De la misma forma como no existen esas criaturas fantásticas con un solo cuerno, tampoco existe un santuario para inmigrantes sin papeles en California.

Es una mentira flagrante, como afirman los funcionarios del gobierno de Trump, que California esté evitando que el Immigration and Customs Enforcement (ICE) capture y expulse a los inmigrantes del “estado dorado” mediante “leyes diseñadas para proteger a extranjeros criminales”.

Cada día los agentes de ICE están haciendo precisamente eso, las “ciudades santuario” como San Francisco, Los Angeles y San Diego incluidas. De hecho, para castigar a California, el gobierno de Trump está escalando allí  las deportaciones.

Demasiado para tratarse de un santuario. La barrera protectora de los inmigrantes sin papeles en California está hecha de algodón de azúcar.

O quizás de queso suizo. Después de todo, el proyecto de ley 54 en el Senado --también llamado el proyecto de ley para “el estado santuario”-- está lleno de agujeros. Son  lagunas que permiten lo de siempre. Las pusieron allí los congresistas demócratas para mitigar las preocupaciones del gobernador demócrata Jerry Brown de que el proyecto que se había escrito originalmente se excedió en la restricción de la cooperación entre la policía local y los agentes federales de inmigración.

Por ejemplo, si el nombre de algún inmigrante sin papeles aparece en órdenes de captura es mejor que no se acostumbre al sol de California. Es probable que no se quede. La ley, en efecto, ya permite mucha cooperación en lo que a ellos respecta.

La verdad acerca de estas leyes “santuarios” fraudulentas ha aflorado con lentitud.

Por eso tiene mucho valor la reciente decisión del juez distrital de EE.UU John A. Méndez. Este juez rechazó una solicitud del gobierno de Trump que pedía que California deje de evitar que las fuerzas de orden público cooperen con los agentes de inmigración. La administración argumentó delante del tribunal que la ley de California impide la aplicación de las políticas migratorias.

Tonterías, dijo Méndez, quien apuntó: “Negarse a ayudar no es lo mismo que impedir. Ponerse a un lado no se iguala a ser un obstáculo”.

Lo que Méndez comprendió, y que mucha gente pierde de vista, es que se supone que las policías local y estatal deben ser neutrales cuando su contraparte federal aplica la ley de inmigración. No deberían ni impedirlo, ni ayudar a que lo hagan. De hecho, no deberían inmiscuirse en esa línea de actuación.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, las jurisdicciones se volvieron demasiado acogedoras entre sí. Primero los agentes de ICE comenzaron a visitar las cárceles de los condados para pescar al azar, y sin órdenes de detención, a inmigrantes sin papeles. Muy pronto, cabalgaron en paralelo con los policías locales y tuvieron su propia mesa de trabajo en las salas de las brigadas. Abordaban a los sospechosos que habían traído a las comisarías por delitos menores y los detenían incluso antes de que los registraran y tomaran sus huellas digitales.

Hacía falta una realineación. Y eso es justamente lo que el SB 54 trató de hacer al poner algunas restricciones --aunque exiguas-- en el grado en el que las policías local y estatal podían ayudar a los agentes federales de inmigración a hacer su trabajo.

Bravo a Méndez por ser tajante con la política y ver lo que el SB 54 es en realidad --y también lo que no es.

Es una distracción inútil que despierta esperanzas para algunas e irritación para otros, una trampa puesta por los demócratas. Y los republicanos son lo suficientemente crédulos para caer en ellas.

No es un intento de bloquear al gobierno de Trump para que no aplique la ley de inmigración. “Los inmigrantes siguen siendo sujetos de expulsión”, escribió Méndez.

Como apuntó el juez, toda la ayuda que hasta ahora ofrecían las policías local y estatal era estrictamente voluntarias, un acto de cortesía profesional. Pueden retirarla en cualquier momento.

Todo este ejercicio de pretender ofrecer un santuario es inútil. El Tío Sam no obedece órdenes de las legislaturas estatales. Nunca lo ha hecho. Fíjate: La Guerra Civil.

Y no lo asustarán las declaraciones simbólicas pensadas para fomentar la narrativa de que el Partido Demócrata es más progresista en inmigración que el GOP.

La verdad es que los demócratas tienen un paquete mixto sobre inmigración al menos desde 1986. Ese año, ocho senadores y 61 representantes demócratas votaron contra la Ley de la Reforma y el Control Migratorio, que legalizó a cerca de tres millones de inmigrantes.

Cuando, en 2017, aprobaron el SB 54, con todas sus lagunas, los demócratas perpetraron un fraude masivo contra los californianos.

También engañaron a los indocumentados al hacerles pensar que podrían venir a California y vivir felices para siempre.

No tanto. Los inmigrantes sin papeles probablemente ya se dieron cuenta de que los estafaron, más o menos en esa época en la que los subieron a los autobuses de ICE con destino a la frontera de Estados Unidos con México. A muchos los separaron de sus familias.

Ya ves, cuando las llamadas “ley santuario” son, sobre todo, una simulación, el dolor que puede venir de haber creído en ellas es muy real.