La semana pasada, un juez federal de California ordenó a tribunales de inmigración de tres estados que proporcionaran representación legal a inmigrantes con discapacidades mentales, que están detenidos o enfrentan la deportación.

Eso sucedió al día siguiente de que funcionarios federales de inmigración emitieran una nueva política, que expandiría efectivamente ese fallo, proporcionando representación legal pagada por el gobierno a individuos con discapacidades mentales, en los tribunales de inmigración de todos los estados.

Es una medida de sentido común para proporcionar protección a los más vulnerables de un tipo de personas —los inmigrantes que enfrentan la deportación— y que no tienen derecho a tener un abogado si no pueden pagarlo.

Ahora que se ha establecido un precedente tan importante, es imperativo que el gobierno actúe con celeridad para asegurar que los menores cuenten con protecciones similares.

Tal y como están las cosas ahora, los niños menores de 18 años sin un padre o tutor, están obligados a navegar el proceso de detención de inmigración solos. Incluso se espera que niños un poco mayores que infantes comparezcan ante jueces de inmigración para defenderse solos en procedimientos legales, si no pueden contar con un abogado.

Según el Vera Institute of Justice, una organización no-gubernamental de política e investigaciones de justicia penal con sede en Nueva York, desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2010, la Oficina de Refugiados y Reasentamiento, un organismo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, reportó que 13.945 niños inmigrantes fueron admitidos en su División de Servicios para Niños No-acompañados.

"Las recientes demandas para proteger a individuos que no pueden defenderse ante un tribunal nos inspiró a conectar los puntos hasta los niños," expresó Wendy Young, presidenta de la organización de defensa legal con sede en Washington, Niños con Necesidad de Defensa (KIND, por sus siglas en inglés).

"Extender estas protecciones a los niños es el paso siguiente natural. Estos también son individuos que no pueden comprender los procedimientos en los que están involucrados. Hemos representado niños hasta de 2 años de edad y es realmente una burla de la justicia —los jueces están casi tan afligidos como los niños, cuando ven niños pequeños que llegan al tribunal sin abogados."

Según KIND, cada año más de 8.000 niños no-acompañados vienen a Estados Unidos solos, muchos de ellos escapando situaciones de abuso y persecución, o como víctimas de tráfico, abandono, o privaciones severas. Se espera que enfrenten los tribunales sin consejo legal, aunque la mayoría de los niños no puede comprender los complejos procedimientos ni las opciones que tienen. Y casi siempre existe una barrera lingüística.

Con una representación legal adecuada, muchos de estos niños —alrededor de un 40 por ciento en 2010, según el Vera Institute— podrían recibir algún tipo de amparo contra la expulsión.

KIND, así como otras organizaciones tales como el Proyecto de Asistencia a Niños Inmigrantes del Colegio Norteamericano de Abogados, proporciona asistencia legal pro bono para niños detenidos, no-acompañados y capacita a abogados para defender estas complejas causas.

Como con cualquier otra propuesta de ayuda en el sistema migratorio, la primera pregunta que formulan los que dudan es cuánto costaría proporcionar esos servicios.

"Deben recordar que estamos hablando de una franja muy pequeña de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, sobre la que enfocamos la mayor parte de nuestra atención," me dijo Young. "Aunque estamos viendo un incremento en los números de niños en esta situación, el coste podría ser una cantidad bastante modesta, para ser perfectamente honesta. Porque estamos hablando de una asociación privada-pública, sólo estamos considerando entre 15 y 28 millones de dólares por año, dependiendo de la fluctuación en las cifras."

Para colocarlo en contexto, aunque en el nivel más alto 28 millones de dólares no son chauchas y palitos, también es una cantidad relativamente pequeña dentro del presupuesto de 27.100 millones de dólares que ha pedido el Departamento de Justicia para el año fiscal 2013. Y los beneficios irían mucho más allá de los casos que involucran a menores.

"Ayudaría a que los tribunales fueran más eficaces," expresó Young. "En lugar de que vinieran niños múltiples veces, sería más rápido si tuvieran un abogado desde el comienzo para que sus causas avanzaran más velozmente".

No es un sueño poco realista. Según Young, el proyecto de reforma migratoria integral, que se está redactando en el Senado, incluye una estipulación que requeriría que el Departamento de Justicia nombrara un abogado en causas en que inmigrantes menores no pudieran tener acceso a servicios pro bono.

Si existe una pizca de humanidad en los legisladores que negocian el acuerdo final, la protección que se ha sugerido no terminará destruida por la tijera.