El desencadenante de este fallo por parte de la Corte de Apelaciones fue la mala conducta ejecutada por varios agentes de la policía de Filadelfia en 2012 y 2013.

Aunque no hubo palizas brutales ni tiroteos fatales, el carácter vengativo de las acciones llevadas a cabo por los oficiales de policía violaron de forma escandalosa la política interna del Departamento de Policía de Filadelfia y los derechos constitucionales establecidos en la Primera Enmienda.

Dichas acciones tuvieron lugar en septiembre de 2012 y septiembre de 2013, un año y dos años después respectivamente de que el entonces comisario en jefe de la Policía de Filadelfia publicara un memorándum (con fecha 23 de septiembre, 2011) en el que se informaba claramente a todos los miembros del Departamento de Policía de la ciudad el carácter inapropiado de lo que precisamente hicieron dichos agentes en 2012 y 2013, desencadenando una serie de acontecimientos que acabaron con el fallo del Tercer Circuito. 

Esta mala conducta policial costará dinero a los contribuyentes de Filadelfia. Dinero que servirá no solo para compensar a las personas que sufrieron abuso policial y otras conductas similares, sino también para sufragar los costes asociados a los procesos de litigación. Sin embargo, la perspectiva de que los ofensores se enfrenten a castigos disciplinarios graves o a una penalización en su caja de impuestos para drenar su mala conducta parece aún muy lejana.  

Casi nadie discute que la práctica policial es un trabajo duro y, sí, también peligroso. Y casi nadie discute tampoco que la ley otorgue cierta laxitud al cuerpo policial a la hora de aplicar su autoridad. 

El problema en este caso (y en muchos otros) es que la policía, de manera demasiado frecuente, interprete esta laxitud como una licencia para hacer lo que le dé la gana, incluso hasta cruzar el límite de la legalidad.   

Y el  hecho de la policía actúe en el territorio de la ilegalidad en demasiadas ocasiones es “incitada e inducida” por sus propios superiores, que excusan las conductas erróneas cometidas por sus colegas; por procuradores que buscan condenas a partir de arrestos claramente equívocos; y por jueces que anhelan dictar exenciones legales a la policía, aunque esas exenciones corroan el concepto de igualdad de justicia ante la ley. 

El fallo del Tercer Circuito del que estamos hablando se basó en los arrestos de personas que filmaban en video actuaciones policiales en espacios públicos. Estos individuos no estaban interrumpiendo de ningún modo el trabajo policial. En el año 2012, un agente detuvo a un observador legal que estaba filmando a otro policía mientras arrestaba a un manifestante en las inmediaciones del Convention Center. Y en 2013, otro policía detuvo a un estudiante universitario mientras filmaba la irrupción de otro policía en una fiesta privada. 

Estos arrestos violaban claramente el memorándum promulgado en 2011 por la Jefatura de Policía, que ordena que los agentes “no deberían” detener a ningún individuo por filmar (la mayor parte) de las actuaciones policiales. Unos meses más tarde, el Departamento de Justicia de EE.UU. promulgó un listado de recomendaciones dirigidas a la policía de todo el país alertando que los oficiales de policía no deberían arrestar a nadie por filmar en video las actuaciones policiales. En noviembre de 2012, la Jefatura de Policía de Filadelfia decidió incorporar dichas recomendaciones federales a una directiva mejorada sobre este tema. 

Los agentes descarriados que han sido objeto del fallo del Tercer Circuito alegaron que no estaban seguros de lo que podían y no podían hacer, mientras la Ciudad de Filadelfia defendía  que no tiene responsabilidad por los actos errantes cometidos por los empleados de su cuerpo policial. 

Como señaló un juez durante el fallo del Tercer Circuito, los oficiales de policía “no tenían terreno para reclamar ambigüedad sobre los límites de los derechos constitucionales de los ciudadanos ...”

La mala conducta de la policía continuará existiendo hasta se empiecen a tomar medidas… ¡duras!