La histórica desigualdad social, el malestar popular, la fragilidad política y una democracia de papel tienen a Perú en una crisis de la que no se sabe el desenlace. El detonante de la situación actual fue la destitución de Pedro Castillo como Presidente y su captura, el pasado 7 de diciembre, luego de que ordenó el cierre del Congreso. 

Hoy Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, es la sexta jefe de Estado en cuatro años, un claro ejemplo de inestabilidad política. Pero más grave aún es la explosión social que ha dejado más de 60 muertos por la represión oficial, el allanamiento de la Policía a la Universidad de San Marcos, una parálisis parcial del país y la falta de voluntad de quienes han tenido siempre el poder y que se resisten al cambio.

La inestabilidad en la Presidencia va de la mano de un artículo de la Constitución que le permite al Congreso sacar al Jefe de Estado por “incapacidad temporal o permanente”, una vía expedita cuando el mandatario tiene en contra a los congresistas. 

Por otro lado, la protesta es la consecuencia, no la causa, de una situación que se ha vuelto insostenible y que deja mal parado a Perú. Además, para la región es un mal ejemplo de la manera como se pone contra las cuerdas a la institucionalidad y, en últimas, a la democracia. Por eso, las voces de rechazo a lo ocurrido el 7 de diciembre y el llamado de varios presidentes al diálogo para recomponer la situación y lograr una solución estable y sostenible.

Un empresario colombiano, que tiene intereses en Perú, llegó a decir en noviembre que ese país es maravilloso porque no importa quién esté en la Presidencia porque finalmente mandan los empresarios y el Congreso. Lo dijo para justificar que allá no hay problemas para inversionistas como él y no se depende de quién es el presidente.

Esa supuesta estabilidad argumentada por el empresario no es tan cierta. Por el contrario, hoy resulta ser una crisis sobre la cual no hay voluntad en la derecha de tomar decisiones realmente efectivas y oportunas. La convocatoria pronta a elecciones y a una reforma constitucional que le de visibilidad a sectores excluidos y el reconocimiento de derechos serían caminos audaces y .convenientes. 

El mencionado empresario, sin proponérselo, hizo una fiel radiografía de la situación peruana. El poder está en manos de unos pocos que llevan y traen presidentes, que tienen el control del Congreso, de la justicia, de la economía, de los medios de comunicación más influyentes. 

Investigadores como Julio Roldán, sociólogo peruano radicado en Alemania, enfatizan en ese diagnóstico para llamar la atención en el sentido que el problema no es Castillo ni ninguno de los presidentes descabezados. Es el sistema mismo. 

A esto se agrega la polarización entre fujimoristas y antifujimoristas, sin términos medios. Pese a estar preso y condenado por violaciones a los derechos humanos, Alberto Fujimori (presidente entre 1990 y 2000) sigue pesando en el destino peruano, hasta la Constitución que aprobó está vigente.

Avergüenza decirlo, pero en Perú ocurre lo mismo que en otras parte del Continente: un arraigado racismo y desprecio por los pueblos indígenas, por comunidades afro y campesinas y, en general, por los excluidos. Implica una efectiva descentralización y que Lima no concentre el desarrollo, como ha ocurrido siempre.

Mientras no haya una verdadera voluntad de superar la discriminación y acceder a la inclusión económica, social y políticamente, difícilmente se podrá voltear la página.

El remedio está inventado, pero los que han llevado a Perú a esta situación se resisten a ceder un ápice en sus pretensiones y acciones por ampliar la brecha entre ellos y la inmensa mayoría.