En las próximas semanas, los latinos de Filadelfia serán bombardeados por mensajes publicitarios que aseguran que un impuesto sobre las bebidas azucaradas cerraría las bodegas y perjudicaría desproporcionadamente a las familias latinas de bajos ingresos. Aunque yo apoyo personalmente el plan del alcalde Kenney de utilizar este impuesto para ampliar la educación preescolar, crear escuelas comunitarias y recuperar nuestros parques, centros recreativos y bibliotecas vecinales, no escribo este artículo con la intención de persuadir a los lectores. Lo escribo porque, independientemente de si usted está a favor o en contra de este impuesto o no se ha decidido todavía, debería poder formar su propia opinión con base en datos concretos. Además, lamentablemente, quienes se oponen al impuesto a los refrescos ya han demostrado su poco apego a la verdad en sus mensajes publicitarios.
Aunque la oposición afirma a menudo que este impuesto perjudicaría a las pequeñas empresas, en particular a las bodegas y tiendas pequeñas, las ventas generales de bebidas no se redujeron cuando el impuesto sobre las bebidas azucaradas entró en vigencia a nivel nacional en México. En efecto, ocurrió exactamente lo contrario: el aumento del consumo de agua embotellada compensó con creces la caída de las ventas de bebidas azucaradas. Asimismo, en Berkeley, donde también entró en vigor un impuesto sobre las bebidas azucaradas el año pasado, ni una sola empresa pequeña ha cerrado por esa causa. Al contrario de lo que se asegura en los mensajes publicitarios de los oponentes, las evidencias sugieren que, si bien un impuesto puede hacer que la gente consuma menos bebidas azucaradas, eso no significa que dejará de comprar en sus tiendas locales, simplemente comprará agua embotellada o refrescos light en su lugar.
A los propietarios de tiendas pequeñas que no se tranquilicen con los ejemplos de Berkeley y México, les señalaré que no sólo la Cámara de Comercio no se opone a este impuesto, sino que también muchos economistas levantan su voz para apoyarlo. En la edición de Inquirer de este domingo, el principal economista de Moody’s Analytics, una de las empresas de análisis económicos más importantes de Estados Unidos, explicó que “es una exageración el argumento empleado por los oponentes al impuesto cuando declaran que afectará considerablemente la economía de Filadelfia y provocará la pérdida de puestos de trabajo. Se trata de un cambio fiscal demasiado pequeño para que pueda tener un impacto importante en la economía general de la ciudad. Me sorprendería si tuviese algún efecto en las cifras relacionadas con el empleo.”
Los oponentes al impuesto también explican que aumentará los precios de los refrescos para las personas que menos pueden permitírselos, es decir, las familias latinas de bajos ingresos. Sin embargo, debido a que son los distribuidores quienes pagan este impuesto, y no las bodegas, tiendas pequeñas ni otros minoristas, es muy poco probable que repercuta completamente en los consumidores. De hecho, en Berkeley sólo aproximadamente la mitad del impuesto llegó a trasladarse a los consumidores.
También es importante recordar que el impuesto sobre las bebidas azucaradas financiaría programas destinados predominantemente a ayudar a las comunidades más pobres. En concreto, los ingresos provenientes de este impuesto financiarían la incorporación de otros 6,500 niños a la educación preescolar, la creación de 25 escuelas comunitarias y una inversión de 300 millones de dólares en nuestros parques, centros recreativos y bibliotecas vecinales. Tanto los centros de educación preescolar como las escuelas comunitarias pueden mejorar categóricamente los resultados académicos para los alumnos de nuestras escuelas públicas, en particular de los niños provenientes de hogares de bajos ingresos. Por otra parte, está demostrado que las inversiones en parques, centros recreativos y bibliotecas reducen la delincuencia, favorecen la seguridad de los niños al salir de la escuela y crean puestos de trabajo para los desempleados de Filadelfia.
Estos programas también tienen un impacto económico positivo. Las inversiones del alcalde en educación preescolar van a generar hasta 100 puestos de trabajo para los docentes de preescolar, y los estudios realizados demuestran que los profesionales de la educación preescolar gastan generalmente la mayor parte de su salario dentro de sus propias comunidades. En un informe de la Economy League se especifica que por cada dólar invertido en educación preescolar se generan al menos $1.79 en gastos locales.
La educación preescolar también es importante para estabilizar a nuestra fuerza laboral. Si los padres que trabajan no disponen de servicios de cuidado infantil confiables, es probable que dejen de acudir repentinamente a sus trabajos ante la necesidad de cuidar a sus hijos, lo que perjudica a sus empleadores e impide que esos padres puedan conservar sus puestos. La inversión en educación preescolar eliminará el falso dilema al que se enfrentan muchos padres en nuestras comunidades entre asegurar la manutención de sus familias y atender correctamente y con seguridad a sus hijos pequeños.
Considero que este impuesto es la opción correcta para la comunidad latina, pero incluso si usted no está de acuerdo conmigo, le animo a conocer los datos concretos. Hay una gran cantidad de información falsa circulando por allí y tenemos la obligación con nuestras comunidades, nuestras escuelas y nuestros hijos de asegurarnos de que si decimos “no” al impuesto a los refrescos y a todas las inversiones educativas y comunitarias que vendrían con ese impuesto, lo hagamos considerando los hechos sin dejarnos influenciar por los mensajes publicitarios. 

Edgardo González nació en Puerto Rico y ha vivido en Filadelfia durante los pasados 30 años. Es el presidente de la junta del Taller Puertorriqueño, la organización de arte latinas más antigua en Pensilvania. Es graduado de la Universidad de Jefferson con una Licenciatura en Ciencias. González es conocido como un activista de la comunidad que trabaja con grupos cívicos, culturales y políticos en Filadelfia.