La historia tiene la respuesta.