Haití dio su primer paso hacia la desgracia el 17 de abril de 1825 cuando empeñó su futuro económico a cambio de reconocimiento del mundo. Se había independizado de Francia en 1804, convirtiéndose en el segundo territorio de América libre y el único que lo logró con antiguos esclavos. Para entonces abastecía las dos terceras partes del mercado mundial de azúcar.

Por orden de su primer gobernante, Jacques Dessalines, se persiguió y ajustició a unos cinco mil blancas y blancos que vivían en la isla. Eso le costó el desprecio diplomático y el aislamiento le salió caro. A cambio, Francia exigió una millonaria indemnización por la independencia y unas garantías comerciales, que lo asfixiaron. 

A esto se suma la inconveniente ubicación de la isla del lado haitiano (en el occidente está República Dominicana), expuesta a terremotos y a huracanes. A esas dos desgracias se agregan dictaduras (la de los Duvalier duró 29 años), corrupción e inestabilidad política. 

En poco más de un mes, el asesinato del presidente y un terremoto volvieron a recordarle al mundo que Haití es un país inviable. Es la pobreza extrema de un pueblo sometido a la tragedia, con una gran cantidad de ONG metiendo la mano en los recursos y con poco apoyo real para infraestructura y generación de riqueza que permita un desarrollo sostenible. 

Puede sonar obvio, pero hace rato la comunidad internacional debería hacer una intervención humanitaria, poner en marcha controles a quienes administren los recursos y apoyar una verdadera transformación de una sociedad de 11 millones de personas que viven entre ruinas. Si no es ahora, ¿cuándo?